VALÈNCIA. Aniversario infeliz. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) cumple este sábado 365 días a medio hacer: la mitad del órgano sigue sin renovarse un año después de entrar en funciones a cuenta de los numerosos desencuentros y desacuerdos que fueron sumando los grupos parlamentarios el pasado curso político. Una efeméride de la que pocos diputados se enorgullecen y que pretenden tachar como tarea pendiente de sus agendas, aunque haya quienes en los pasillos de Les Corts se pregunten en voz alta: "¿A quién le interesa el Consell Jurídic?"
El CJC es uno de las instituciones integrantes de la Generalitat, según el Estatut, y es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica. Todos los proyectos de ley que entran en Les Corts deben ser previamente revisadas por el CJC, que emite al respecto un informe jurídico no vinculante.
Todo comienza un viernes 2 de septiembre de 2016. Aún con la fecha marcada en el calendario por sus señorías unos meses antes de iniciarse las vacaciones estivales y, por tanto, la previsión hecha, los grupos parlamentarios se relajaron para abordar este tema. La negociación para aprobar la ley de la nueva RTVV -que vio la luz en julio- y el bloqueo y enfrentamientos por postular a Josep López para que estuviera al frente de la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), crisparon los ánimos de un parlamento multicolor en el que ninguna fuerza política goza de una mayoría para imponerse sobre nadie. Esto retrasó las negociaciones para reestructurar el organismo.
Con Les Corts viendo como se les agolpaba el trabajo pendiente -por ejemplo, tampoco habían elegido aún la alineación de los diez miembros del Consejo Rector de la CVMC una vez agotado el período de descanso-, el Consell no dejó que a ellos les pasara lo mismo. Renovó a tres candidatos; justo lo que la normativa que define su composición marca que le corresponde al Ejecutivo de turno.
La foto de aquel 25 de octubre con el president de la Generalitat, Ximo Puig, rodeado de tres nuevos rostros -Margarita Soler Sánchez, Asunción Ventura Franch y Faustino de Urquía Gómez serían los nuevos juristas del órgano consultivo-, se convirtió en otra piedra en el zapato entre el bipartito y Podemos, que se sentía desplazado de aquella renovación. Los gestos, en política a veces lo son todo, y aquel no agradó nada al partido que ofreció las abstenciones justas en 2015 para que el recién renombrado secretario general de los socialistas valencianos fuera investido jefe del Consell. El líder morado por aquel entonces, un Antonio Montiel precongresual, avisaba con más dureza de su tono habitual -como ya lo hizo en el Debate de Política General ante las exigencias de las bases a las que representaba- que el Pacto del Botánico no había sido un cheque en blanco.
Aunque el malestar de Podemos fuese el más significativo, no fue el único. La indignación por la forma y rapidez con la que el Consell designó a los tres miembros que le correspondía de los seis que lo conforman, reinaba entre los partidos de la oposición. Así, Ciudadanos y PP barrían hacia casa dejando a los morados fuera de esta tertulia y hacían 'pinza' al señalar que lo razonable sería que los miembros restantes que quedaban en funciones fuesen sustituidos por los partidos de la oposición. Es decir, por ellos.
Hizo falta una Junta de Síndics y alguna que otra reunión en los despachos del edificio de grupos para acordar que los tres nombres por fijar fuesen a propuesta de los tres grupos que no se encuentran en el Consell. Una propuesta de PSPV y Compromís, que decían sentirse representados y satisfechos con Soler, Ventura y Urquía. Eso sí, los nombres que propusieran debían generar consenso entre todos los grupos.
No obstante, la predisposición para llegar a un acuerdo parecía un imposible. El PP se quería cobrar la factura de la oposición del partido morado a votar a la candidata de los populares Maite Fernández como consejera de la nueva RTVV. Una candidata que habría salido electa de no haber sido por la espantada del PPCV en aquel pleno de Les Corts, ya que los 13 votos de los podemitas en absoluto resultaban necesarios para obtener los tres quintos requeridos. "Cuestión de dignidad", justificaron en su momento desde el partido que lidera Isabel Bonig para que público, periodistas y diputados de otros grupos que sí iban a apoyar a su candidata entendieran tal maniobra.
Con los populares negándose en rotundo a respaldar al candidato de Podemos para el CJC, Rubén Martínez Dalmau, por su pasado en la Fundación CEPS, el bloqueo continuaba siendo el enemigo a derrotar. Y todo, con el calendario marcando que ya habían pasado dos meses.
Por si fuera poco, el expresidente del órgano, Vicente Garrido, ligado al PPCV a través del expresident de la Generalitat Francisco Camps, echaba más leña al fuego advirtiendo, previamente a comparecer en la comisión para una posible reforma del Estatut de Autonomía, sobre la "irregularidad" de haber renovado el órgano de manera parcial.
En Ciudadanos, mientras tanto, tampoco marchaba la cosa mucho mejor. La oposición interna al entonces síndic Alexis Marí se materializaba en el intento por tumbar al candidato que desde el principio él había propuesto y que en una reunión de dirección del grupo parlamentario resultó electo. Con la lupa puesta en el bloqueo del PP que no permitía avanzar el proceso de renovación, Ciudadanos desmontó aquella 'pinza' y lanzó un ultimátum a Bonig: el PP se quedaría solo en el veto a Dalmau. Y si no cedían ni un ápice, los naranjas no votarían tampoco a Enrique Fliquete, la apuesta de los populares para el órgano.
Dos meses se mantuvieron las fichas en el tablero en la misma posición. Tanto tiempo resultó que incluso a Podemos le dio tiempo a plantear una modificación de la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que los seis miembros electos del órgano consultivo fuesen designados por el parlamento valenciano –hasta ahora la mitad los elegía el Ejecutivo valenciano–. Otra factura a cuenta de la espinita clavada que arrastraban desde el 25 de octubre.
Y finalmente, cuando ya parecía que los grupos comenzaban a entenderse, que por fin el órgano tras seis meses en funciones iba a renovarse, la votación de los candidatos cayó del orden del pleno. El PSPV se había dado cuenta que la renovación era irregular al incumplir el artículo 178.1 del Reglamento de Les Corts, que obligaba a una sustitución paritaria, y todos los candidatos eran hombres.
Nadie se acordaba de la reforma de la normativa de la Cámara que acometieron los grupos al principio de esta legislatura para corregir la desigualdad de género en la mesa de las Corts, copada por hombres: Francesc Colomer (PSPV), Enric Morera (Compromís), Alejandro Font de Mora (PP), Emilio Argüeso (Ciudadanos) y Marc Pallarés (Podemos).
Este contratiempo hizo que la reforma del CJC durmiera el sueño de los justos unos meses más. Y más con los partidos inmersos en procesos internos: el Congreso nacional de Ciudadanos tuvo lugar en febrero; igual que el Vistalegre estatal de Podemos, que vino seguido del autonómico en mayo. Y el PSPV tuvo que hacer frente en julio a su Congreso Nacional para el que a Ximo Puig le surgió oposición. Con ello, nadie se sentó con nadie a negociar. Hasta a día de hoy.
Superados los reequilibrios orgánicos y con las direcciones de Ciudadanos y Podemos renovadas, los naranjas han cambiado al candidato por el que apostó Marí. Una maniobra que, si por una parte ha servido para hacer borrón y cuenta nueva de la etapa anterior y culminar su venganza a los ahora diputados no adscritos, por otra sería suficiente para desbloquear la elección. O tal vez no... En PSPV y Compromís no ha sentado nada bien que tal cambio se haya realizado sin ser consensuado previamente. La renovación todavía puede retrasarse todavía más y con el reloj marcando el tiempo de descuento después de este aniversario sin reforma. Les Corts soplan las velas con un único deseo: desencallar un ente jurídico que ya ha molestado en diversas ocasiones al Consell.
