VALÈNCIA (EFE). La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha manifestado su desacuerdo con la decisión de declarar inconstitucional el decreto del Consell que regula el acceso universal a la atención sanitaria y han reivindicado una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
En un comunicado, los médicos de Familia valencianos han mostrado su "indignación por la falta de sentido común y de sensibilidad" de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Decreto Ley 3/2015 del Gobierno Valenciano que regula el acceso a la sanidad de personas extranjeras en situación irregular y a ciertos colectivos de personas de nacionalidad española.
La organización estima que unos 80.000 residentes de la Comunitat Valenciana sufrirán una "expulsión" del sistema sanitario público y arremete contra el Gobierno del Partido Popular por mantener vigente el Real Decreto 16/2012 que es "el origen del problema, puesto que su aplicación ha supuesto el fin del derecho a la atención sanitaria universal en nuestro país".
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria acusa al gobierno de Mariano Rajoy de llevar a cabo una política de Sanidad "ineficiente" desde el punto de vista económico, médico, y de respeto a los derechos humanos y reclama su rectificación "para que el derecho al acceso a la Sanidad Pública vuelva a estar vigente en toda España".
Los médicos de familia han asegurado que el problema no afecta exclusivamente a personas excluidas, sino que se trata de un problema para la Salud Pública ya que "los virus, las bacterias, y las enfermedades no distinguen entre personas con derecho a la asistencia sanitaria y quienes no lo tienen".
La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ha reivindicado una "Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad" y ha demandado una Atención Primaria "fuerte y correctamente financiada".
Médicos del Mundo Comunitat Valenciana también ha denunciado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-Ley 3/2015 que regula el acceso universal a la atención sanitaria "vulnera directamente uno de los derechos humanos fundamentales de las personas que es el derecho a la salud".
La sentencia declara inconstitucional y nulo el decreto al dictar que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aún cuando éstas asuman el costo de las mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal.
Según un comunicado de Médicos del mundo, al restringir esa posibilidad por parte de las Comunidades Autónomas, el TC "corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud".
A su juicio, impedirles que puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal, "atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales".
De este modo, según el comunicado, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una "camisa de fuerza" que impedirá que las comunidades adopten una normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en el ejercicio legítimo de sus competencias.
Desde la organización han denunciado que "la aplicación de esta sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas de la sociedad valenciana".
"Somos conscientes y conocedores por nuestra experiencia en el pasado con la entrada en vigor del RD16/2012, que la ausencia de una ley que blinde y asegure la sanidad universal va a volver a generar un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunitat Valenciana", han agregado.
Ante esta situación, la organización ha anunciado que "va a luchar más que nunca por recuperar nuestra sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas independientemente de su situación administrativa, económica o nacionalidad".
Médicos del Mundo ha defendido que "el derecho a la salud es un derecho universal e inalienable, inherente a todas las personas por igual que no se puede negociar" y ha instado a los partidos políticos que firmaron el pacto por una sanidad universal el 12 de septiembre a unirse a esta reivindicación y a la sociedad civil a unirse a esa lucha.