Uno de los fenómenos que están aflorando los Fondos de Recuperación europeos en España es la diferente capacidad real de competir que tienen las regiones en el modelo convencional, sin esteroides, en el que tiene que moverse en condiciones normales la Comunitat Valenciana. No es extraño que hace unos días el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral de Navarra, Mikel Irujo, me comentara que había que cambiar las normas de competencia y las restricciones a las ayudas públicas a la inversión si vamos a apostar por la reindustrialización, porque de lo contrario se pueden generar “tensiones”.
Se podría interpretar, a partir de esas palabras, que la llegada de los fondos europeos ha destacado a la Comunitat Valenciana en el mapa, porque ha compensado la mejor situación de partida que tienen otras regiones en nuestro país y en el conjunto del continente, con modelos de financiación más favorables. ¿Es posible que ese sea, como se ha visto en el último eMobility World Congress, uno de los motivos que está despertando el interés de grandes corporaciones por encontrar suelo en nuestro territorio? No hay que simplificar, pero todo ayuda.
Según el último repaso a los datos de ejecución realizado por la vicepresidenta económica Nadia Calviño en el Congreso, la Comunitat Valenciana ha sido hasta marzo la cuarta autonomía que más fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha recibido, 2.060 millones de euros, cinco veces más que Navarra, casi el triple que Aragón y Extremadura, el doble que Castilla-La Mancha y casi 2,5 veces el País Vasco.
No perdamos la perspectiva. En primer lugar, los Fondos de Recuperación están generando un falso espejismo de competitividad en España, es una inyección de capital público que no habríamos sido capaces de generar por nosotros mismos y el 31 de diciembre se acaba el plazo para decidir el destino del dinero. Por lo general los estamos consumiendo bajo lo que he denominado el síndrome de La Pepica, buscamos la foto, más que configurar un tejido empresarial de capital propio capaz de liderar tecnológicamente. Si confundimos esta época extraordinaria con la normalidad, nos abocamos a una resaca monumental.
En segundo lugar, estamos hablando de un Plan estatal basado fundamentalmente en lo que llamo “rotondas digitales”. El informe de Fedea publicado en enero es demoledor en ese sentido, a la vez que deprimente, con frases como esta: “en el caso del turismo, por ejemplo, más de la mitad del presupuesto disponible (1.800 millones de 3.400) se va a destinar a una especie de Plan E para municipios de dudosa capacidad transformadora, los llamados planes de sostenibilidad en destino, a razón de 2 millones de euros de media por municipio”.
Lo que se nos vendió como una palanca para cambiar el modelo productivo hacia otro basado en productos y servicios de mayor valor añadido, destila en el repaso de Calviño esencias mecánicas de la era analógica: los 14.300 millones en inversiones para rehabilitación y edificios y mejora de las redes ferroviarias, bajo el epígrafe de la Transición Verde y el Transporte Sostenible, superan la suma de todas las demás líneas juntas, incluidas las dirigidas a impulsar la digitalización y la industria.
Por no mencionar los problemas de ejecución. Comentan los profesionales de la gestión de ayudas públicas que se percibe ya un cambio de actitud de la Administración, abierta a una razonable flexibilidad en la interpretación de las condiciones para acceder a ellas. Probablemente el temor a que una fiscalización posterior de las autoridades europeas destape irregularidades había exacerbado (no sin razón) el celo de los gestores públicos y eso estaba ralentizando y bloqueando la concesión de muchas líneas.
En cualquier caso, la Administración ha quedado señalada como el próximo y urgente ámbito de modernización necesaria en nuestro país, como reconoce hasta la secretaria de Estado Carme Artigas. Dicen en CEOE que, para el 99% de las empresas, la única relación que mantienen con la Administración consiste en pagar impuestos, y por lo general eluden marcar la casilla de “innovadoras” en los cuestionarios del INE para ahorrarse papeleo, de modo que no sabemos si las estadísticas oficiales reflejan la realidad competitiva de nuestra economía.
El Plan de Recuperación estableció en muchos casos que los proyectos que acudieran a las Manifestaciones de Interés de los PERTE fuesen cooperativos, es decir, contasen con una empresa líder y al menos cinco acompañantes, con la condición de que el 40% del total fueran pymes. Pero estas agrupaciones llevan implícitos requisitos que pymes y autónomos no pueden asumir como la responsabilidad solidaria, que establece que todos los participantes tendrán de manera conjunta la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas.
Tampoco están a su alcance requerimientos como el garantizar el 100% los fondos que se van a percibir o un 20% en el caso de los préstamos. Ni pueden plantearse participar en proyectos tractores cuyo importe mínimo financiable es de 15 millones de euros.
En definitiva, ¿ladran luego cabalgamos? ¿Es la reacción del Gobierno de Navarra la demostración de que en el escenario actual se desdibujan determinadas ventajas territoriales? ¿Cuándo eso sucede emerge el interés por la Comunitat Valenciana como destino de inversión industrial? Estas preguntas deberían abrir una reflexión profunda, porque la ventana del espejismo de competitividad se cerrará más pronto de lo que nos gustaría.
