VALÈNCIA. (EP). Sindicatos de Bomberos de los tres consorcios provinciales y de los tres ayuntamientos de València, Castellón y Alicante han lamentado este lunes en un comunicado que en tres años de legislatura no se haya hecho ninguna reforma "de calado" en gestión de emergencias y han subrayado que fueron excluidos de la Ley 7/2011 de los servicios de emergencias de la Comunitat, que nació "sin la voluntad política de caminar hacia un cuerpo único de bomberos de la Generalitat".
Según señalan los representantes sindicales de CSI·F, Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, Sindicat Valencià Republicà, CGT e Intersindical Valenciana, fueron "excluidos" de las conversaciones con la Generalitat para la elaboración de la Ley 7/2011, por "una interpretación torticera de la legislación que sólo permitía a la Generalitat negociar con los sindicatos mayoritarios de la Administración Pública", que no se integran en los seis Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).
Para estos sindicatos, el cuerpo único de bomberos de la Generalitat es "el único medio válido para homogeneizar plantillas, condiciones laborales, sistemas de trabajo y protocolos de actuación, optimización de recursos materiales y humanos y, en resumen, inversión racional del presupuesto dedicado al sistema público de emergencias".
Además, consideran que esa ley "ratifica la situación existente con dispersión de competencias entre distintas administraciones públicas, entre empresas públicas y privadas, con distintos tipos de contratación de los bomberos forestales y una creciente precarización laboral".
"La ambigüedad y la falta de concreción en la ley sobre qué modelo de servicio público de emergencias se persigue deja la gestión en manos de la arbitrariedad y de la improvisación y, en todo caso, dejando la puerta abierta a la intromisión privada en algo tan esencial como la Seguridad Pública y la defensa del medio ambiente", denuncian y agregan que los grupos políticos que ahora gobiernan "cuando estaban en la oposición mantenían el vaciado de funciones de las Diputaciones, lo que al llegar al gobierno queda en entredicho, pues se mantienen tres consorcios provinciales de bomberos diferentes".
Esto genera, cada vez que se produce un gran incendio, "situaciones de descoordinación, falta de protocolos unificados de trabajo y disparidad de medios humanos y materiales, según de qué zona geográfica se trate". A su juicio, la creación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias "ha servido hasta hoy de bien poco, ya que se trata de un ente sin capacidad operativa de ningún tipo, una gran caja que está vacía de contenido, pero que cuesta a los ciudadanos de la Comunitat mucho dinero".
Ante esta situación, afirman que los bomberos no necesitan elogios "si no se acompañan de soluciones en los problemas técnicos y de gestión del día a día" y califican de "increíble que no haya ni el más mínimo atisbo de autoexamen de los posibles cambios necesarios y precisos y que todo sean halagos y adulaciones a lo bien que se ha hecho".
Los representantes sindicales han anunciado que pedirán una comisión técnica sobre el incendio de Llutxent en la que se aporten los informes de todos los jefes de sector, directores del incendio, bomberos, entre otros, se puedan resolver cuestiones relativas a la movilización de vehículos para proteger las urbanizaciones, movilización a los voluntarios u organizar evacuaciones, entre otros.
Los sindicatos lamentan que no obtienen "ninguna respuesta" a sus reivindicaciones por parte de la Dirección del Consorcio. "Parece ser que la única forma de que respondan, aunque sea para descalificarnos, sea hacer llegar nuestros problemas de gestión a la opinión pública. Esa es la 'tajada' que hemos sacado", han criticado.
Los sindicatos subrayan que tienen comprometida una reunión con el nuevo presidente de la Diputación, Toni Gaspar, para que se depuren responsabilidades tanto en la dirección operativa del Consorcio Provincial de Bomberos como en la presidencia delegadas, y han remitido una solicitud de reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que ponga en marcha los mecanismos para la aplicación de mejoras correctivas en gestión de las emergencias.