Los abogados de familia alertan que el atasco judicial daña a miles de menores

VALÈNCIA (EFE/Francisco Tomás-Valiente). El atasco en los procedimientos de familia, que se ha visto agravado por la pandemia, está facilitando la violencia de género y también la manipulación de muchos de miles de niños cada año con graves daños para su salud psicológica, según denuncian los abogados especializados en esta jurisdicción.

Los juzgados de las poblaciones de menor tamaño tardan, de media, unos nueve meses en dictar las primeras medidas provisionales para regular el uso del domicilio familiar o las visitas a menores cuando se produce una separación sin acuerdo, unas medidas para las cuales la ley prevé diez días por su carácter de urgencia. Esta situación afecta al 53 % de la población española.

La otra mitad vive en ciudades en las que la espera puede ser de unos cinco meses, un tiempo también excesivo. La sentencias que tratan de ponen orden en estos conflictos tardan mucho más, entre dos y tres años y medio.

Estos datos proceden de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) y coinciden con los recabados por EFE en varias entrevistas a distintos letrados de familia de diversos lugares de España, desde Sevilla a Madrid, pasando por Valencia o Murcia, muchos de ellos con representación en los colegios profesionales de sus provincias.

La Aeafa denuncia que “las demoras potencian y favorecen las situaciones de violencia de género, intrafamiliar y filoparental”.

Por su parte, la presidenta de la Associació Catalana per la Infància Maltratada (ACIM), psicóloga clínica y profesora de Psicología, Carma Tello, considera que "cuando se retrasa una solución judicial se produce un maltrato de los menores afectados. El problema es grave. A causa de la covid se ha producido, por un lado, el retraso de las resoluciones judiciales en los casos de divorcios conflictivos, y por otro el agravamiento de la presión por el conflicto de lealtades sobre los niños debido al aislamiento o a la cronificación del conflicto".

El número de menores afectados por estos conflictos de familia, con frecuencia crónicos a causa de la incapacidad de los padres para llegar a acuerdos y del sistema para imponer una solución a tiempo, podría sumar decenas de miles, o incluso centenares de miles.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial y del INE, cada año se producen unos 100.000 divorcios y separaciones y, en torno a la cuarta parte de ellos, es contenciosa. Según la Aeafa, los divorcios y las separaciones de parejas con hijos son conflictivas en su gran mayoría (97 %). Aunque no deja de ser una estimación, cabe deducir que miles de menores, quizá decenas de miles, se ven afectados cada año por un conflicto que, si se encona, les dañará psicológicamente.

La Aeafa calcula por su lado que los de niños y niñas afectados por crisis familiares en España al año según datos de CGPJ de 2019 serían unos 300.000 si sumamos procesos de divorcio (62.400), modificación de medidas (124.000), jurisdicción voluntaria (85.000) y otro tipo de procedimientos (resto).

Los letrados consultados y la Aeafa, así como la ACIM, coinciden en señalar que si en el momento en el que se produce la separación sin acuerdo no hay una decisión judicial que ponga límites a las conductas de cada uno, el enfrentamiento entre las partes corre riesgo de complicarse e incluso hacerse crónico.

José Soriano, abogado de familia en València y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de esta ciudad, señala que el retraso "es un premio para quien tenga una posición más ventajosa, puedes retrasar lo que quieras, por ejemplo si tienes a los menores contigo. También se dan casos de impago, pero es cierto que el dinero se puede recuperar, el tiempo con tu hijo, no”.

José Gabriel Ortolá, abogado de familia en València y exdirectivo de la Asociación Española de Abogados de Famila (Aeafa), lo resume así: “No nos damos cuenta de lo que supone socialmente el no invertir en Justicia. Es más barato invertir, para poder intervenir a tiempo, que tratar de solucionar las consecuencias de que el conflicto se haya hecho crónico en muchas familias”.

María Pérez, vicepresidenta de la Aeafa y responsable de la unidad de familia en el Colegio de Abogados de Andalucía, explica: “Tengo señalamientos de vistas sobre menores y uso del domicilio para noviembre de 2021. Eso genera situaciones de tremenda tensión en hogares que se están rompiendo y se encuentran con un vacío legal sobre los niños o sobre la casa, lo cual propicia tanto casos de violencia de género como mucho abuso por parte de mujeres que llaman al 016 para que venga la Policía y le recomienden a su marido, en el mejor de los casos, que se vaya del domicilio para evitar más denuncias”.

“En algunas ocasiones la tensión y el conflicto en la pareja dan lugar a denuncias que suponen el traspaso del expediente a violencia de género, con la criminalización de la vida familiar consiguiente. Estas denuncias suelen estar justificadas, pero no siempre”, declara por su lado Mariló Lozano, presidenta de la Aeafa.

Los letradas aclaran que aluden a procedimientos policiales que suelen morir cuando llegan a manos del juez o revestir gravedad mínima, y que no constituyen denuncias falsas de violencia de género, un fenómeno considerado casi inexistente en las estadísticas.

“Los menores son los más afectados porque los padres y madres no puedan gestionar el conflicto. Durante el tiempo de espera de la decisión judicial se dan muchos casos de instrumentalización de los niños, los usan, o bien una trata de minimizar la relación con el que sale fuera de casa, o bien quien tiene más poder económico disminuye o no contribuye a los gastos situando a la otra parte en precariedad. Al final los niños salen dañados”, añade Lozano.

La Asociación Española de Abogados de Familia y los colegios de abogados de distintas comunidades piden la urgente creación de más juzgados especializados en Familia, entre muchas otras medidas.