Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Guardia Civil ha apuntalado en sus últimos informes del caso Azud las supuestas comisiones abonadas a dos de los principales investigados, el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, y su socio Diego Elum, por servicios no prestados en la práctica y con el objetivo de beneficiarse de contratos del Ayuntamiento.
La macrocausa de Azud se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Dentro de las indagaciones aparecen multitud de operativas.
Una parte de ellas abordan la licitación del concurso público para la gestión del servicio de limpieza y saneamiento de València. El Ayuntamiento la publicó en 2006 y el importe ascendía a 129 millones de euros con un plazo de ejecución de 15 años prorrogables a dos más. Acciona –en aquel momento Infilco Española– era una de las potenciales licitadoras de ese contrato y, de hecho, en ese momento se encontraba ejecutándolo. Finalmente, La UTE conformada por Acciona Agua y Acciona Infraestructuras resultó adjudicataria del servicio de limpieza y saneamiento tras ser aprobado por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de València.
Como ya ha establecido la Unidad Central Operativa (UCO) en informes anteriores, en aquel momento, y justo antes de la adjudicación, Acciona suscribió un contrato de prestación de servicios con el despacho Delum Abogados por un precio de de 2,56 millones de euros (es decir, aproximadamente un 2% del importe de licitación). De ellos, 1,7 millones fueron a parar a su vez al despacho de Corbín. De esta manera, y de acuerdo con la Guardia Civil, las cantidades que esta empresa abonó a Corbín y a Elum corresponderían, realmente, a pagos por haber resultado beneficiaria del contrato con el consistorio.
Las indagaciones más recientes refuerzan, según los investigadores, esta tesis. La UCO incide en que los trabajos supuestamente desarrollados por Elum en el marco del contrato suscrito con Acciona realmente nunca fueron realizados por su despacho sino por los trabajadores de la misma Acciona.
La Guardia Civil hace hincapié en que el análisis de los metadados de los documentos –lo que permite comprobar su creación original– evidencia la ausencia de referencias a Elum o a personas relacionadas con este despacho, sino que todas las halladas son relativas a Acciona. Los servicios consistían en estudios económicos, estatutos de la UTE, condiciones de contratación con empresas, escrituras, etc.
Las diligencias practicadas, señalan los agentes, han permitido recopilar elementos en ambos sentidos. Por un lado, que desde Acciona se trasladaba a Elum sus pretensiones empresariales relativas a procedimientos seguidos en el Ayuntamiento de València o entidades vinculadas; y, también, que en el seno del grupo empresarial se asociaba a Elum con la en ese momento alcaldesa, Rita Barberá.
"Los trabajos en apariencia realizados por Diego Elum en respuesta a un encargo profesional realizado por Acciona mediante contrato privado en 2006 en realidad no habrían sido confeccionados por esta persona, sino que se trata de documentos elaborados por trabajadores y responsables de Acciona y la UTE Saneamiento de Valencia a los que, posteriormente, se habría insertado la identificación profesional y rúbrica de Elum, así como el anagrama del despacho", señala la UCO.
