Los ayuntamientos podrán invertir el superávit de 2016 respetando la regla de gasto

MADRID (EFECOM). Los ayuntamientos que cerraron 2016 con superávit podrán invertir estos fondos este año y el que viene, siempre que respeten la regla de gasto y los destinen a inversiones financieramente sostenibles, según ha aprobado este miércoles la Comisión de Presupuestos.

La enmienda del PP a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ha sido aprobada por mayoría y da flexibilidad a las entidades locales para poder reinvertir el superávit obtenido el año pasado hasta 2018 con el fin de solventar la restricción que supone la aprobación tardía del Presupuesto.

La iniciativa ha sido apoyada por el PSOE, Ciudadanos y PNV entre otras formaciones. El grupo parlamentario socialista está de acuerdo en que la entrada en vigor de los presupuestos, prevista para finales de junio, ha frenado licitaciones y contratos que no podrán ser ejecutados este año debido a los plazos de su tramitación.

Además, las corporaciones locales tienen que iniciar las modificaciones presupuestarias oportunas para poder aplicar su superávit, lo que supone no menos de dos meses.

Normalmente, los ayuntamientos que cierran un ejercicio con superávit pueden destinar estos fondos, siempre que respeten la regla de gasto, a proyectos financieramente sostenibles, que deben ejecutar en el ejercicio siguiente, es decir, a partir de la entrada en vigor del correspondiente Presupuesto el 1 de enero.

Dado que los Presupuestos de 2017 se van a aprobar a mitad de año, los ayuntamientos que cerraron 2016 con superávit no tienen margen para ejecutar las inversiones, por los que se les da margen hasta 2018 para llevarlas a cabo.

La Comisión también ha aprobado otras iniciativas de Foro Asturias para reactivar las comarcas mineras e impulsar con 10 millones de euros la reducción de las emisiones medioambientales en las centrales térmicas de carbón.

Por otra parte, ha salido adelante una enmienda pactada entre PP y CC para dedicar diez millones de euros a la financiación de inversiones en obras de depuración de aguas en Canarias así como otra para modificar el régimen fiscal de Canarias para elevar los umbrales permitidos para acumular las ayudas regionales al funcionamiento con la misma vigencia que la evolución de la normativa comunitaria.

En el mismo sentido otra enmienda de Ciudadanos para destinar 21 millones de euros a incentivar el empleo en Canarias.

Por otra parte, las iniciativas de Nueva Canarias relativas a un plan integral de empleo en las islas, a la protección a personas dependientes, a impulsar con mayor financiación el transporte público regular de viajeros entre Canarias, Madrid y Barcelona y para elevar la bonificación a los vuelos entre islas del 50 % actual al 75 %, han sido rechazadas y se mantendrán vivas para su previsible aprobación en el pleno del Congreso.