López Abad defiende la elección de miembros de la CAM y niega que dieran un préstamo ventajoso a Zaplana

VALÈNCIA. El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso Erial. En su interrogatorio ha defendido la elección de miembros de la entidad durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat. Había, ha destacado, un proceso "absolutamente reglado" que venía recogido en las leyes. 

Del consejo de administración formó parte Francisco Grau, considerado como cerebro financiero de la trama de Erial y asesor de Zaplana. Primero entró a propuesta del Ayuntamiento de Alicante y posteriormente a propuesta de la Generalitat. Según López Abad, tuvo una participación activa, no pasiva, mientras ocupó el cago. "Era una persona versada en economía, era auditor. Su actuación nunca se rigió por interés político o personal. Estaba recogido en la ley cómo debían actuar los consejeros", ha señalado.

El exdirector general de la CAM ha negado que Grau fuera representante de la entidad en el consejo de Terra Mítica. Igualmente, ha asegurado que la CAM nunca le dio un préstamo en condiciones ventajosas al señor Zaplana, tal como sostiene la Fiscalía. "Se siguió el procedimiento establecido y las condiciones fueron francas y justificadas", ha zanjado López Abad. 

El préstamo de la entidad al exministro que figura en la causa de Erial es el relativo al que le concedió para la adquisición de un lujoso piso para él y su esposa en el Paseo de la Castellana de Madrid. 

En la sesión de este martes también ha declarado como testigo el exdirector de Bancaja Aurelio Izquierdo, al igual que otros responsables de Iberdrola, por toda la operación vinculada a la venta de Proyectos Eólicos Valencianos SA (Pevsa), la sociedad que resultó adjudicataria de las zonas 5, 6 y 11 del Plan Eólico de la Comunitat. Cabe recordar que la causa apunta a que esa adjudicación fue amañada y que la trama que presuntamente lideró Zaplana obtuvo de ella mordidas, al igual que de la concesión de las ITV, que posteriormente desvió al extranjero. 

Pevsa, impulsada inicialmente por Endesa (55%) Sedesa (25%) y Bancaja (20%) y posteriormente adquirida al 100% por Endesa Cogeneración y Renovables SL (ECyR), vendió los parques que había construido en las zonas 6 y 11 a Corporación Acciona Eólica SL. Lo hizo en 2009, solo seis años después de la adjudicación formalizada en 2003, y obtuvo una jugosa ganancia. La plusvalía generada por la venta de dichos parques llegó a ser de 104,17 millones de euros.

La operación resultó muy rentable, pues la inversión realizada para impulsar las zonas eólicas se cifró inicialmente en 450 millones de euros. Tomando esta cantidad como punto de partida, el margen que habría obtenido Endesa al lograr la plusvalía de 104 millones sería de más del 20% de la inversión realizada.

Sedesa pertenecía a la familia Cotino, y en aquel momento era presidente de Bancaja José Luis Olivas –también expresidente de la Generalitat–, además de consejero de Iberdrola. Inicialmente, en la operación, Iberdrola presentó oferta, aunque al final no compró y fue Endesa quien, ejerciendo su derecho de compra preferente, se quedó los títulos. Algo que fue planificado desde el principio con el objetivo de subir de precio las acciones.

Aurelio Izquierdo ha defendido que todo ello fue regular. "Teníamos interés en vender la participación de Bancaja en Pevsa. Iniciamos un proceso de desinversiones y una de las que hicimos fue Pevsa. Para conseguir esa venta, pensamos en Iberdrola. Bancaja era uno de los principales accionistas de Iberdrola. Lo que planteamos fue intentar que Iberdrola nos comprara la participación siempre bajo la óptica de que habría un precio mejor porque Endesa no iba a dejar que entrara y ejercería el proceso de compra preferente", ha explicado. Bancaja, ha dicho, consiguió 35 millones después de invertir un millón y pico. 

Otros directivos de empresas, entre ellas Iberdrola, se han manifestado en términos parecidos. Todos han sido preguntados por el papel de Olivas en el asunto. Algo sobre lo que la Fiscalía ha incidido en que ya fue juzgado, debido a que el exjefe del Consell fue condenado por emitir, a través de su empresa Imarol S. L., una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa en el marco de la citada operación. 

Los directivos de las empresas han afirmado en el juicio que no era necesario ningún tipo de intermediación porque la operación era habitual. 

En la sesión de este martes ha finalizado la declaración de todos los testigos, por lo que el juicio encara su recta final con peritos, informes y conclusiones.