VALENCIA. Los contratos de la Generalitat y el Hospital General de Valencia con Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) no aparecen en los portales de transparencia de ninguna de las instituciones a pesar de la relevancia que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, dio a la publicación de los contratos de las concesiones sanitarias en Gva Oberta, es decir, de los hospitales de colaboración público-privada participados por las empresas Ribera Salud, Sanitas y DKV.
A pesar de las críticas continuadas del actual Consell a la sanidad público-privada y la insistencia en revocar esos contratos en la medida de los posible, lo cierto es que la primera que podría recuperarse es la de Eresa, sobre todo a nivel humano, ya que los médicos de los hospitales públicos podrían asumir la actividad de resonancias magnéticas hasta 2018, año en el que se finaliza el contrato.
Un contrato, que según explicó la Sindicatura de Comptes en un informe en 2013 y que este mismo año actualizará, fue incumplido en numerosos puntos, algo que durante años han afectado a las arcas de la Generalitat. No menos grave es el caso del Hospital General, participado por Generalitat y Diputación de Valencia, en el que se renovaron tres contratos sin concurso en 2015 por tres años, como desveló Valencia Plaza, y que en total suman un negocio de unos 40 millones de euros.
El último de ellos, el del TAC, fue renovado por el Consorcio que gestiona el centro tres semanas después de tomar posesión de su cargo como consellera de Sanidad Carmen Montón. La renovación le vino impuesta a los nuevos gobernantes por la anterior gerencia del hospital, ya que debían haber avisado un año antes de vencer. Unos meses antes, al final del mandato de Alberto Fabra, con Manuel Llombart como conseller de Sanidad, se habían renovado los otros dos contratos, el de resonancias magnéticas y el del acelerador lineal y cámara gamma (radioterapia y medicina nuclear).
A pesar de que en el Portal de Transparencia del Hospital General hay numerosos contratos en tramitación, menores y vigentes que se especifican no aparecen tampoco los de Eresa. A falta de reacciones de la consellera de Sanidad Carmen Montón a todas estas informaciones, el PSPV explicó que pedirá estos contratos y preguntará si existen justificaciones legales para que se prorrogaran automáticamente cada tres años, si la empresa ha cumplido las condiciones, si es posible cancelarlos y, en el caso de ser así, cuanto costaría.
Por estos tres contratos Eresa facturó 12,95 millones de euros en 2014 y 13,18 millones el año pasado, por lo que la renovación por tres años supondrá desembolso para la Sanidad pública de en torno a 40 millones. Y es que, según el contrato, la renovación por tres años es automática si el hospital no denuncia el contrato con una antelación de un año a la fecha de vencimiento.
