VALÈNCIA/MADRID (VP/EP). La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para trece investigados, entre ellos el ex director general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la Hacienda pública (artículo 305 bis).
En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades a Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas a la sociedad Valfensal. Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Dolores Mataix y José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el ministerio fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos.
La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídico.
Los exdirectivos de la Caja del Mediterráneo y de Bancaja afirman que no era necesaria la intermediación de Olivas en la operación de la venta de la sociedad de los parques eólicos