La Unión Europea ha admitido la denuncia de "precariedad y discriminación laboral" presentada por un colectivo de interinos de la Universitat de València, algo que servirá de espaldarazo a los afectados para dirigirse a los tribunales ordinarios
VALÈNCIA. El personal interino constituye el 35% de la plantilla docente de las universidades valencianas. Trabaja en igualdad de condiciones, desempeña las mismas funciones y cobra una tercera parte del sueldo. Fue este preciso argumento el que llevó al Colectivo de PDI Asociado de la Universitat de València (UV) a presentar una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en noviembre del año pasado, al entender que existía “discriminación salarial y laboral” con respecto a sus compañeros titulares. Ahora Bruselas ha decidido atender la queja y emprender una investigación.
Lejos de mostrarse satisfechos, los miembros del colectivo de la UV han encajado la noticia como el principio del periplo, que pretenden culminar interponiendo una demanda por la vía administrativa. Esto es, están tejiendo una red junto al PDI de las otras universidades públicas valencianas, como la Universidad Jaume I (UJI) o la Universidad de Alicante (UA) para redactar un recurso conjunto que presentarán ante la Justicia ordinaria. Así lo confirma Vicent Monroig, portavoz de la plataforma valenciana, quien confía en que la decisión de Bruselas sirva de acicate para que los tribunales españoles también les respalden.
“Queremos darle visibilidad al problema. Lo que vamos a hacer es una campaña para que la sociedad lo conozca, más allá del ámbito meramente universitario. Es importante que la gente sepa la precariedad que viven algunos profesores universitarios, a los que muchos hacen en la cúspide”, argumenta.
En este sentido, incide en la importancia de crear una coordinadora de plataformas de PDI de todas las universidades, así como de apoyarse en casos particulares que se han ganado en la Justicia a la hora de presentar una demanda.
Concretamente, en una carta firmada por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecília Wikström, el Parlamento de la UE ha manifestado su intención de estudiar toda la documentación presentada y emprender una investigación en el marco de la UE. Asimismo, Wikström ha manifestado su intención de “remitir también esta denuncia a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo para su estudio”.
Por su parte, fuentes del vicerrectorado de profesorado de la UV niegan que se les haya notificado el inicio de dicho procedimiento por parte de la UE, pese a que se muestran dispuestos a “colaborar” en cualquier procedimiento que se ponga en marcha.
En su opinión, “no tiene sentido que se investigue únicamente a este centro universitario dado que a la UE le interesa la situación del profesorado asociado de todas las universidades”, han indicado. También han señalado que se trata de “un problema del marco legal de contratación”, por lo que atribuyen la responsabilidad al Gobierno central y a las “restricciones presupuestarias”, que impiden una mayor contratación.
Cabe recordar que actualmente la Generalitat valenciana se encuentra en plena negociación de un convenio laboral con el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades valencianas públicas, algo hasta la fecha inaudito en la Comunitat y que podría, en parte, suavizar la situación de los interinos.