Foto: EPVALÈNCIA. El Gobierno central aprobó este martes un Real Decreto-ley con 110 nuevas medidas y 3.765 millones de euros adicionales para ampliar, por un lado, el 'escudo social' a las personas afectadas por la Dana y, por otro, para avanzar en la reconstrucción de las áreas más golpeadas por la catástrofe. Un segundo decreto-ley que contempla, además, medidas excepcionales en materia de función pública que podrán adoptar todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana: desde la Generalitat, hasta los ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales.
En concreto, el Gobierno ha incorporado en la norma una disposición adicional cuarta para permitir a las "administraciones públicas y organismos dependientes de éstas en el territorio de la Comunitat Valenciana" prorrogar dos años el cese del personal interino que tengan en sus plantillas. Es decir, que todo aquel trabajador temporal al que le venciera el contrato por llevar más de tres años ocupando una plaza pública que no es de su propiedad, podrá mantenerse en el puesto durante 24 meses más si así lo desea la administración para la que preste sus servicios.
Una posibilidad que el Ejecutivo considera "imprescindible" articular tras la dana para poder atender las necesidades más 'urgentes' que puedan surgir tras la tragedia del pasado 29 de octubre. La letra pequeña del texto legal, que afecta a legislación de carácter básico porque supone modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), especifica que será posible el "diferimiento de los ceses del personal funcionario interino cuyas funciones estén destinadas a la atención de las necesidades derivadas de la emergencia de protección civil y la respuesta ante los daños causados hasta un máximo de veinticuatro meses".
La medida busca "disponer del máximo número de efectivos que puedan acometer todas las actuaciones necesarias para la recuperación de la normalidad en el tiempo más breve posible". En definitiva, el Gobierno busca no perder recursos humanos en la administración en mitad de la catástrofe. Más aún teniendo en cuenta el alto índice de temporalidad que tienen las administraciones valencianas, pues si Función Pública comenzara a cesar personal en estas circunstancias, debería también articular la convocatoria de otros procesos selectivos (oposiciones) para cubrir las plazas que se quedaran vacantes. Algo que ralentizaría la tramitación de expedientes teniendo en cuenta los plazos con los que se suelen resolver las Ofertas Públicas de Empleo.
Ahora bien, la autorización para no destituir al personal interino que ahora mismo esté ya en situación de cese por llevar un trienio en el mismo puesto de trabajo, no solo afectará a los temporales que trabajen actualmente en protección civil y emergencias, sino a todos los interinos que se incorporaron a las administraciones a partir de 2021 con la entrada en vigor del nuevo TREBEP. El "diferimiento de los ceses por un máximo de veinticuatro meses" se permite también a los programas de carácter temporal". O lo que es lo mismo, a los interinos que Generalitat, ayuntamientos o diputaciones incorporaron hace ya tres años a sus plantillas.
"Los programas de carácter temporal a que se refiere el artículo 10.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vinculados al objeto de este real decreto-ley, podrán ser ampliables por veinticuatro meses", expone el Real-decreto.
Tras la aprobación de este Real Decreto-ley, la Conselleria de Hacienda, Economía y Función Pública que dirige Ruth Merino prepara una instrucción para las consellerias para que estas sepan cómo proceder con sus plantillas. Una instrucción que, a la postre, iría en la misma dirección que la ya validada el pasado verano que permitía aplazar el cese de interinos hasta que se resolvieran las OPE de 2020 y 2021 para evitar que se produjeran problemas de personal en la administración de la Generalitat.
La medida impulsada por el departamento que gestiona Javier Lorente buscaba permitir que estos puestos siguieran ocupados hasta que un funcionario de carrera tomara posesión tras finalizar los procesos selectivos. Ahora bien, la decisión vino acompañada de otras más para impedir que la temporalidad siguiera aumentando cuando Europa obliga a que ocurra todo lo contrario en las administraciones: se prohibirían las excedencias automáticas para que los funcionarios de carrera que consiguieran plaza estuvieran obligados a tomar posesión de la misma y evitar, así, que la temporalidad en sus plazas se perpetuaran por el simple hecho de que prefirieran en ese momento mantenerse como interinos en otros puestos de categorías superiores y con mejores condiciones.
