VALÈNCIA. Hace apenas unas semanas el Ayuntamiento de València presentaba una campaña a través de la que quieren autoproclamarse como ‘Music City’, un proyecto que se levanta sobre una marca pero que, sobre el papel, cuenta con muchos deberes pendientes para llegar a ser un referente musical. Entre ellos, atacar el ‘caso Borja Catanesi’. El músico valenciano fue nombrado el año pasado como el mejor músico callejero del mundo en la primera edición de los Universal Street Games, sin embargo, ni eso puso freno a la colección de multas que tiene por tocar en la calle. La última, hace apenas un mes, cuando tocaba frente a la plaza de toros. “Con este tipo de cosas, València no parece la ciudad de la música. Triste es tener que salir de tu ciudad. Me voy con la música a otra parte”, lamentaba el propio Catanesi a través de sus redes sociales. Su caso sirve como ejemplo de una actividad que la administración todavía no ha logrado encajar en su estructura, una realidad callejera que no se ve reflejada en la normativa municipal. O lo hace de una manera caduca.
Tras cuatro años de reuniones y negociaciones con la administración pero pocos avances reales, la Asociación de músicos y artistas callejeros de València (Musicarte Urbano) se ha puesto manos a la obra para presentar una propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora de Ocupación del Dominio Público Municipal sobre la que empezar a ver resultados. “Durante estos últimos cuatro años no hubo ningún cambio, está igual [la ordenanza] que durante el gobierno popular”, lamenta Kirón, portavoz de la asociación. Con el objetivo de impulsar una modificación de la normativa que está paralizada, la cooperativa valenciana El Rogle ha desarrollado un documento de propuestas a partir de los casos recabados en la asociación, un proyecto al que seguirá una encuesta a músicos callejeros y distintos encuentros con hosteleros y/o vecinos de València para generar un clima de consenso en torno a esta cuestión.
Ante la prohibición en la ordenanza vigente de utilizar instrumentos de percusión y de cualquier tipo de amplificación la entidad plantea que se permitan percusiones de “baja emisión sonora” (excluyendo baterías completas o conjuntos que formen una batucada) así como la amplificación moderada, respetando los niveles de decibelios que marca la normativa de contaminación acústica. Para el caso concreto de los instrumentos de metal -como trompetas o tubas-, se propone que lleven sordina cuando sin ella superen la contaminación acústica estipulada. “Nos multan por contaminación acústica pero no miden la cantidad de decibelios”, explica Kirón quien, incide, en la mayor parte de las denuncias se hace sin demostrar que el nivel de decibelios supera lo establecido, pues la policía tampoco cuenta con los materiales para ello. El propio Catanesi explicaba tras su última multa que estaba tocando frente a decenas de coches rodando, una situación que se repite sin que se haya llegado a avanzar en la modificación de una normativa que no gusta ni a unos ni a otros.
“Si un músico que hace lo que hago yo (viaja y está una semana en un sitio), y viene a València, no puede pedir permiso para tocar. Pero, por ejemplo, en Bolonia vas a la oficina de policía y te dan un permiso para el día. Son pequeños detalles que hace que allí esté mejor regulado”, explicaba el músico en una entrevista concedida a Culturplaza. Así, en el caso de las autorizaciones, la asociación musical plantea diseñar dos modelos diferenciados: uno de larga duración para residentes y otro de corta duración, con la posibilidad de ampliar a un tercer modelo ‘intermitente’. En el primer caso, las de larga duración, serían de duración anual o semestral mientras que el de corta duración tendría un periodo de vigencia de un mes o quince días, en ambos casos con un límite de 40 autorizaciones por zona. En el caso de las autorizaciones ‘intermitentes’ el límite sería de 20 autorizaciones, un permiso para fines de semana y festivos.
Con este documento, desde Musicarte Urbano pretenden poner freno a la tensa relación entre los músicos callejeros y la administración pública, una modificación que en un primer momento estaba entre los planes del gobierno municipal pero que no ha llegado a materializarse. “Se nos está multando y requisando los instrumentos, pero es eso o no tocamos”, explica a este diario el portavoz de Musicarte Urbano. Si bien los cambios en la normativa, explican, hará “más complicado infringirla”, también incluyen entre sus peticiones que no se requisen los instrumentos cuando el músico solo acumule una infracción.
Sobre los horarios, la asociación propone, entre otras cosas, generar horarios de invierno y verano (en este último caso hasta las 23 horas), así como la posibilidad de tener horarios específicos para ciertas zonas, especialmente aquellas de gran afluencia turística. De igual forma, la entidad contempla la posibilidad de crear unos espacios concretos ‘libres de autorización’ en los que asociaciones artísticas y culturales pudieran llevar a cabo actuaciones en la calle sin necesidad de contar con permisos previos. Por su parte, con respecto a la cuestión de la retribución económica, la asociación propone que los músicos puedan pedir la voluntad en el caso de que cuenten con el consentimiento verbal de los propietarios del bar o restaurante y que puedan comercializar con aquellos productos que procedan directamente de la labor artística del autor.
EnViu! presenta una propuesta para salir del limbo que las hace "inviables"