Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El contenido de los correos electrónicos intervenidos en la causa sobre la actuación de la Conselleria de Igualdad en relación a los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada confirman dos cuestiones: que el equipo de la entonces vicepresidenta de la Generalitat fue informado del expediente abierto en la Conselleria sobre lo ocurrido –aquel considerado paralelo al judicial y en el cual se incluyeron los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima– y que las comunicaciones que constan son a partir del 8 de agosto de 2017. Es decir, cuatro días después de que la exdirigente de Compromís asegurara que supo de los abusos y momento en el que se abrió el citado expediente.
Los correos entre los miembros del gabinete de Oltra vienen a ratificar toda la cronología de hechos que figura en la investigación: que la dirección territorial supo de la investigación de la Fiscalía el 6 de julio de 2017; que ese departamento no informó de nada al Ministerio Público; y que el 8 de agosto fue cuando se inició el expediente por parte de Igualdad.
El juzgado de instrucción número 15 de Valencia mantenía hasta ahora dos piezas separadas y secretas relativas a los correos. Una de ellas era la de los intercambiados entre el equipo más cercano de Oltra. El magistrado estableció un periodo concreto de tiempo relacionado con las indagaciones y fijó un criterio material: habrían de ser única y exclusivamente aquellos que hicieran explícita referencia a los hechos denunciados por la víctima de los abusos y relatados en la querella de Gobiérna-te –que ejerce la acusación– o a las actuaciones derivadas de dicha denuncia.
Estos son los que ahora se han conocido. La Policía Nacional intervino los correos requeridos en febrero de 2023 y entregó el informe al juzgado el pasado 10 de mayo. En él identifican una serie de comunicaciones relacionadas con la causa. Éstas se circunscriben únicamente al periodo temporal de entre el 4 y el 20 de agosto de 2017 como ordenó el juez. El 4 es la fecha en la que Oltra aseguró ante el juez haber tenido conocimiento de los abusos y del procedimiento judicial iniciado al respecto. Aquel día, señaló, fue cuando la llamó su exmarido, Luis Ramírez Icardi, porque había recibido la citación en su casa.
El juez trata de determinar la participación de Oltra y de su equipo en todo lo que la Conselleria realizó con posterioridad a ese 4 de agosto. Motivo por el que decidió, entre otras diligencias, la intervención de los correos como pruebas de cargo o de descargo de los investigados. De todos los miembros del gabinete de Vicepresidencia, sólo se han hallado comunicaciones relacionadas con la investigación en dos de ellos: Miquel Real y Enric Juan. Se trata de intercambios de correos en los que aparecen ambos, además de otros cargos de Igualdad, como una jefa de servicio o la subdirectora de Infancia.
En uno de los fechados el 8 de agosto –día de apertura del expediente–, existe intercambios de información sobre documentación que consta en la Conselleria vinculada a los abusos: el auto del juzgado del 28 de julio de 2017 donde impone la orden de alejamiento a Icardi solicitada por la Fiscalía; la entrevista que el centro de menores en el que residía la víctima le realizó; el informe final del centro; la diligencia llevada a cabo por la dirección territorial de Igualdad en la que concluyó, en febrero de 2017, que tras una entrevista con la chica no existían indicios de la existencia de un abuso; o el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía el 6 de julio de 2017.
Igualmente, en aquella jornada la directora general de Infancia, Gemma Plaza, firmó la orden de inicio de expediente en la Conselleria para "constatar la veracidad de los hechos" (motivo por el que se consideró un informe paralelo al judicial, al estar el procedimiento en los juzgados ya en marcha). Todo ello se lo comunica a Enric Juan, asesor de Oltra.
Al cual le envía, igualmente, la indicación dada a la jefa de servicio de Infancia de responder a la Fiscalía "en todas las cuestiones que plantee" (la exvicepresidenta de la Generalitat siempre mantuvo que, tras entrarse de los abusos y de que la dirección territorial no había avisado al Ministerio Público, se dio la orden de colaboración).
Los correos que constan no son sólo del día de apertura del expediente, sino de casi una semana después. El 14 de agosto la jefa de servicio de Infancia de envía al asesor de Oltra el escrito que van a mandar a la Fiscalía. "Por si quieres añadir o modificar algo", le dice. En él expresa que no informaron de los abusos porque no le otorgaron credibilidad al relato de la víctima y no se consideró necesario realizar más actuaciones. No aparece respuesta de Enric Juan al respecto.
El 16 de agosto también le hacen constar al asesor de Oltra el traslado de centro de la menor. Y el 18 de ese mes una nueva comunicación sobre que "se va a instruir expediente informativo" y las conclusiones firmadas por la misma jefa de servicio en las que se afirma que no existen pruebas de los abusos.
En su declaración ante el juez como investigada en septiembre del año pasado, Oltra aseguró que nunca supo nada del expediente elaborado por el departamento que ella dirigía durante un total de dos años. El interrogante que el magistrado planteó entonces –y parece que también trata de averiguar con la intervención de los correos– es cuál fue, entonces, la participación de la exvicepresidenta y de su equipo en todo lo que la Conselleria realizó a partir del 4 de agosto de 2017. Ella aseguró que ninguna y que nada tuvo que ver en el inicio del expediente, ni en la resolución, ni en los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima. También incidió en que nunca supo de su existencia o contenido porque no era su responsabilidad.
