VALÈNCIA. Hace más de tres años que los propietarios del afamado cine Metropol, sito en Hernán Cortés 9, solicitaran al Ayuntamiento de València las licencias correspondientes para sustituir el edificio por otro de uso hotelero. Sin embargo, desde entonces poco se había avanzado debido a la intención de las administración de proteger el edificio o, al menos, algunos elementos del mismo. Un bloqueo que acabó por hastiar a los dueños este año, por lo que en primavera presentaron un nuevo proyecto subsanando los diferentes reparos que ponía el consistorio.
El proyecto contempla 54 habitaciones, aparcamiento de 30 plazas y cafetería, como publicó Valencia Plaza hace apenas dos semanas. Ahora bien, junto al proyecto, la empresa promotora, Metrolevante, adjuntó un escrito de advertencia cargando duramente contra los retrasos administrativos sin justificación que habían estado bloqueando el futuro hostal y amenazaba con solicitar una reparación por los daños y perjuicios que todas estas circunstancias le estaban provocando.
El documento acompañaba el nuevo proyecto destacando el "sinnúmero de dilaciones injustificadas y arbitrariedades" que el consistorio habría estado cometiendo contra la iniciativa. "Nuestra paciencia y resistencia económica tocan a su fin", lamentaban, "lo que es fácil de comprender" pues el informe de compatibilidad urbanística y la licencia de demolición están en trámite desde 2016 y 2017 respectivamente, tal y como detalla el escrito. Tanto es así que, de hecho, en febrero de 2020 se presentó una reclamación por inactividad con motivo del silencio administrativo.
El motivo fundamental era la búsqueda de la protección del inmueble por parte del consistorio, si bien a efectos técnicos, el último reparo que ponía la concejalía de Actividades, entonces dirigida por Carlos Galiana y ahora liderada por Lucía Beamud, era la falta de una previsión de reserva de aparcamiento. En 2017, sin embargo, para superar esta objeción, se aportó más documentación justificando la reserva de 30 plazas de aparcamiento.
"Nada se nos ha dicho todavía, a pesar del tiempo transcurrido" y de que, sostienen, los informes técnicos acreditaban que "la licencia debiera concederse". "Hasta tal punto alcanza la paralización de este expediente que ni tan siquiera se ha dado traslado al mismo para el informe preceptivo de los servicios municipales de extinción de incendios y sanidad".
El retraso por la voluntad consistorial de proteger el edificio, compartida por asociaciones como la Fundación Goerlich o Salvem el Metropol, por su estilo y por las funciones que asumió durante la Segunda República, es lo que considera injustificado la propiedad, pues insiste en que ni los técnicos, ni los arquitectos contratados por el consistorio, ni la Real Academia de Bellas Artes "se han mostrado favorables a la protección del inmueble". De hecho, apostilla, "se ha calificado como de nulo interés".
Por todo ello, el escrito prosigue asegurando que "ninguno de estos tropiezos [...] ha sido suficiente para que el ayuntamiento abdicase de su denodado intento de hostigamiento a la propiedad". Consideran "innecesarias e ilegales" todas las actuaciones realizadas por el consistorio para "dilatar el procedimiento" sobre la petición de la licencia -"que no olvidemos que es un proceso reglado"-. Y las tilda así porque, sostiene, "se han visto desasistidas de apoyo técnico/arquitectónico".
En este sentido, la propiedad acusaba al Ayuntamiento de haber cometido posible "desviación de poder" dado que, "a pesar de la ausencia de valores justificativos para la protección del inmueble, la corporación ha mantenido su empecinamiento usado el argumento técnico de la reserva de plazas de aparcamiento, sin otro propósito más que abrir paso a una eventual protección".
Todo ello fue en primavera, cuando se presentó el nuevo proyecto. Advertencias que parecen haber surtido cierto efecto, dado que la concejalía de Actividades ya ha sacado a información pública la licencia ambiental. Aunque en el Ayuntamiento insisten en que este paso no es, ni de lejos, el permiso definitivo y que, por el momento, lo único que hay en firme es un proyecto presentado por Metrolevante.
Mientras, la Conselleria de Memoria Democrática, que encabeza Rosa Pérez, continúa sus trámites para conseguir la protección del edificio o de su fachada por la importancia emblemática del enclave durante la Segunda República. Su pretensión pasa por incluirlo en el catálogo de protección contemplado en la Ley de Memoria Democrática, tal como publicó eldiario.es. Una determinación defendida por plataformas como Salvem el Metropol o la Fundación Goerlich.
Con todo, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, una protección del edificio aprobada en medio del proceso de tramitación de la licencia hotelera podría suponer cierto grado de inseguridad jurídica, por lo que no se descarta que los propietarios, de acabar consumándose la denegación de la licencia por la protección, pudieran acudir a los tribunales. Y más teniendo en cuenta todo lo que antecede.