VALÈNCIA. No gusta a los ayuntamientos, en líneas generales, la idea del Gobierno de descargar la tramitación del nuevo Ingreso Mínimo Vital en los entes locales sin compensación alguna por esta sobrecarga de trabajo. De ahí que hayan exigido, por un lado, que la gestión por parte de los consistorios sea voluntaria, y por otro, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haga un trasvase de recursos a aquellos que deseen colaborar en los trámites burocráticos del sistema de ayudas impulsado por el Ministerio de Seguridad Social, que encabeza José Luis Escrivá.
Es lo que acordó este lunes la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El mencionado órgano, en el que están representados hasta 25 municipios gobernados tanto por el PP como por el PSOE o Unidas Podemos, aprobó instar a que el acuerdo que selle la FEMP con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contemple la transferencia de recursos para que los entes locales puedan llevar a cabo esta tarea.
Faltan cinco días para que se abra el plazo de solicitudes del subsidio, pero todavía hay muchas dudas al respecto de cómo se va a gestionar y quién va a pagar este trabajo. Los responsables municipales todavía no han recibido instrucciones ni se ha suscrito el mencionado convenio. En ese sentido, con este movimiento los concejales de Hacienda y alcaldes intentan presionar para que se compense la asunción de las nuevas funciones. Concretamente, el acta de la reunión insta a que dicho pacto para la gestión del Ingreso Mínimo "recoja la necesidad de que se transfieran [...] los recursos necesarios, tanto para personal como para elementos tecnológicos (soportes informáticos)". Y además exige que se establezca que "los ayuntamientos podrán adherirse voluntariamente".
El borrador del convenio de colaboración ya público establece que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán los que den inicio a los expedientes de solicitud y que el INSS se encargará de las resoluciones. Los municipios más pequeños lo harán mediante las diputaciones. Así, aunque algunos se muestran dispuestos a colaborar, alertan de un posible bloqueo si no reciben una contrapartida por unas competencias que consideran "impropias".
Ciertamente, el decreto que regula la renta mínima ya dejaba claro que los gastos derivados de estas gestiones "deberán ser financiados por las entidades locales" únicamente con el presupuesto anual y que, además, el convenio "no implica por sí mismo obligación alguna de contenido económico para ninguna de las partes". O en otras palabras: el decreto no compromete al Ejecutivo central a ayudar con fondos a los ayuntamientos en los trámites administrativos de esta ayuda. A todo ello, se le suma la prohibición de aumentar el gasto en personal más de un 5% para sacar adelante los expedientes.
En la Comunitat Valenciana son unos 65 municipios los que deberían cursar las solicitudes, pero en la comisión de Haciendas sólo está representado el Ayuntamiento de València mediante el concejal socialista Ramón Vilar, quien tras el encuentro pidió al Gobierno que "con urgencia y sin más dilación atienda las propuestas de la Federación". Ante esta situación, el Partido Popular hizo suya la reivindicación y en València, como en el resto del país, presentó una moción para reclamar más fondos. Su portavoz, María José Català sentenció que el colapso "está asegurado si el Gobierno no da más dinero para que los consistorios refuercen el personal".
Pese a no referirse a los fondos de ayuda, Escrivá anunció este martes que los gastos presupuestarios en los que incurran los ayuntamientos "estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años". Además, algo que podría aliviar en parte a los servicios municipales es que el ministerio ya estudia fórmulas para que los perceptores de rentas mínimas existentes no tengan que hacer el trámite administrativo. La intención, según comentó el ministro este lunes, es que el Gobierno reciba el listado de los beneficiarios de estas ayudas de las comunidades autónomas para actuar de oficio.
Todavía falta, no obstante que la FEMP presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, suscriba el convenio definitivo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La postura de la Comisión de Haciendas pasará ahora a la Junta de Gobierno de la Federación, que deberá decidir finalmente si estas reivindicaciones quedan reflejadas en el acuerdo y, de hacerlo, cómo se hará. No obstante, parece haber cierto consenso entre todos los municipios en torno a estos puntos, por lo que presumiblemente no habrá excesivos obstáculos en que la Junta de Gobierno asuma esta postura.
Además, persiste la batalla de los municipios para que el Gobierno les permita usar los ahorros amasados por la restricción de la regla de gasto implantada con las leyes de estabilidad presupuestaria. Por el momento, la única medida que ha puesto en marcha el Gobierno de Sánchez en este sentido es permitir a los consistorios gastar el 20% de esos ahorros en gasto social, para atender las primeras urgencias de la crisis.
Algo que las administraciones locales consideran insuficiente: la Federación ha pedido en varias ocasiones, y este lunes la Comisión de Haciendas lo volvió a hacer, que se liberen esos montantes millonarios y que puedan ser utilizados libremente por los consistorios de manera excepcional. Para ello, el Gobierno debería emitir un decreto en el que fije la cantidad de dinero guardado del que podrán disponer los ayuntamientos, así como las finalidades a las que deberá destinarse. "No sabemos a qué esperan", lamentan dirigentes municipales preguntados por este diario.
En la Comunitat Valenciana, el sumatorio de todos estos ahorros alcanza los 4.750 millones de euros. En el Ayuntamiento de València, por ejemplo, los remanentes del pasado ejercicio son de 57 millones de euros. Y lejos de desbloquearlos como piden los entes locales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluso ha planteado que el gobierno 'confisque' todos estos ahorros para crear un fondo común compensatorio, para repartirlo "sin asimetrías". Esto ha soliviantado a alcaldes, concejales y dirigentes autonómicos de todo signo.