VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts buscan la fórmula para resolver el dilema laboral que tienen sobre la mesa: cumplir con un acuerdo que ellos mismos sellaron y que obliga a que cuando termine la legislatura todas las formaciones despidan a sus trabajadores y les abonen las indemnizaciones correspondientes. 

Un pacto que se ha convertido ahora en un problema porque no contaban con fondos suficientes para hacer frente a este gasto. De momento, la solución que ahora mismo se encuentra sobre la mesa para poder salir airosos del brete en el que se encuentran pasa por aumentar el presupuesto de Les Corts del año que viene, de manera que el Parlamento aumente a su vez también la subvención que aporta a cada grupo parlamentario. 

Para que esto ocurra, previamente, cada formación tendrá que hacer cálculos y determinar la cuantía de dinero que le supondrá despedir al personal que tiene a su cargo. Número de periodistas, asesores parlamentarios, personal de administración... todo aquel que se encuentre en nómina y goce de un contrato laboral suscrito con el grupo. Una vez hayan echado cuentas, tendrán que trasladar a la Mesa de Les Corts lo que supondría para sus arcas indemnizarles con fecha de disolución de la Cámara, que será a finales de marzo de 2023.  

Con estos cálculos y en caso de que haya unanimidad, el Parlamento elaboraría sus cuentas para el próximo ejercicio teniendo en cuenta cuánto necesita incrementar el Presupuesto para poder liquidar los contratos con todas las garantías. Y, una vez se zanjara todo el periplo laboral, a partir de las elecciones los fichajes que quiera hacer cada formación se harían a través de Les Corts, pues la intención es que los trabajadores pasen a ser personal eventual en la próxima legislatura como ya ocurre en el Congreso de los Diputados. 

Con este pacto, además, se sortearía la disyuntiva de la posible sucesión de empresas porque ya no serían los grupos parlamentarios los que contratasen al personal, sino Les Corts. El apaño, eso sí, todavía se debe poner sobre el papel, pues todas las formaciones están de acuerdo con el grueso de la medida pero para curarse en salud el grupo parlamentario Vox ha solicitado informes económicos y legales a la Cámara que certifiquen que lo que se traen entre manos (y a escondidas) sus señorías es viable y no va a tener repercusiones de ningún tipo. 

Asimismo, en caso de acordarse así, la Cámara debería fijar previamente un "techo de gasto" al que podría optar cada formación de manera que cuando las cuentas sean trasladadas a la Conselleria de Hacienda, esta pueda dar el visto bueno. 

Un acuerdo de mitad de legislatura

Para ubicarse en este asunto, cabe recordar que en diciembre de 2021 todos los partidos acordaron que los grupos parlamentarios se constituirían al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen". Éstos "se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran. 

El convenio añadía que cuando finalizase la legislatura los contratos laborales que suscribieran los grupos también se extinguirían y los trabajadores deberían percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo". Un dinero que deberá extraerse de una "provisión" que cada grupo deberá hacer y que será de 12 a 20 días por año trabajado.