Los gerentes de Divalterra niegan que contrataran a cargos por afinidad al PSPV y Compromís 

VALÈNCIA. Dos de los exgerentes de Divalterra han negado este miércoles que cubrieran los contratos de alta dirección en la empresa con personas elegidas únicamente por su afinidad a los partidos políticos que gobernaban en la Diputación de Valencia. Agustina Brines (Compromís) y Josep Ramón Tíller (PSPV) han detallado durante el juicio del caso Alquería cómo remodelaron la estructura para configurar nuevas áreas en las que situar a cargos de confianza. Escogidos, han asegurado, en base a su profesionalidad. Una tesis contraria a la que mantienen los investigadores de la causa, que apuntan a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por contrataciones irregulares que únicamente respondieron a un reparto partidista entre ambas formaciones con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. 

Ambos acusados han respondido, al igual que el resto, sólo a las preguntas de sus abogados. Han justificado que en aquel momento, 2015, y con la llegada del nuevo gobierno a la corporación provincial, había estallado el caso Taula que afectaba al PP y tenían que abordar la situación de "excepcionalidad". "Lo primero que observamos era una gran desconfianza, porque parece que habitualmente quien entraba echaba al personal anterior, había miedo e inseguridad. No teníamos a nadie de confianza, ni siquiera una secretaria", ha indicado Brines. 

La excogerente ha explicado que fue José Luis Pellicer (junto a José Luis Castellote los posteriores denunciantes del caso Alquería) quien le redactó la petición a un catedrático de derecho laboral para que analizase la figura del contrato de alta dirección y que informó favorablemente. 

En lo relativo a la cobertura de las áreas que ella gestionaba, ha asegurado que las personas vinieron cribadas por currículum, entrevista y experiencia. "Había una doctorada en Biología, otro con un máster en Economía, un doctor en Economía, otro abogado en ejercicio...", ha ejemplificado. No fue requisito, ha afirmado, la afiliación política: "No la conocía y por supuesto que no pregunté".

El motivo por el que se eligió ese tipo de contrato de alta dirección ha señalado que era porque se trataba "del más beneficioso para la empresa" debido a que "se podía despedir sin justificación y en ese momento no sabíamos si la empresa iba a continuar o no". "Nadie nos dijo que eran ilegales, ni siquiera el despacho externo que redactó los contratos", ha añadido. Tampoco, ha mencionado, el director jurídico de Divalterra, José Luis Vera: "Él no puso ningún reparo".

Informes contrarios

Sobre la existencia de informes contrarios a las contrataciones, Brines ha comentado que fue Víctor Sahuquillo (quien sustituyó a Josep Ramón Tíller en la gerencia) quien los pidió porque "quería cambiar a dos personas que no eran de su afinidad y se puso a ver resquicios para ver si les podía despedir". "Él por su cuenta pidió esos informes -en 2017- sin pasar siquiera por la mesa de contratación", ha dicho. 

La excogerente ha incidido en que no conocía previamente a ninguna de las personas a las que contrató para sus áreas y que nadie les advirtió de que las contrataciones debían pasar por el Consejo de Administración de Divalterra. También que todos los directivos tenían que presentar su memoria anual, que todos tenían funciones y que cada uno en su departamento había de rendir cuentas 

Igualmente, ha hablado del denominado Consejo de Dirección de la empresa. Los investigadores sostienen que, en realidad, se trató de una "estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración" de Divalterra y formada tan solo por los consejeros de PSPV y Compromís. A través de ella se habrían decidido las contrataciones y no existían actas. 

Brines, sin embargo, ha asegurado que era una mesa de trabajo y que no suplantaba al de administración. "Los contratos se llevaron a término escrupulosamente, nunca intenté favorecer políticamente a nadie", ha insistido. 

A continuación, ha intervenido Josep Ramón Tíller, gerente desde finales julio 2015. Cuando entró, ha explicado, se le comunicaron las directrices que debían de seguir, entre ellas la máxima colaboración con la Fiscalía porque tenían varias causas judiciales abiertas. Realizaron, ha remarcado, auditorías de personal, estudios financieros y administrativos para ajustar la plantilla de la empresa a los proyectos y necesidades de ese momento. 

Al llegar a ese cargo, llevaron a cabo una reestructuración de Divalterra porque "provenía del propio acuerdo de Gobierno" entre PSPV y Compromís. Así, crearon nuevas áreas, modificaron otras y dividieron o añadieron departamentos. "Pero no teníamos ninguna que no tuviera un precedente ya en la Diputación", ha destacado. "La distribución de áreas y la asignación de directivos a ellas responde a una propuesta y el propio pacto de constitución de la Diputación establece qué áreas debería gestionar un partido y cuáles otro", ha afirmado. 

El equipo de gobierno, ha apuntado, les conminó a que dotaran esas áreas lo más pronto posible y les definieron "claramente" los criterios con los que nombrar a los directivos: "experiencia académica, profesional y confianza" con los sueldos mínimos por categoría.

Proceso de selección

Comenzó entonces el proceso de selección. "Se le dio publicidad en medios de comunicación y en la web de la Diputación, por lo que me llegaron currículums tanto de manera personal como por correo, pero sobre todo desde la corporación. Lo que hice fue una criba en base a criterios académicos y de formación y me quedé con 5 currículums para dos áreas y 3 currículums para otra. Mi sorpresa fue que algunos me dijeron que no porque las condiciones económicas no estaban a la altura del puesto", ha relatado. 

Finalmente, eligió a tres personas porque le parecía "que tenían las aptitudes". "Tenía referencia de dos personas que habían sido alcaldes. No puedo decir que era amigo, pero sabía quiénes era. Sabía de su buena gestión y de su buen trabajo en los ayuntamientos dada mi trayectoria pública. Pero no discriminamos a nadie por razones ideológicas", ha manifestado Tíller. 

La Diputación, ha señalado, nunca le negó nada y le aceptaron la propuesta. La primera vez que se encontró con un contrato de alta dirección, ha indicado, fue el que firmó él y quien le habló de ellos fue José Luis Vera "porque eran los menos gravosos para la empresa". "El señor Vera es el que me explica los informes y me comenta verbalmente que las contrataciones de los directivos se podían hacer con la nueva clasificación de la empresa, que él ya había informado a la Diputación de clasificar la empresa. Yo estaba absolutamente convencido de que eso estaba bien". ha afirmado. 

Por último, ha asegurado que le consta que los directivos acudían a su puesto de trabajo cada día y que tenían funciones ejecutivas y tomaban decisiones en el ámbito de sus competencias, "sólo que tenían que seguir estratégicamente las líneas marcadas por el Consejo de Administración".