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primera mesa general de la función pública con el nuevo consell

Los funcionarios valencianos no cobrarán la extra hasta que Montoro habilite fondos del FLA

La primera Mesa General de Negociación de la Función Pública del nuevo Consell se salda con incertidumbre en las fuerzas sindicales sobre el calendario de pagos

6/10/2015 - 

VALENCIA. La primera reunión de la Mesa General de Negociación de la Función Pública con el nuevo Consell, en concreto con la titular de Justicia, Gabriela Bravo, y su equipo, se saldó con cierta incertidumbre entre las fuerzas sindicales respecto al cobro pendiente de la paga extra de 2012.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció días atrás la orden de que se procediera al abono del 25% de la extra de Navidad que en 2012 quedó congelada. Además, instó al pago del 50% restante a partir de enero del próximo año. En este sentido, desde el Ejecutivo central ya se han habilitado 17 millones de euros, así lo anunció el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, para el cobro de esta remuneración atrasada para, en este caso, los funcionarios del Estado. Un pago que está previsto efectuar con una nómina especial a mediados de octubre.

Ahora bien, como ya explicó Valencia Plaza días atrás, el Gobierno valenciano tiene verdaderas dificultades para afrontar este compromiso, que se eleva a unos 75 millones de euros. Prueba de ello fue lo ocurrido en la primera Mesa General de la Función Pública celebrada este lunes entre los sindicatos mayoritarios, FSP-UGT, Intersindical, CCOO, CSI·F y FSES y los responsables de la conselleria, de la que no surgió una fecha concreta para el futuro cobro del citado 25% de la paga extra.

Esta primera reunión fue larga -unas cuatro horas- e intensa. Gabriela Bravo, según fuentes presentes en el encuentro, ofreció "buenas intenciones", diálogo constante a las fuerzas sindicales y posibilidad de reuniones continuas, si bien no pudo asegurar en qué plazo se produciría el pago anunciado por el Gobierno central y que corre a cargo de las comunidades autónomas.

Los representantes sindicales insistieron en conocer el método y calendario de pago para la citada extra, finalmente y tras la insistencia de Luis Lozano (FSP-UGT), desde la Administración se admitió que, a día de hoy, hasta que no se habilitara un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) desde Madrid no podría hacerse frente al gasto. De la misma manera, tampoco concretaron el pago restante del 50% del próximo año si no se producía otro préstamo de este tipo.

Ante esta situación, otros líderes sindicales mostraron su decepción con lo expuesto por la consellera Bravo y su equipo: "He venido con optimismo y salgo con pesimismo", comentó Daniel Matoses (CSI·F) en la recta final de la reunión. De la misma manera, Vicent Maurí (Intersindical) insinuó que veía similitudes entre la forma de actuar del nuevo Consell y del anterior, liderado por PP. Unas palabras que la consellera replicó, visiblemente molesta.

Por otro lado, los sindicatos instaron a que se convocaran las mesas sectoriales de Administraciones Autonómicas y de Justicia, que todavía no se han reunido y que deben abordar la carrera profesional de ambas, una propuesta que fue bien recogida por la consellera. Además, se emplazó a celebrar una junta de portavoces el próximo jueves y una nueva Mesa General para el día 14 de octubre.

Pese a la incertidumbre en la concreción de las fechas durante la reunión, desde la Generalitat se manifestó que con este encuentro se había acordado iniciar los trámites para abonar la paga extra antes de que termine el año. Así, en la citada reunión del jueves, según emitió el Gobierno valenciano en un comunicado, se estudiará el método legal para llevarlo a cabo y que pueda ser tramitado por Les Corts "antes de que acabe el actual período de sesiones".

Por otro lado, desde la Generalitat se señaló que la Mesa había sido informada de la próxima derogación del precepto que impedía a los funcionarios públicos prorrogar su servicio activo más allá de los 70 años y afirmó haber iniciado las negociaciones para proceder a la recuperación de los días de libre disposición por antigüedad así como el aumento en un día de las vacaciones anuales por el mismo motivo.

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