Los pactos de la Fiscalía

A ver si lo entiendo. Si te has beneficiado ilegalmente de dinero público o has defraudado a Hacienda no vas a ir a la cárcel siempre que pactes con el fiscal devolverlo. Dicho de otro modo, roba y defrauda todo lo que puedas, cuanto más mejor aunque sea delito, que si te cogen no tienes peligro de cárcel. Eso sí, tendrás que devolverlo y pagar una multa, pero, ¿y si no te cogen? Esa pregunta la podrían responder algunos políticos, expolíticos y empresarios valencianos en cuyo rostro se confunde, mientras cuentan los años de prescripción, el miedo, la sorpresa y el regocijo por no haberse visto –"con todo lo que hicimos"– salpicados.

Los pactos de la Fiscalía con los acusados, las llamadas conformidades, son habituales y están regulados por ley para delitos con condena inferior a seis años de cárcel. El reo acuerda una pena con el fiscal, se conforma con la condena a menos de dos años –no entra en prisión si no es reincidente– y así se evita el juicio, la posible absolución cuando el fiscal no tiene muy atado el tema y posibles recursos, con todas las molestias y gastos que implica un largo proceso. Bien.

Modesto Crespo es el último presunto sinvergüenza que ha negociado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para que le rebaje la pena y no entrar en prisión. Según la acusación, siendo presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), un cargo que por estatutos no tenía retribución, Crespo percibió un sueldo de 600.000 euros como presidente ejecutivo de una filial de la entidad, Tinser Cartera, a la que no dedicó un minuto de su valorado tiempo. Todo esto no es nuevo –véanse los acuerdos con los futbolistas defraudadores–, pero no deja de sorprender a la gente honrada, la misma a la que persigue la Agencia Tributaria mientras el ministro Cristóbal Montoro amnistía a los delincuentes de cuello blanco. 

Eso es, ni más ni menos, comprar años de reducción de pena con el dinero que has robado

Ahora, con la avalancha de juicios por corrupción se ha dado un paso más, ahora lo habitual son los arrepentimientos nada espontáneos negociados entre la Fiscalía Anticorrupción y los reos que tienen buenos abogados. Y aquí es donde a uno le surgen dudas sobre la falta de transparencia de esos pactos y, sobre todo, hasta qué punto la labor de los magistrados, que son los últimos encargados de impartir justicia, está condicionada por acuerdos de un fiscal sobre materias que a veces ni siquiera forman parte del proceso en cuestión.

Vayamos a lo concreto, el juicio sobre la presunta financiación ilegal del PPCV. El fiscal pacta con los abogados de los nueve empresarios que se han forrado a adjudicaciones a cambio de financiar al PP una condena menor que al final se queda en una multa irrisoria. No van a la cárcel. La fiscal Myriam Segura ya tiene una prueba contundente, además de las documentales. Estos señores confiesan que financiaron al PPCV pagando sus gastos electorales. 

Después confiesan los miembros de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, que por indicación del PP facturaban a los corruptores los servicios que en realidad prestaban a los corruptos. Rebaja de petición de pena también para ellos, sobre todo para quien más dinero se llevó –Correa– porque es quien más tiene que devolver. Eso es, ni más ni menos, comprar años de reducción de pena con el dinero que has robado, cosa que no pueden hacer, o no en la misma medida, Crespo y Álvaro Pérez.

(Dice El Bigotes que en la cárcel se ríen de él cuando comenta que le han condenado a 13 años de cárcel por lo de Fitur: “¿A cuántos has matado, Alvarito?”. La fiscal pide ahora para él 16 años –eran 27 antes de la rebaja del otro día– por lo de la financiación ilegal, compárese con la multa para los que pagaban y el máximo de 7,5 años para los que cobraban; él estaba en medio).

Sigamos. Ya tenemos arrepentidos que pagaban y arrepentidos que cambiaban las facturas para facilitar la financiación ilegal. ¿Hacen falta más arrepentimientos para condenar? "Esta fiscal es un chollo", debieron pensar los abogados de Ricardo Costa, que se aprestó a vomitar todo lo que tenía parado desde hace años en el estómago –él siempre ha tenido mucho estómago– sobre este caso y sobre otras corruptelas del partido. El premio para el exnúmero dos del PPCV, que no es un arrepentido, es una rebaja de condena que probablemente acabe en su no ingreso en prisión, como explicaba el otro día Loreto Ochando. O un ingreso con salida exprés. Es el premio por haber estado callado tanto tiempo permitiendo que prescriban delitos de los que era conocedor. El resultado de ese acuerdo tampoco es transparente, no sabemos si servirá para algo, ningún organismo ni autoridad va a evaluar si el pacto de la fiscal Segura con Costa es razonable.

Defienden los pactistas que la reducción de pena a cambio de devolver el dinero beneficia todos porque se recupera lo robado, pero deberían cambiar la ley para que fueran al revés: primero la condena sin reducción ninguna y, ya en la cárcel, ni un día de beneficio penitenciario mientras no devuelva el dinero.

En resumen, cuanto más corrupto has sido y más te has llevado, más material tienes para negociar con los fiscales y que te libren de la trena. Si eres un pringado, te aplican la tarifa como a Milagrosa Martínez, nueve años.