Lo público y el capricho

En toda parcela en la que las administraciones públicas tienen capacidad de intervención aún se cometen tropelías. O se financian favores. Se gasta todavía sin excesivo criterio. Continúan pagos de complacencia y lealtad. Es lo normal, consideran. “Es mi turno”, comentan algunos sin pudor. Vale, ahora un poco menos por cuestiones de imagen, aunque simplemente, se efectúa de otra forma.

Hay mucho vividor/mosca en torno al mundo político y su panal de rica miel. Vivir del entorno político es sencillo. Y más, entre cachorros. Observen. De profesión, ponen en sus redes sociales: político/a con lo que garantizan estela de poder y supuesta notoriedad.

Les gusta ya a todos ellos, además, “sugerir” al gestor de turno. Lo hacen guiados simplemente por gustos personales. Por ejemplo, conciertos, artistas afines, libros con los que contentar, artistas a los que imprimir obras de arte o incluso comprárselas y, de paso, exponerlas en espacios públicos con todo lujo. Pero ¿bajo qué criterios reales, estéticos, formales u objetivos?

Durante años, lustros, décadas y hasta hoy en día, nuestras instituciones están decididas a llevar un tren de vida más que cuestionable y ocupan una parcela de lo privado que no les corresponde.

Está muy bien que À Punt reanime el sector audiovisual, pero no por ello ha de ser la financiera de las productoras bajo el discurso de la necesidad e importancia de contar con una industria sólida que genere empleo, aunque pague como paga. Además, no será libre concurrencia.  

O el sector teatral, por poner otro ejemplo, en el que el reparto de la subvención continúa a la orden del día. Es una forma de acercar o comprar voluntades, como se dice en el argot. En ese submundo existen auténticos privilegiados y hasta grandes profesionales de lo público. Vivimos una política del pasado. La creatividad hay que salir a buscarla. Y es enorme. No está en lo de siempre, en aquellos que han cumplido ciclo pero sirven para aplaudir y arropar en momentos claves. Así no existirá nunca avance y menos renovación.

Pero además, que me digan cuántas producciones teatrales, conciertos, espectáculos o representaciones operísticas financiadas con nuestros impuestos se encuentran recopiladas o se guardan para su difusión en los archivos de la extinta Canal 9 o ahora À Punt. Nos quedamos en la anécdota.

Gastamos millones y millones y millones en producciones culturales que pasan por un escenario, pero simplemente quedan en la memoria de los asistentes puntuales. Sin embargo, no existe mucho archivo de ese patrimonio, como tampoco grabaciones a disposición de los espectadores ofrecidos, por ejemplo, por las tres orquestas públicas que tenemos en esta autonomía y en las que se nos va un pico. Todo un lujo.  

¿Con todo ello no tendríamos un buen paquete de horas para dejar de escuchar los lamentos de una televisión autonómica que sólo pide más y más sin ofrecer resultados tangibles, o al menos útiles para cubrir su programación, cuando gasta en proyectos cuestionables que no levantan audiencia y  recurre a programas de la extinta Canal 9 para intentar ganarla? Es una contradicción.

Podríamos estar hablando de servicio público. De no ser así lo público desaparece o no existe, no queda memoria, hechos, pruebas de nuestra inversión personal o disfrute social para aquellos a los que acceder a un teatro o un palacio de música es imposible por economía, tiempo o distancia. Se supone que los servicios públicos están para garantizar demandas y crecimiento, económico y cultural en este caso concreto.

Soy asiduo de librerías de lance. Algunas de ellas están repletas de libros editados por nuestras instituciones que se venden a precio de saldo. Ediciones de lujo que se amontonan en pilas a precios irrisorios frente a  su coste de impresión. ¿Quién se encargaba o se encarga actualmente de valorar su edición con tanta alegría para acabar de saldo y amontonadas? ¿Es que nadie controla al supuesto controlador?

El colmo de estos colmos me lo encontré hace unos días. Interminables ejemplares editados por esa Bancaixa que acabó arruinada por una gestión nefasta -esta es una de esas pruebas- que para mi sorpresa se vendían y venden con una tarjeta personal encartada bajo un precinto de plástico de su antiguo Presidente, José Luis Olivas, uno de los causantes de su fracaso. Como si él fuera el editor que los ha puesto de su bolsillo para hacer realidad tanto libro de papel couché que ahora hay que quitarse de encima, pero con el que obsequiaba a quien deseaba la comandancia de turno. Como si fuera un mecenas florentino de buen gusto y gran criterio.

Gracias a una de esas visitas descubrí, por ejemplo, que la entidad realizó en 2006 una tirada especial de una carpeta de grabados de Laborde, publicada con todo lujo de detalle, a gran tamaño y de mucha calidad. Fue editada con motivo de la visita de una infanta a Valencia, como indica su introducción. Así, con desparpajo. Al menos, pude acceder a un ejemplar por apenas seis euros de los miles y miles que debió de costar su edición limitada, esa de regalo pasajero y gesto cortesano financiada con nuestros ahorros.

Parece ser que, en esto de los libros y las ediciones públicas, después de todo, aún no hemos aprendido lo suficiente y nuestras instituciones siguen siendo auténticas editoriales caprichosas o al servicio del gobernante correspondiente, aunque después los ejemplares no gocen de la promoción y difusión necesaria. Y además sin ponerse de acuerdo: cada uno, a lo suyo.

No salimos del disparate por mucho cuento que nos cuenten. Multiplicamos gasto sin reparar en él y agrandando el agujero económico del capricho, la falsa necesidad y la amistad. Estamos como para fiarnos cuando se confirman casos como el de Divalterra como agencia de colocación política, aquella a la que se facturaban comilonas y altos sueldos.

Hay aspectos que no han cambiado. Los modelos se repiten. Sólo nos faltaba pagar hasta sus campañas electorales. Y aún nos hablan de transparencia y austeridad. La nuestra, por supuesto.