En momentos de angustia, las hipérboles prosperan. La sensibilidad se encuentra a flor de piel y la exaltación de los ánimos se desboca. Así está sucediendo con los primeros compases de la vacunación contra la covid-19. Se ha pasado de infravalorar el gran éxito que supone el inicio de la vacunación en menos de un año a la obsesión con esa cuadrilla de oportunistas que, aun siendo escasos en número, ha roto el orden prefijado para inmunizarse.
De nuevo, la España de la picaresca ha emergido. Podemos hacernos cruces de que así sea en el caso concreto de las vacunas pero, enfrentados a la historia de este país, deberíamos haber alcanzado ya la inmunidad necesaria para considerar tal fraude como un nuevo eslabón de esa costumbre que tan escaso apego muestra hacia las normas del buen comportamiento cívico. Las influencias, el engaño y el abuso del poder, aunque sean a pequeña escala, siguen adheridas de facto al método carpetovetónico de coexistencia, por más que la Constitución afirme la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se inventan ardides y se buscan atajos para los más diversos propósitos: saltarse las listas de espera sanitaria, matricular al niño en el colegio deseado o cobrarle extras que anulan la gratuidad, saltarse el turno de las bolsas de trabajo, acortar los tiempos de las licencias públicas, acumular puntos en licitaciones y concursos, eludir el pago de las multas, escatimar alguna cantidad a Hacienda o acceder gratis a las plataformas televisivas de pago, entre otros ejemplos expresivos de una doble moral que exalta la virtud en público y se dedica a su erosión en privado.
Con todo, más que invertir toda la energía de la indignación en los que se saltan el orden de recepción de la vacuna, quizás convendría reservar parte para aplicarla a la conducta de las empresas farmacéuticas y los engranajes políticos que acompañan a sus decisiones. La reacción ante la pandemia también ha sido espectacular, sin duda, por parte de estas empresas; pero sería ingenuo pensar que todos los intereses existentes tras aquella respuesta corresponden a su natural e íntima aspiración de elevar la generosidad humana.
Las empresas farmacéuticas persiguen el beneficio porque ese es el fin primero de sus accionistas, alguno de los cuales ya fue noticia cuando vendió sus revalorizadas participaciones tras las primeras noticias sobre el curso científico de las vacunas. A la atracción que supone un medicamento que, idealmente, deberá llegar a más de 7.000 millones de personas y que aportará decenas de miles de millones de euros en ventas, se añade el incalculable valor del prestigio que, como empresas, alcanzarán aquellas que consigan las vacunas más eficientes frente a las diversas variantes del coronavirus. Un prestigio extensible a los científicos partícipes del éxito: los próximos Nobel de Medicina ya sobrevuelan sus centros de investigación.
A los anteriores intereses, -económicos y de reputación-, se añaden los geopolíticos. Podemos constatar que los grandes polos del poder mundial se han movilizado y establecido una indómita carrera a la búsqueda de la vacuna. Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea han formado parte del pelotón de vanguardia. Para ello, han premiado con fondos extraordinarios las investigaciones de determinadas empresas del sector, con las que han firmado, además, contratos millonarios de compra. No ha existido, como alternativa plausible, un ejercicio conjunto de acción adoptado en el marco del G20 o de otro foro de amplia representación internacional, que permitiera atribuir un rango de responsabilidad compartida al esfuerzo de cada país implicado: se ha optado por un maratón abierto que, a su vez, está constituyendo una muestra especialmente significativa de la desglobalización que se aproxima. Si la obtención de un bien tan preciado, como es la vacuna contra una pandemia mundial, ha conducido al arraigo de los intereses regionales en detrimento de una reacción de ambición global, es porque en la trastienda de los grandes centros políticos internacionales se cuece ya la guerra tecnológica.
Este escenario merece la inversión de una parte específica de esa reserva de indignación a la que antes se hacía referencia. Primero, porque la vacuna se empleará en los próximos meses como parte de un nuevo baile de posiciones encaminado a ganar espacios de influencia en los países menos desarrollados: éstos tendrán que sacrificar parte de su libertad de decisión para conseguir un precio asequible de la vacuna y de la ayuda necesaria para su distribución y aplicación. Segundo, porque todo lo que suponga el alejamiento entre los grandes países y el desfallecimiento de sus redes de colaboración, provocará efectos perniciosos sobre los fenómenos que, espontáneamente, se han configurado como mundiales. Entre ellos, el cambio climático, la aparición de futuras pandemias, las nuevas crisis financieras, las migraciones internacionales, el ritmo de avance de la ciencia y la difusión de las innovaciones tecnológicas.
De la reserva de indignación acaso quepa aplicar unas gotas finales a la Comisión Europea. Magnífico que encabezara una reacción unitaria para la adquisición de vacunas. Fatal que haya consentido que sus contratos con las empresas farmacéuticas se consideraran confidenciales y que este extremo llevara a la ocultación del número de dosis, precio y calendario de suministro. Unos contratos respaldados por centenares de millones de dinero público merecerían ser plenamente transparentes y, con mayor causa, cuando su finalidad es la obtención de un bien imprescindible para lograr una salud pública que ataje, sólo en España, la muerte de decenas de miles de personas y empobrecimientos económicos del orden del 11%. Para mayor escarnio, la seguridad de los pueblos difícilmente resiste la opacidad de unos contratos que facilitan la aplicación de precios discriminatorios, -el secreto permite que la empresa aplique a cada contratante un precio diferente-, y el escaqueo de información básica para que las autoridades sanitarias programen el ritmo de vacunación sin incertidumbres añadidas.
