VALÈNCIA. Los primeros compases del nuevo curso político han dejado entrever algunas fricciones entre las dos fuerzas mayoritarias del Pacto del Botánico, PSPV y Compromís. La relación entre estas dos fuerzas, desde que se sellara el primer acuerdo de gobierno en 2015, siempre ha sido compleja, aunque cinco años después de aquel acuerdo el profundo conocimiento entre los principales actores políticos del Consell ha desarrollado filias y fobias que a menudo contribuyen al desgaste del Ejecutivo.
Más aún cuando existen discusiones que resultan absolutamente lógicas en cualquier gobierno: por ejemplo, las negociaciones acerca de los presupuestos de 2021 que ya se están produciendo. Obviamente, los tira y afloja entre todas las fuerzas que componen el Botànic -e incluso entre altos cargos del mismo partido- son constantes y, en algunos momentos, llegan a generar daños colaterales que tardan en perdonarse.
Así pues, y aparte de las citadas cuentas, que siempre implican un test de estrés para el conjunto de fuerzas que componen el Botànic, en este primer mes postvacacional se han producido una serie de tensiones entre PSPV y Compromís que, en la mayoría de los casos, apuntan a ser recurrentes durante la legislatura. O lo que es lo mismo, si el lector quiere saber dónde se va a producir el siguiente incendio entre ambas formaciones, posiblemente solo tenga que prestar atención a estas fuentes de calor. Siempre, eso sí, de que no se produzca alguna tensión directa entre Presidencia y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, lo cual ocuparía de inmediato la primera plana informativa.
-Agricultura. Un mestizaje que no ha cuajado prácticamente desde el minuto uno de legislatura es el de esta conselleria. La responsable autonómica, Mireia Mollà, una referente en Compromís, y el secretario autonómico del área, el socialista Francisco Rodríguez Mulero, no han trabado una buena sintonía desde el inicio del mandato. Las últimas desavenencias, tal y como ha informado este diario, han surgido respecto a las negociaciones entre ambas fuerzas políticas respecto al decreto de estructura y el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la conselleria. Más allá de que puedan arreglarse -o no- estas diferencias, todo apunta que en los próximos tres años los enfrentamientos en este departamento serán cíclicos.
-Sanidad. Esta conselleria es otra plaza donde no es fácil salir indemne, y menos aún con el terrible castigo y exigencia que está suponiendo el coronavirus para la sociedad en su conjunto y, lógicamente, también para la Administración. El mestizaje tampoco termina de funcionar aquí. La consellera, la socialista Ana Barceló, desconfía de la responsable política de Compromís con mayor rango en el departamento, la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro. La sensación es que el trabajo sale adelante -con mayor o menor acierto- aunque evidenciándose en numerosas ocasiones la falta de coordinación o incluso la disparidad de opiniones y criterios entre el núcleo duro de la consellera y las altos cargos de la coalición valencianista. Esta semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció la implantación de una comisionada de Atención Primaria y de un nuevo Servicio Valenciano de Salud, una decisión que ha puesto en guardia a Compromís por temor a una invasión de competencias. En resumen, mientras dure la pandemia y se mantengan los mismos equipos, la paz y armonía será complicada.
-La delegada del Gobierno vs todo Compromís. Otra de las situaciones que ha llamado la atención en este inicio de curso político fue el ataque descarnado que protagonizó Gloria Calero esta semana en una red social contra el principal socio del PSPV en el Botànic. "Deslealtad y prácticas oscuras por parte de Compromís. Esta gente no merece estar en ningún cargo público", sentenció la delegada del Gobierno en referencia al anuncio de moción de censura pactada entre PP y Compromís en Cortes de Pallás. Un ataque que venía precedido de otras duras declaraciones respecto a otras cuestiones de actualidad relacionadas con el diputado nacional Joan Baldoví, lo que ha convertido a Calero, cercana al ministro José Luis Ábalos, en candidata para ser una de las pirómanas del Botànic.
-La Conselleria de Justicia y el teletrabajo. Fue uno de los puntos calientes durante la última fase de la desescalada y sigue generando rifirrafes entre las consellerias de Compromís y la de Función Pública que dirige Gabriela Bravo, aunque a veces también con los departamentos gestionados por los socialsitas. La consellera del ramo forzó a mediados de junio a los funcionarios a volver al trabajo de manera presencial al 100%. Una orden que generó divergencias en el Gobierno valenciano, malestar entre los sindicatos y que no se aplicó en un primer momento de manera estricta en todas las carteras del Ejecutivo. Con el paso del tiempo y la llegada del verano, la tensión se calmó pero ahora ha vuelto a avivarse con el nuevo decreto elaborado por la Conselleria de Justicia que debe actualizar la normativa de 2016 aprobada por el primer Botànic. La semana pasada, los departamentos de Compromís desmontaron de arriba abajo el borrador de la nueva norma por ser "demasiado restrictiva en su ámbito de aplicación", entre otros motivos. Si bien consellerias del PSPV también cuestionaban aspectos del decreto, las de los valencianistas eran más numerosas e incisivas.
-Ayuntamiento de València, terreno siempre abonado para la batalla. Si el pasado mandato el gobierno municipal -Compromís, PSPV y València en Comú- ya tuvo que lidiar con sonoras diferencias, tras la reedición del acuerdo sólo entre Compromís y los socialistas, la tensión suele ser la norma y no la excepción. Especialmente, a cuenta del fraude perpetrado contra la EMT, que dio lugar el pasado otoño a la mayor crisis del ejecutivo local e incluso ha sembrado la discordia en el seno del grupo municipal de Compromís. Desde entonces, parece que nada ha vuelto a ser igual. Pese a que la irrupción de la pandemia de coronavirus calmó las aguas en aras de pelear contra la enfermedad, las tensiones y choques públicos han vuelto a ser habitual a cuenta del uso de los ahorros municipales. Cuestión sobre la que no hay acuerdo todavía y que se suma al hecho de que las conclusiones políticas sobre el fraude de la firma municipal están al caer y el cese del gerente, al borde de ser una realidad. Esto último, de hecho, amenaza con hacer aflorar un nuevo choque entre ambos socios de gobierno.