Los voxistas fuerzan que el decreto de simplificación administrativa se tramite como proyecto de ley, por lo que los populares tendrán que modificarlo
VALÈNCIA. El PP y Vox han evidenciado este lunes sus nuevos roles en Les Corts. Los exsocios, divorciados tras la ruptura del pacto por parte de los segundos la semana pasada, han comenzado a dejar ver las que serán sus respectivas estrategias a partir de ahora. Lo han hecho durante el último pleno del actual periodo de sesiones en el Parlamento autonómico, cuya actividad se retomará en septiembre.
Si se tuviera que resumir la jornada de alguna manera, se podría decir que el PP ha salvado los muebles, pero con problemas. Vox ha demostrando que lo de aprobar las leyes e iniciativas junto a los populares de manera sistemática –y previamente negociada– se ha acabado. Los voxistas, aunque han apoyado la mayoría de decretos que se convalidaban junto al PP, han dado una estocada importante a sus exsocios con el de simplificación administrativa, que ahora deberá tramitarse como proyecto de ley –algo que los populares querían evitar–.
Dentro del orden del día del llamado 'pleno escoba' de este lunes se encontraba la aprobación del nuevo director de la Agencia Antifraude, Eduardo Beut. El viernes quedó claro que Vox lo apoyaría junto al PP porque era algo pactado antes de la ruptura del pacto. Una manera de mostrar algo de lealtad pese a la nueva situación. Tras la votación de hoy, la entidad tiene dirección tras un periplo que ha durado meses. Ha salido adelante en segunda votación sólo con los apoyos de la derecha, algo que permitía la nueva ley de Antifraude a la que dieron luz verde los exsocios.
Junto a este asunto, Les Corts tenían que convalidar tres decretos ley procedentes del Consell: el de medidas tributarias urgentes destinadas a compensar los efectos negativos a las personas afectadas por el incendio de Campanar; el de la prórroga del abono joven gratuito y los descuentos en el transporte público; y el de simplificación administrativa.
El meollo está en este último. Se trata de uno de los planes estrella del Gobierno autonómico y una de las principales promesas electorales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El decreto, explicó el jefe del Consell, reduce la burocracia en todos los departamentos autonómicos al eliminar o modificar 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes.
La ley modifica, efectivamente, multitud de normativa autonómica e introduce todo tipo de novedades. De hecho, recordaba más bien a una ley de Acompañamiento a los Presupuestos, donde se aprovecha para cambiar numerosas normas. O, más ajustadamente, a los llamados 'decretos ómnibus', que permiten los cambios de varias leyes de manera simultánea en diversas materias. De ahí la importancia del texto a nivel legislativo, que además se ha aprobado en un momento especialmente significativo, como es justo cuando se cumple el primer año de legislatura. Un periodo en el que los nuevos gobiernos aprovechan para llevar a cabo sus reformas legales de mayor relevancia como contraposición a la gestión del anterior ejecutivo.
Y es precisamente por esa complejidad normativa y por lo que comporta su aplicación para los próximos años por lo que resultó llamativo que el Consell hubiera recurrido al decreto ley. Esta fórmula para legislar está contemplada en la Constitución en caso de "extraordinaria y urgente necesidad" y se considera provisional debido a que se ve como una excepción en la separación de poderes, dado que el legislativo recae en los Parlamentos. Sin embargo, los gobiernos la usan habitualmente. De hecho, el propio PP ha criticado en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez –e incluso a Ximo Puig– por el abuso de esta vía.
La tramitación de un decreto ley resulta mucho más rápida y sencilla, pero existen menos controles. Aunque siempre suelen contar con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, se evitan los informes de órganos como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), encargado de velar por la legalidad y el ordenamiento jurídico en cada norma que sale de la administración pública.
Además, se elude toda la tramitación ordinaria en Les Corts al no haber posibilidad de presentación de enmiendas ni de debate, lo que rebaja la fiscalización de los partidos de la oposición. Únicamente es necesaria una convalidación por el pleno del Parlamento autonómico. La que ha tenido lugar este lunes pero que cambia todo lo mencionado anteriormente por un motivo: Vox ha forzado que se tramite como proyecto de ley.
¿Y en qué se traduce? Supone que el actual decreto ley Simplifica, que ya se encuentra en vigor, tenga fecha de caducidad. Éste durará hasta que se apruebe el nuevo proyecto de ley que entrará en Les Corts a partir de septiembre.
Con su postura, Vox comienza a molestar en una norma estrella de Mazón de especial calado legislativo. El PP ha aceptado la tramitación propuesta por Vox –algo que también pedía la oposición– y tendrá que renegociar. El proyecto de ley habrá de ser remitido por el Consell a Les Corts, donde iniciará el trámite como cualquier norma: presentación de enmiendas por parte de los grupos, paso por comisión y votación.
Aunque en el mejor de los casos el texto final no cambiara sustancialmente del inicial, los populares tendrán que incorporar modificaciones para sacarlo adelante. Todo pese a querer evitarlo, dado que lo presentaron, precisamente, como decreto para saltarse todo este proceso. Una vez aprobado, entrará en vigor, sustituyendo al actual texto que ahora se está aplicando.
La diputada de Vox Ana Vega ha criticado el "urbanismo salvaje" que permite el decreto Simplifica –debido a que se 'coló' la posibilidad de construir hoteles a 100 metros del litoral– y a que la gestión de las renovables es "mejorable". "Vox somos ahora oposición y somos oposición seria. Nuestra lealtad es con los ciudadanos que nos han votado", ha afirmado en un claro aviso al PP sobre cuál va a ser su papel a partir de ahora.
La oposición, con sus "ohhh", ha tenido que reprimir un aplauso. Mazón, presente en el hemiciclo, ha comenzado a comprobar, como era previsible, que no será nada fácil sacar adelante leyes clave en el nuevo escenario. Sus señorías se despiden hasta septiembre, cuando empezará la verdadera 'fiesta' con la negociación de los Presupuestos de 2025, la verdadera prueba de fuego para el PP.