Corts Valencianes. Foto: CORTSVALÈNCIA. Les Corts Valencianes votarán en el pleno de la semana que viene la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Una norma para la que la Mesa de la cámara ha optado por recurrir al voto ponderado para su validación para sortear las dificultades técnicas que tiene el voto telemático a la hora de que los diputados se posicionen en las enmiendas transaccionales. Es decir, las que pueden surgir en el transcurso del debate.
De esta manera, serán únicamente los portavoces de cada grupo parlamentario los que voten la norma y sus votos tendrán el mismo "peso" como representación tengan sus formaciones en el pleno de la cámara. O lo que es lo mismo, los síndics votarán por ellos mismos y por sus grupos como hacen en cada Junta de Portavoces. Así, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, votará por los 27 diputados socialistas; el síndic de Compromís, Fran Ferri, por los 17 de la coalición; el de síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, por los 18 diputados de Cs; la portavoz del PPCV, Isabel Bonig, votará por los 19 parlamentarios que tiene el Partido Popular; Naiara Davó hará lo mismo con los ocho parlamentarios que tiene Unides Podem; y Ana Vega, representará a los 10 diputados que tiene Vox.
Un formato de votación que será la primera vez que se aplique en Les Corts y al que la Junta de Síndics dio luz verde la semana pasada a través de una resolución. Este escrito contemplaba que "si la Mesa entendiera que la complejidad de una votación en concreto dificulta la emisión del voto a distancia en la misma podrá optar por aplicar el voto ponderado para ese concreto punto del orden del día".
Una circunstancia que la Mesa, amparada por los servicios jurídicos de la cámara, entendió que se producía con la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana por las posibles enmiendas transaccionales que pudieran surgir. Es decir, la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts aprobó el pasado mes de febrero una serie de enmiendas a este proyecto de ley del Consell que actualiza la normativa de 1988 y que va dirigida a poner freno al auge de la ludopatía en la autonomía. Las modificaciones ya aprobadas no deberán votarse en pleno, pero las que fueron rechazadas en comisión sí tendrán que volver a debatirse.
Ante este escenario, existen algunas de estas enmiendas sobre las que se podría llegar a un acuerdo durante el transcurso del debate. En concreto, el PSPV tiene intención de negociar con Ciudadanos un texto intermedio sobre dos enmiendas que presentaron los naranjas. Pero esa negociación se debe producir a lo largo del pleno y, por tanto, el texto definitivo se conocerá en el propio pleno.
¿Cuál es el problema? Que actualmente los diputados votan de forma telemática porque tan solo pueden asistir al hemiciclo 23 parlamentarios -de los 99 que tiene la cámara- para guardar las distancias de seguridad. La manera de trasladar el sentido del voto es mediante un correo electrónico. Es decir, antes de la votación, los parlamentarios que no están presentes en el hemiciclo envían un correo electrónico a la Mesa de Les Corts, que es la encargada de verificar los posicionamientos de cada uno.
Sin embargo, los diputados pueden enviar correos con antelación si conocen el contenido de las enmiendas. Pero las transaccionales, al tratarse de modificaciones legales planteadas sin antelación, dificultan todo este proceso, ya que obligaría a que los diputados presentes en Les Corts informaran a todos los diputados de sus grupos parlamentarios de los cambios realizados para que los parlamentarios que están en sus casas pudieran posicionarse y, a continuación, enviar un correo a la Mesa de la cámara. Y paralizar el pleno para recibir los correos individuales de prácticamente tres cuartas partes del Parlamento (76 diputados) dificultaría el debate en exceso.
Una de las transaccionales que deberán pactar los grupos es la exposición de motivos, ya que la normativa ha cambiado en exceso desde que inició su trámite parlamentario. Sin embargo, los cambios más significativos que experimentará la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana ya se aprobaron en febrero y no deberán volver a debatirse. Sólo se discutirán las enmiendas que no se validaron entonces en comisión. Las enmiendas aprobadas en febrero afectaban a cuatro aspectos fundamentales:
-Distancia a los colegios. Uno de los principales acuerdos alcanzados por el tripartito es el que se refiere a la distancia mínima que deben respetar los nuevos salones de juego respecto a los centros escolares o centros de salud. Socialistas, valencianistas y morados aprobaron en la comisión antes de que estallara la pandemia que el espacio que deberán respetar los operadores es de 850 metros, tal y como anunciaron semanas antes. Ahora bien, con un matiz significativo: el método para medir esta distancia no será radial, sino de dominio público -es decir, por trayecto peatonal-, con lo que se reduce considerablemente el espacio afectado por esta nueva cláusula.
-Licencias. Una vez se apruebe la ley, esta parte del articulado no solo afectará a locales de nueva apertura, también a los salones ya operativos una vez caduquen sus licencias. Es decir, aquellas casas de apuestas que ya se encuentren en funcionamiento porque obtuvieron la licencia de apertura y actividad con la ley actualmente en vigor de 1988, podrán seguir operando hasta que finalice su permiso. Pero una vez venza, si desean renovar la licencia, deberán cumplir lo que dice la nueva normativa. O lo que es lo mismo, si se encuentran a una distancia inferior a la que marque la nueva legislación, tendrán que traspasar el local.
-Excepciones. El tripartito eximirá de cumplir este trecho de 850 metros a los colegios a los casinos y bingos. En el primer caso, explicaron en su día que tenían una serie de controles muy estrictos de acceso y no era un tipo de negocio al que solieran tratar de entrar menores. Respecto al segundo, consideraban que ya contaban per se con una baja afluencia de público. Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta esta distancia en el caso de las tragaperras de los locales de hostelería.
-Publicidad. En un principio, Compromís había propuesto prohibir la publicidad institucional de la Generalitat en los medios que incluyeran anuncios de apuestas entre sus páginas. El PSPV, por su parte, puso encima de la mesa la posibilidad de que la Generalitat otorgara "ayudas, subvenciones y/o incentivos fiscales para clubes deportivos y medios de comunicación (especialmente online) que rechacen financiarse a través de publicidad vinculada con el juego con los operadores de juego". Ninguna de estas finalmente se llevó a la comisión. Las pretensiones fueron rebajadas sustancialmente: el tripartito aprobó una enmienda que establecía simplemente que la Generalitat concedería subvenciones a aquellos medios de comunicación y clubes deportivos que hicieran campañas contra la ludopatía.
Por el momento, desde el grupo parlamentario Ciudadanos aseguran que votarán en contra a la ley. Antes de que se declarara el estado de alarma el partido naranja estaba a favor de este proyecto legislativo, sin embargo, esta semana solicitó que no se recuperara la tramitación de esta norma porque en este momento no consideraban que fuera una ley que necesitaran los valencianos, según la diputada Ruth Merino.
De hecho, el grupo llegó a solicitar al Consell que retirara la ley. Una solicitud que se produjo tras las quejas de la patronal del juego, que pidió a la Generalitat que aplazara la validación de la ley hasta que la economía volviera a registrar datos positivos y el empleo recuperara la senda del crecimiento.
