Los ingenieros técnicos y de grado consideran "discriminatoria" de la Ley de Función Pública Valenciana

VALÈNCIA. El grado de Ingeniería debe ser suficiente para acceder a una plaza de ingeniero del subgrupo A1 de la Generalitat Valenciana. Esta es la reclamación de los colegios de ingenieros técnicos y de grado de la Comunitat Valenciana, frente a lo previsto en la nueva Ley de Función Pública Valenciana, que exige a estos titulados un máster para poder acceder a dichas plazas.

Según explican estas entidades en un comunicado, tras el proceso de Bolonia, se estableció que el Marco Europea de Cualificaciones debía distinguir entre tres niveles (grado, máster y doctor) con el fin de “homogeneizar en toda Europa las competencias que debían tener los profesionales”.

Esta reforma sustituyó a la antigua clasificación que distinguía entre diplomaturas, licenciaturas y doctorado. A partir de ese momento, según defienden los ingenieros técnicos, “el grado es la titulación que confiere las competencias para la práctica de las actividades que exigen formación universitaria y el máster es un título de especialización”.

“Que un decreto español para el ejercicio de algunas profesiones exija un máster para su ejercicio privado en nada justifica que una ley sobre función pública cometa el mismo error. Máxime cuando esa misma ley para el acceso al cuerpo de abogados de la Generalitat no exige máster para poder ocupar una de tales plazas, aunque para poder ser abogado sí que haya que cursar un máster habilitante”, destacan estos profesionales.

Para ellos, esta es una “contradicción" que pone de manifiesto que en la Ley de Función Pública Valenciana se distingue entre lo que es la titulación para el ejercicio de profesiones privadas y el acceso a la función pública. Aseguran que, si de verdad el argumento de que lo que se exige para el acceso a la función pública debiera ser lo mismo que para ejercer una profesión liberal, “habría que impugnar todas las oposiciones de jueces, fiscales, abogados del Estado, de la Generalitat, notarias, etc. porque para ninguna de ellas se exige máster habilitante, sino simplemente un grado en Derecho”.

Cualquier trato diferenciado respecto de los graduados en ingeniería en relación con otros graduados españoles o europeos supone a su juicio una discriminación injustificada, que contraviene el marco europeo de competencias profesionales.

Al excluir a los graduados en ingeniería para puestos de la función pública relacionados con tal titulación universitaria se comete una discriminación y un anacronismo (se les trata como si en vez de graduados fueran diplomados universitarios).

Una diplomatura, recuerdan los ingenieros técnicos, no equivale a un grado, pues exige cursar unos créditos complementarios hasta alcanzar dicho nivel (cuando las propias universidades establecen en sus planes de estudio tal posibilidad), mientras que el grado actualmente equivale a la licenciatura, al título de arquitecto y de ingeniero.