FOTOS: INMA CABALLERVALÈNCIA. (EFE) El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy por unanimidad de todos los grupos parlamentario el dictamen de la subcomisión sobre la erradicación de la violencia machista, que recoge 186 medidas que deben regir las políticas del Consell en esta materia.
El informe ha sido elaborado por la subcomisión especial para la realización de un trabajo integral para la erradicación de las violencias de género en la Comunitat Valenciana y está previsto que sea remitido al Congreso de los Diputados y al Gobierno por si pudiera servir de referencia a nivel estatal.
Las conclusiones de este dictamen han sido elaboradas de forma consensuada entre todos los grupos parlamentarios tras un año de trabajo, y han sido presentadas hoy en el pleno por la presidenta de la comisión de Políticas de igualdad de género y del colectivo LGTBI, Llum Quiñonero (Podemos).
El dictamen recoge líneas de acción en los ámbitos de educación, salud pública, justicia, seguridad, laboral, juventud, medios de comunicación, redes sociales y tecnologías de la información y el conocimiento, servicios sociales, mujeres con diversidad funcional, el medio rural y mayores.
El informe también incluye el concepto de violencia machista y el de feminicidio, que se define como asesinato de una mujer por razón de su sexo.
La revisión del régimen de visitas y la retirada de la patria potestad a los maltratadores, la necesidad de más recursos en este ámbito, protocolos para hacer frente a casos de acoso o violencia en las escuelas o incluir cláusulas en la contratación pública para la inserción sociolaboral de las víctimas, son algunas de las propuestas.
En educación, se propone fomentar el aprendizaje en prevención de situaciones de conflicto vinculadas a comportamientos sexistas, la formación en violencia de género de los coordinadores de igualdad o contar con protocolos para hacer frente a casos de acoso o violencia.
En salud pública, se prevé difundir información sobre los recursos, la formación de profesionales de la salud y garantizar una detección precoz de las situaciones de violencia de género, entre otras actuaciones.
En el ámbito de la justicia, se insta al Gobierno a que prevalezca en todo momento el interés del menor en los derechos de custodia y visitas en los supuestos de ruptura de la convivencia de los padres en caso de violencia, y superar la vinculación entre denuncia y protección asistencial.
En el campo laboral, se pide mantener a las víctimas de violencia de género en los programas de fomento del empleo o crear uno específico, incluir cláusulas en la contratación pública para la inserción sociolaboral de las víctimas, y garantizar la inserción de las mujeres con inscripción preferente en las líneas de actuación del Servef.
