VALÈNCIA. El debate sobre el proyecto de ley de los interinos que ha aprobado el Congreso de los Diputados sigue sobre la mesa. Esta vez, el escenario en el que se ha debatido sobre la posible nueva normativa ha sido la facultad de Derecho de la Universitat de València (UV), que durante este lunes y martes ha celebrado unas jornadas centradas en sistemas innovadores en la selección y consolidación de empleo público. En ellas, tanto el ámbito académico como el profesional ha podido dar algunas pinceladas acerca del modelo actual de selección de trabajos públicos y reflexionar sobre lo que parece que tarde o temprano saldrá adelante si el Senado da su visto bueno: el proyecto normativo que pretende reducir la temporalidad de los interinos.
En esta línea, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UV Tomás Sala ha sido el encargado de esbozar la coyuntura que actualmente ha aprobado la Cámara Baja: la normativa tiene la intención de que los contratos temporales en la administración, por regla general, duren tres años como máximo y que, pasado ese periodo, cualquier acto administrativo que se haga para alargar ese convenio sea nulo. Como ha explicado el catedrático, esto es lo que establece el Real Decreto Ley (RDL) aprobado el 6 de julio y que no ha tenido modificaciones tras su paso por el Congreso.
Ahora bien, el también profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la misma casa, Adrián Todolí, ha concretado que en el RDL solo había un modelo: en aquellas plazas que lleven más de tres años, es decir, a partir de 2018, creadas sin haber sido ocupadas por un proceso selectivo, se tenía que convocar un concurso-oposición. En otras palabras, tiene que haber examen que supone el 60% de la nota y méritos, que completa el 40% restante.
No obstante, hay dos novedades que se han planteado. Como ha manifestado Todolí, por un lado, un cambio reside en que sacar a concurso todas las plazas de tres años o más ahora también se aplica a empresas públicas, ya que antes solo se acotaba a la administración pública.
Por otro lado, y aquí reside el debate, lo nuevo está en que aquellas plazas que lleven cinco años, desde 2016, tienen que ser sacadas solo a concurso. Para el común de los mortales, esto viene a ser que no hay examen. "La clave aquí está en que es la plaza la que se somete a concurso y la puede ganar cualquiera, la persona interina que la ocupaba o cualquier otra, solo que para ver quién la gana no habrá examen y solo se valorarán los méritos, o sea, quien tenga más currículum", ha esclarecido Todolí.
Bajo estos parámetros y con la controversia servida, el experto ha asegurado que es el Tribunal Constitucional quien debe decidir si esta modificación es del todo constitucional. Sin embargo, el docente de Derecho se ha basado en sentencias anteriores que manifestaban que "por razones de excepcionalidad" sí se ha podido hacer, "pero eso no garantiza que ahora sí se admita", ha puntualizado el experto.
El equipo que ha organizado las jornadas también ha querido poner el foco sobre los dos parámetros que, de momento, se valoran en la selección de empleo público: los méritos y la capacidad. Para ello, el docente de Derecho Administrativo Andrés Boix ha querido lanzar un mensaje claro: el marco jurídico permite innovar en los procesos de selección de trabajo público.
Durante su ponencia ha explicado que los objetivos de un buen modelo de elección pasan por cubrir las plazas y elegir a los mejores candidatos posibles a partir de los criterios de méritos (currículum) y la capacidad (examen). "Encontrar este equilibrio es difícil, no hay una solución óptima para todos los países o entre la esfera pública y privada, y después hay algunos frenos como el peso de la tradición o la costumbre, porque es más cómodo hacer algo que ya tienes controlado", ha manifestado Boix.
En la misma línea, ha reiterado que el marco legal es bastante líquido y deja a las administraciones bastante margen de maniobra. "¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos acostumbrados a lo de siempre. Para combatirlo hay que buscar la combinación de los sistemas más óptimos y saber cuál quieres en función del empleo que quieras cubrir", ha explicado el profesor.
Llegados a este punto, es conveniente preguntarse qué es lo que falla en el actual sistema de selección de empleo público. Como ha indicado el catedrático de Derecho Administrativo Gabriel Doménech en otra de las ponencias, el modelo de oposiciones se basa excesivamente en la memorización. Por eso, él ha expuesto una alternativa que ya está en marcha en países como Alemania, que consiste en un sistema de examen estatal que funciona de forma similar al MIR o a la PAU en España.
La diferencia reside, principalmente, en que los candidatos o candidatas no se lo juegan todo a una carta, ya que eligen entre distintos puestos públicos y, si no les llega la nota, tienen otras opciones. "A lo mejor con este modelo a una persona no le llega la nota para ser notario, pero sí para ser fiscal, por ejemplo, con lo cual el riesgo se disminuye bastante", ha indicado.
"Hay personas que pasan las pruebas y son muy buenas escribiendo un informe de 200 páginas, pero luego no saben tomar una decisión. Nosotros creemos que se debe poner el foco en la capacidad y no tanto en el mérito, que es muy importante, pero con esto solo no vamos a ningún sitio, la experiencia es un plus pero no es suficiente". Así ha empezado la exposición de Virginia Valero, responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sabadell. Según ha expuesto, lo que evalúa el consistorio catalán no es que una persona "tenga conocimientos", sino que sepa aplicarlos y que proporcione soluciones en su ámbito.
Sin embargo, este ayuntamiento no ha sido el único que ha tenido la oportunidad de explicar qué medidas innovadoras está teniendo en cuenta para mejorar el sistema actual de selección de empleo público. Otras administraciones locales, como las de València, Vigo o El Campello, también han contado sus hojas de ruta en este congreso de Derecho.
A pesar de ello, como ha lamentado Boix, estas experiencias no abundan en España y pueden quedarse cortas para los dilemas que presenta el actual modelo de elección de trabajos públicos. Los expertos y las expertas coinciden: la temporalidad de los interinos solo es uno de los varios problemas -de los más visibles, eso sí- del sistema actual. De momento, no queda otra que esperar para ver si se aprueba de forma definitiva el proyecto de ley que pretende acabar con esta temporalidad. Como dicen los ingleses, we will see.