CASTELLÓ. Nuevas noticias de inestabilidad en el sector cerámico. Otra compañía del ramo ha iniciado el proceso para entrar en concurso de acreedores con el que tratar de hacer frente a sus deudas. La firma Polits l'Alcalatén, con la sede en el municipio castellonense de l'Alcora, solicitó el concurso voluntario al juzgado de lo mercantil, que ha declarado la compañía en estado concursal.
Así se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de marzo, según el cual el juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón ha declarado en concurso voluntario y ordinario a la empresa de l'Alcora, especializada en el pulido y rectificado de piezas cerámicas. Con ello pretende encontrar una salida a la situación económica de la firma, que llegó a tener en 2021 (últimas cuentas depositadas) una facturación de casi cinco millones de euros.
El juzgado ha designado ya al administrador concursal y dio a la empresa un plazo de un mes desde su publicación en el BOE para comunicar los créditos al administrador y poder continuar así con el proceso, tal como consta en el edicto judicial publicado la pasada semana.
El auge del mercado del pulido y rectificado de cerámica no ha evitado el concurso de la compañía, fundada hace 23 años. Según las cuentas presentadas por la firma, llegó a ganar 215.000 euros en 2017, aunque la cifra fue descendiendo a 150.000 y 39.000 en los años siguientes pese a mantener el nivel de ventas entre los 2,7 y los 3,1 millones de euros.
Sin embargo, el aumento de los gastos financieros fueron comiéndose la facturación y el año del inicio de la pandemia (2020), tuvo un resultado negativo de 122.000 euros pese a alcanzar unos registros de ventas similares a los de ejercicios anteriores. Una situación que en 2021 cambió al dispararse las ventas hasta los 5 millones, si bien los gastos financieros siguieron creciendo.
Así las cosas, las deudas de la compañía han ido creciendo exponencialmente. De los pasivos de 2,7 millones de euros que presentaba en 2017 pasó a los 12,7 millones en 2020, año en que acometió una importante renovación de las instalaciones. El último ejercicio registrado presentó 12,1 millones de euros en deudas y fue el año con mayor deuda a corto plazo: 4,1 millones de euros. Todo ello ha llevado a que en 2023 haya iniciado el proceso voluntario de concurso de acreedores.
Tal es la situación, que la compañía, que contaba en 2021 con 22 empleados, ya habría encontrado arrendador de sus instalaciones, según ha podido saber este diario. También el nuevo inquilino habría solicitado al consistorio la licencia para desarrollar su actividad.
