VALÈNCIA. Los seis casos constatados de médicos forenses que cobraban por la actividad privada de emitir certificados de incineración innecesarios se saldó sin ningún tipo de sanción.
Según la Agencia Valenciana Antifraude, durante 2016 cobraron en total 51.200 euros por este servicio al margen de su actividad en el Instituto de Medicina Legal en las instalaciones del Tanatorio de València, como publicó este diario. Pero cuando salieron a la luz las conclusiones de la investigación practicada en el seno de la Conselleria de Justicia, dos de los implicados ya habían abandonado su plaza, y la infracción había prescrito para el resto.
Todo empezó con una denuncia ante la Conselleria de Transparencia por parte de dos trabajadores del Instituto en 2016, quienes se quejaban de que el sistema de guardias en el Instituto no era equitativo y que ello podía ser debido a la emisión de estos certificados de incineración. Y aunque no se constató ninguna irregularidad con las guardias, sí se detectó esta emisión indebida de certificados por parte de la Inspección General de la Generalitat en 2017, por lo que instó a los tres institutos provinciales a advertir a los profesionales de que dejaran de suscribir estos certificados.
En 2018, la Dirección General de Justicia hizo público que había abierto un expediente informativo a los seis médicos forenses que estaban llevando a cabo esta práctica. Habían pedido la compatibilidad para la actividad privada a la Conselleria, si bien según explicaron fuentes del propio departamento, esta no se le había dado porque la normativa para este tipo de actividad, la ley valenciana de Prácticas de Policía Sanitaria Morturia, era "difusa" al respecto.
Los certificados de incineración son documentos que constatan que en los cadáveres no hay restos termoactivos y que, en efecto, pueden ser incinerados sin problema. Aunque la ley no los contemplaba, tampoco los prohibía. Por contra, el Ayuntamiento de València sí que exigía en su página web el certificado para llevar a cabo la cremación de los cadáveres judiciales. Y en virtud de ello, los seis médicos forenses cobraban al suscribir estos documentos como médicos privados. Una práctica que, por otro lado, era habitual en las últimas dos décadas y que realizaban no sólo forenses sino también otros médicos colegiados.
Precisamente fue esta alegalidad la que sirvió para que los seis empleados públicos se libraran de la sanción de la Conselleria. Los investigadores, al constatar lo "difusa" que era la normativa al respecto, tuvieron a bien rebajar la infracción un grado dentro de la escala de gravedad, de manera que el plazo de prescripción de la misma también se rebajó y los hechos constatados en 2016 ya no podían ser objeto de la sanción.
El informe de Antifraude que salió a la luz esta semana recogía que, tras el toque de atención de la Inspección en 2017, estas prácticas dejaron de realizarse, si bien precisamente "no consta que se haya depurado responsabilidades derivadas de estas actuaciones en el pasado" y que son, apunta, "susceptibles de ser constitutivas de un posible ilícito penal". Tampoco se ha trasladado a la Fiscalía ni se ha reclamado la devolución de este dinero por parte de los médicos forenses.
Antifraude recoge que estos médicos "estaban cobrando para su propio beneficio por la emisión de un certificado indebido, innecesario y sin respaldo legal alguno", "y sin que dichos fondos pasaran por el control ni las arcas públicas, exigiendo tarifas o minutas que no eran debidas sin que se haya producido el reintegro de las mismas". Se trata, para Antifraude, de una práctica que para un médico privado "no tiene respaldo normativo" pero que en el caso de empleados públicos que hayan trabajado con los cuerpos que se van a incinerar, tampoco, puesto que ello "supone el ejercicio de una actividad lucrativa privada afectada por el régimen de incompatibilidades".
También en la conservación de cadáveres se constataron irregularidades por parte de Antifraude y por la Inspección de Servicios. Se había generalizado que los cadáveres judiciales cuyo destino estaba fuera de la provincia de Valencia fueran sometidos a tratamientos de "conservación transitoria". No obstante esto excedía los supuestos legales que marca la ley para este tratamiento.
Aquí, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y sus auxiliares de autopsias "intervenían como médicos particulares (privados)" en casos en los que estaban realizando funciones públicas de médico forense. Esto también dio pie a cobros indebidos, cuyo montante no queda reflejado en el informe de Antifraude, pero sí dice que la Inspección cifró en "cantidades muy elevadas".
En este sentido, también la Inspección desvelaba en 2017 que, al margen de los tratamientos de conservación, en las dependencias del Tanatorio municipal cedidas al Instituto se estaban realizando "como actividad privada propia, acondicionamientos de cadáveres judiciales" por parte de un auxiliar de autopsias que no tenía ninguna compatibilidad.
A todo ello se sumaban "costes adicionales" que cobraban los auxiliares de autopsias, según Antifraude. Por el acondicionamiento de cadáveres, percibían entre 80 y 110 euros y además, cobraban a las funerarias que acudían a recoger los cuerpos conservados 30 euros más en concepto de los líquidos empleados. "No se entregaba ningún recibí o factura alguna y en otras ocasiones se recibía 3 botellas de litro de formol como pago en especie", recoge Antifraude.
Esas mismas personas, es decir, los auxiliares de autopsias, eran los que "estarían realizando materialmente los trabajos de conservación" de los cadáveres, de manera que serían los que estarían actuando "como intermediarios en los pagos en efectivo que se hace a los médicos forenses" tanto por estos tratamientos como por la expedición de los certificados de incineración indebidos. Por todo ello, los auxiliares, dice Antifraude, estarían percibiendo comisiones de entre el 15% y el 20%.
