VALÈNCIA. (EP) Los grupos de Les Corts han postergado la decisión sobre el estatus de los cuatro diputados tránsfugas de Ciudadanos y el propio grupo a la espera de recibir informes técnicos que aclaren la situación en que deben quedar. Una de las diferencias con la anterior legislatura --cuando otros cuatro diputados de Cs pasaron al mixto-- es la actualización del Pacto Antitransfuguismo a nivel estatal en noviembre de 2020.
Así lo han explicado los portavoces de los grupos: el PP ha pedido un informe jurídico antes de firmar ningún acuerdo; Vox también ha solicitado uno para que no quepa "algún tipo de recurso" ante la decisión; el PSPV ha remarcado el "cambio significativo" del Pacto Antitransfuguismo; Compromís tiene dudas en cuanto a las cuestiones económicas y pide un acuerdo político y Unides Podem ha instado a evitar el transfuguismo porque "es lo peor que puede pasar".
El grupo afectado por este abandono, Ciudadanos, se ha mostrado partidario de que "se cumpla el espíritu de la propuesta antitransfuguismo aprobada en Les Corts", y han planteado que "es necesario luchar contra este tipo de corrupción y ser coherentes con los acuerdos parlamentarios".
Para su síndica, Ruth Merino, "los tránsfugas no pueden tener privilegios, más allá de sus derechos parlamentarios recogidos por la Constitución", porque mantener unos privilegios a los tránsfugas "por costumbre" supone "dar alas a este tipo de corrupción y tirar por tierra los acuerdos alcanzados en Les Corts".
Así, ha insistido en que la Junta de Síndics no ha llegado a ningún acuerdo, "a la espera de nuevos informes para conseguir el equilibrio entre el cumplimiento del reglamento y el cumplimiento del pacto antitransfuguismo que indica que los grupos políticos no sufrirán menoscabo de sus derechos por la pérdida de integrantes por transfuguismo".
Precisamente este pacto, actualizado en noviembre del año pasado, refuerza el criterio de que "la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular". "Las personas no adscritas no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente", reza el texto.
"Por tanto, los grupos políticos no sufrirán menoscabo de dichos derechos por la pérdida de integrantes por transfuguismo, manteniendo, a efectos de su determinación, los correspondientes a su resultado electoral", agrega.
Por otra parte, la resolución aprobada en Corts en abril de este año apunta que las personas transfugas no adscritas "no pueden mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las comisiones de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo ni beneficiar a la persona no adscrita más de lo que suponía su situación anterior".
Los distintos grupos han mostrado dudas respecto a la adaptación a esta nueva situación. El PSPV ha abogado porque el grupo de origen "no vea mermada su capacidad económica" mientras que a los tránsfugas "no se les dé más de lo que corresponda".
El síndic, Manolo Mata, también ha apuntado la problemática en las Comisiones, donde se ha mostrado partidario de que los tránsfugas puedan asistir pero manteniendo los dos diputados que corresponden a Cs y sin tocar la mayoría "botánica".
Desde el PP, la nueva síndica, Eva Ortiz, ha incidido en que su grupo votará "en función a ese informe", debido al "calado de las decisiones que hay que tomar". Por ello, ha pedido a los letrados que pongan "negro sobre blanco" las obligaciones y derechos de los tránsfugas y de los que se quedan.
Por su parte, Compromís ha mostrado sus dudas sobre la cuestión económica. De hecho, su portavoz adjunta, Aitana Mas, ha argumentado que el hecho de que Ciudadanos pueda mantener las condiciones económicas actuales "sienta un precedente" para que "algunos grupos en el futuro puedan creer que es una buena vía tener una escisión para tener más recursos económicos".
En este sentido, Mas ha incidido en "penalizar el transfuguismo" y ha pedido ser más "contundentes al respecto". Respecto a los tránsfugas, ha indicado que ahora mismo rige el acuerdo transitorio adoptado en la pasada Junta por lo que considera que sus derechos están "cubiertos".
La síndica de Vox, Ana Vega, ha apuntado que no quieren "contravenir legislación" con la decisión y ha indicado que "una cosa es la costumbre parlamentaria y otra las leyes". Respecto a la asignación, entienden que "si el acta es personalísima, la asignación también lo es".
Por ello, ha incidido en tomar una decisión al respecto "sin querer perjudicar los intereses de Ciudadanos ni beneficiar a unos tránsfugas", y ha pedido evitar que "luego no se le pueda poner la cara colorada a la institución en los tribunales".
Desde Unides Podem, la síndica adjunta, Estefanía Blanes, ha pedido respetar la propuesta aprobada hace unas semanas y ha considerado que el grupo parlamentario "no tiene que perder los derechos como grupo", sino que "han de ser los tránsfugas". No obstante, "en estos momentos, el reglamento no lo contempla así", aunque se está haciendo una modificación.
Por su parte, la síndica, Pilar Lima ha abogado porque los tránsfugas "no tengan todos los privilegios" y ha lamentado que el transfuguismo "no lo podemos evitar" ya que "en todos los ámbitos hay personas leales y desleales".