VALÈNCIA. Casi dos meses después de la devastadora Dana, el municipio de Algemesí (Ribera Alta) todavía enfrenta las secuelas de una catástrofe que golpeó viviendas, comercios y la moral de sus vecinos. En este contexto, la Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí (ACSA), que aglutina a más de 200 asociados, ha criticado con dureza la gestión del Consorcio de Compensación de Seguros, al que acusan de "lentitud extrema" y de aplicar criterios que dificultan la recuperación de los afectados.
Gemma Carrasco, técnico de ACSA y propietaria de varios negocios en Algemesí, expresa a Valencia Plaza la frustración generalizada de los comerciantes en el municipio: "Llevamos 47 días esperando respuestas claras. Muchos seguimos sin recibir ni una valoración adecuada por parte los peritos. Las ayudas estatales y autonómicas, aunque han empezado a llegar, son insuficientes y vienen acompañadas de trabas que hacen casi imposible acceder a ellas".
La magnitud de las pérdidas en Algemesí es "descomunal". Desde ACSA, estiman que los daños superan los 20 millones de euros, una cifra que incluye desde infraestructuras afectadas hasta la inoperatividad de máquinas, mobiliario y productos en comercios locales. Según la agrupación, más del 98% de los negocios han tenido que cerrar de forma temporal durante el desastre y, de hecho, la mayoría no han podido retomar al completo su actividad debido a la falta de apoyo financiero.
"Las donaciones privadas han sido un salvavidas, pero no pueden reemplazar la responsabilidad que deberían asumir el Consorcio y las aseguradoras. Si no hubiéramos recibido ayudas como las de la Fundación Juan Roig, muchos comercios no habrían podido reabrir ni siquiera de forma parcial", explica Carrasco. Esta fundación donó 8.000 euros a cada afectado, una cantidad que se gestionó en apenas diez días. "El Consorcio no ha respondido con la misma celeridad, a pesar de que los comerciantes hemos cumplido con nuestras primas", denuncia a este diario.
En ese sentido, la respuesta por parte de esta entidad ha sido particularmente frustrante. Carrasco relata cómo algunos comerciantes han recibido expedientes duplicados y comunicaciones contradictorias, lo que ha retrasado todavía más las compensaciones. Además, según señalan desde ACSA, muchas valoraciones de los peritos no reflejan con fidelidad la magnitud de las pérdidas sufridas. "En mi caso, he tenido que asumir personalmente los costes de las reparaciones para poder reabrir. No es justo, ni sostenible", lamenta Carrasco.
La crisis llega en un momento crítico para el comercio local: la campaña navideña, una de las más importantes del año. Sin embargo, el panorama en Algemesí resulta desalentador. Muchos locales siguen parcialmente operativos o cerrados debido a la falta de ayudas, mientras que otros aún están en proceso de reconstrucción. En palabras de Carrasco, "no podremos recuperar lo perdido durante esta campaña, y la moral de los comerciantes está por los suelos".
Las ayudas estatales y autonómicas, que deberían haber servido como un soporte clave para la recuperación, han llegado de manera fragmentada y con criterios restrictivos que excluyen a muchos afectados. Según datos de la propia agrupación, de las 28.000 solicitudes presentadas en el municipio, solo 800 han sido atendidas hasta el momento. "Es desesperante. Para muchos, el proceso para acceder a estas ayudas es casi inalcanzable por la cantidad de requisitos y filtros burocráticos", denuncia Carrasco.
Desde ACSA, los comerciantes reclaman medidas inmediatas y contundentes. Consideran imprescindible que se aceleren las valoraciones de los peritos y que estas reflejen de forma justa los daños sufridos, sin recortes ni demoras injustificadas. Asimismo, insisten en que las indemnizaciones deben ser "suficientes para cubrir las pérdidas" y permitir a los afectados reanudar sus actividades sin verse obligados a endeudarse o depender exclusivamente de donaciones privadas.
Otra de las demandas clave radica en la simplificación de los procesos para acceder a las ayudas estatales y autonómicas. Los comerciantes exigen que se eliminen las barreras burocráticas que, en la actualidad, dificultan el acceso a estas ayudas, así como una mayor transparencia por parte de las entidades responsables.
Para Carrasco, la situación actual es insostenible: "No se puede justificar que, tras casi dos meses, haya tantas solicitudes pendientes y tan pocas respuestas efectivas. Esto no es un favor, es un derecho de los afectados". La agrupación también hace un llamamiento al Consorcio para que mejore su gestión y "asuma la responsabilidad que le corresponde". Los comerciantes recuerdan que han cumplido con sus obligaciones al pagar sus primas, por lo que esperan una actuación acorde a las necesidades que esta catástrofe ha generado.