MADRID (EFE). El sector de las viviendas turísticas reclama una regulación homogénea de su actividad, ya que actualmente se enfrenta a una legislación "dispar" que depende de cada comunidad autónoma e incluso de cada ayuntamiento desde los cambios legislativos de la Ley de Arrendamiento del 2012.
Fuentes del sector han indicado a EFE que cada comunidad autónoma puede legislar "como quiera", e incluso hay regiones que no lo hacen, pese a que, según un estudio de la plataforma HomeAway, los más de 100.000 alojamientos de este tipo que hay en España han generado 2.600 millones de euros en ingresos directos en los últimos dos años.
La preocupación sobre la regulación ha vuelto a la actualidad después de que el Ayuntamiento de Barcelona decidiera esta semana ordenar el cierre y sanciones a 256 viviendas de uso turístico ilegales, una medida que será recurrida por HomeAway y la más conocida Airbnb.
Los requisitos generalmente exigidos consisten en la inscripción de la vivienda en un registro de actividad turística y la presentación de una serie de documentos entre los que se encuentra la cédula de habitabilidad de la casa, el estado de la misma, la situación contractual (propia o en alquiler), el precio y los servicios que ofrece.
Navarra, Aragón, Cataluña, Canarias, Madrid y Andalucía ya han aprobado legislaciones para este sector, mientras que la Comunitat Valenciana, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León lo están estudiando, y País Vasco y Galicia esperan completar sus normativas este año.
Extremadura y Murcia ni siquiera contemplan elaborar una normativa para los pisos turísticos, y Baleares carece de una regulación específica.
La disparidad de criterios normativos que critican las plataformas de economía colaborativa de servicios turísticos han llegado en algunos casos hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En Madrid, las plataformas presentaron un recurso para evitar la imposibilidad de alquilar las viviendas por menos de cinco días, lo que fue aceptado por la CNMC.
El Ayuntamiento de Madrid considera que existe un problema con las miles de viviendas de las que no hay datos oficiales que, aprovechando las facilidades de las redes sociales y las plataformas tecnológicas, se ofrecen como supuestas viviendas turísticas sin cumplir los requisitos legales de las mismas.
Este consistorio estima que este tipo de viviendas podrían acoger a 10.000 personas simultáneamente en la capital y, por ello, aboga por la autorregulación, recomendando a las plataformas que expulsen a los propietarios que usen esas viviendas vacías como alquiler profesional encubierto.
En Canarias, las quejas vienen por la imposibilidad de alquilar estas viviendas en zonas turísticas.
La CNMC también destaca la peculiaridad de Baleares, donde a falta de una regulación específica no se permite el alquiler de pisos para uso turístico pero sí de viviendas independientes.
La regulación andaluza, aprobada en febrero, concede bastante flexibilidad pero impide que una misma persona tenga en alquiler más de dos viviendas en menos de 2 kilómetros cuadrados.
Por su parte, Cataluña cuenta con una legislación bastante flexible, aunque el Ayuntamiento de Barcelona vigile con "especial interés" este tipo de servicios, según las plataformas.
De hecho, el gobierno municipal ha multado a Airbnb y a HomeAway con sendas multas de 30.000 euros acusándolas de incluir en sus ofertas viviendas que actúan de una forma ilegal.
