VALENCIA. El pleno de Les Corts ha rechazado hoy una iniciativa del PP para instar al Consell a no interferir en la independencia de actuación de la Abogacía e Intervención de la Generalitat y reducir el número de puestos de trabajo de libre designación.
La iniciativa, que ha sido respaldada por Ciudadanos, reclamaba la adopción de medidas que garanticen el acceso libre a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y garantizar que los procesos de promoción interna no supongan una ventaja con respecto al acceso libre.
También pedía reconocer la labor de los empleados públicos de la Generalitat "que día a día sirven con objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalidad los intereses generales de la administración autonómica".
Además, pedía censurar y rechazar unas declaraciones de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sobre los abogados e interventores de la Generalitat y los jefes de servicio e instaba al Consell a manifestar públicamente la disconformidad con dichas declaraciones.
La diputada del PP María José Sansegundo ha denunciado que la consellera acusara a los interventores, a la Abogacía y a muchos jefes de servicio de haber mirado a otro lado y de estar ahora "para entorpecer", en lugar de controlar o asesorar.
Para Sansegundo, este tipo de declaraciones no son propias de un miembro del Gobierno valenciano pero son "imperdonables" viniendo de una fiscal, y ha advertido de que los populares seguirán denunciado este tipo de "presiones" y el "ejercicio de poder a golpe de rabieta" que practica el Consell.
La socialista Rosa Peris, quien ha recordado que la consellera aclaró, matizó y rectificó sus declaraciones, ha criticado que esté pidiendo su reprobación el mismo partido que votó "en contra de reprobar a un conseller condenado", en referencia a Rafael Blasco.
Peris ha considerado que el PP no tiene "ni autoridad ni credibilidad" para presentar este tipo de iniciativas, cuando no han respetado el trabajo de los funcionarios públicos, ni de la Abogacía ni la Intervención", y les ha pedido que tengan "vergüenza".
El diputado de Compromís Paco García Latorre ha asegurado que la iniciativa "no tiene sentido" y es "oportunista", ya que no tiene en cuenta toda la realidad, no aporta mejoras en la normativa de acceso a la función, no defiende a los trabajadores públicos y busca el enfrentamiento".
Latorre ha defendido el trabajo del Consell en favor de los trabajadores públicos, frente a las "prácticas mafiosas" usadas por el PP, y ha destacado que mientras antes se aplicaba "la política del miedo, ahora hay política de transparencia".
Antonio Subiela, de Ciudadanos, ha denunciado la "ausencia de cualquier atisbo de regeneración" por parte de un Consell que "pretende silenciar aquello que le fiscaliza", pero también ha dicho no creerse al PP cuando "habla de independencia, mérito y capacidad".
Desde Podemos, Cristina Cabedo ha considerado que la efectiva independencia en la acción de los empleados públicos se logra, su juicio, viendo lo hecho por los gobiernos del PP y haciendo lo contrario.
