Los pensionistas olvidados del conflicto entre Venezuela y España

VALÈNCIA. La cita es en una cafetería en la esquina entre las calles Colón y Pizarro de València. Luis González, Francisco Espert, Wilfredo Castro y Óscar Silva acuden acompañados por el abogado Alberto Aznar. Junto a Santiago Calvo Escoms, Aznar defiende a la Asociación de Jubilados Hispano-Venezolanos de la Comunidad Valenciana en su actual pleito con el Gobierno de España a cuenta de las pensiones que no cobran desde diciembre de 2015. Fue en esa fecha que el gobierno de Nicolás Maduro decidió no seguir abonándolas. Desde entonces hasta ahora todos ellos han tenido que subsistir echando manos de ahorros, de la ayuda de familiares. Y mientras el Ministerio de Hacienda les ha reclamado el pago de los impuestos derivados de unas prestaciones que no han recibido.

Los pensionistas han solicitado al Gobierno que Hacienda no les exija que coticen por lo que no han cobrado y que, al menos, se les adelante una parte de sus pagas en forma de ayuda, a la espera de que se normalice la situación. Así lo ha solicitado también el Defensor del Pueblo, que ha hecho suyas sus peticiones. En una recomendación formulada a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en noviembre, el órgano pedía tanto que no se computase como ingreso las pensiones no abonadas, “para que pueda reconocerse su derecho al cobro de complemento a mínimos de sus pensiones”, como la concesión de ayudas “que eviten situaciones de pobreza”. Y es que muchos de ellos, tras dos años sin cobrar, estar al borde del desahucio, con algunos casos límite. Ante estas recomendaciones del Defensor del Pueblo, la Secretaría de la Seguridad Social dio una respuesta en la que consideraba imposible ayudar a los pensionistas. La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepción Ferrer, en una misiva criticó la actitud de la Secretaría e informó a los pensionistas valencianos de que había dado por finalizada la interlocución con la Secretaría, y había elevado al Ministerio de Fátima Báñez las recomendaciones. La pelota está en La Moncloa.

Miles de afectados

La situación afecta a más de nueve mil personas en España, según explica Óscar Silva, presidente de la asociación valenciana de jubilados venezolanos. Junto a Francia, México y Argentina, la emigración a Venezuela constituyó uno de los destinos usuales de los españoles los primeros años de la dictadura franquista. Una emigración que fue casi asimilación, creando lazos familiares entre ambos países tan sólidos que ni siquiera el enfrentamiento político ha conseguido romperlos. Cuenta la periodista castellonense Lorena Pardo que sus hermanos aún hoy día, cincuenta años cumplidos, siguen saliendo a la calle para protestar por la situación política del país. Pardo nació en el país caribeño, allá por los años setenta. Sus padres habían emigrado casi dos décadas antes, a mediados de los cincuenta. Su madre, explica Pardo, aún conserva algunos dejes de sus años allí y llama a los mosquitos ‘zancudos’ o al armario ‘closet’. Cuenta también que fue allí donde vio la primera televisión, el primer coche, la primera nevera, las primeras máquinas expendedoras de Coca Cola…

Durante los cinco años y un mes que duró la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (de diciembre de 1952 a enero de 1958) Venezuela fue una nación de acogida de emigrantes. Españoles, italianos y portugueses ocupan el podio de un listado en el que también hay que incluir a búlgaros, alemanes, húngaros, holandeses, rusos… Huían de una Europa devastada por las guerras y buscaban estabilidad y empleo. Fueron millares, centenas de miles. Según el último padrón de residentes en el extranjero, en Venezuela viven 218.481 españoles, de los cuales una cuarta parte (51.226) son nacidos en España. Pero esa cifra mengua conforme pasan los días. Desde la llegada al poder del fallecido Hugo Chávez, decenas de miles de españoles, ya sean de nacimiento o nacionalizados, han regresado. Y la cifra de los que vuelven sigue aumentando. Este viernes en Santo Domingo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citando datos de Acnur, advertía de que actualmente están saliendo cerca de 5.000 personas por día de Venezuela solo por los puntos fronterizos de Brasil y Colombia. Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, llegó a afirmar que en su país “ya no hay Estado”.

Algo de lo que pueden dar fe los pensionistas de Venezuela afincados en la Comunidad Valenciana. Como Luis González, nacido en Gijón, que emigró en 1956 con tan solo 23 años. A González le faltaba sólo un año para concluir el profesorado mercantil y fue a Venezuela atraído por la experiencia de una novia de un hermano suyo. Hijo de emigrantes, sus hermanos habían nacido en Cuba y tiene familia en Estados Unidos, González se instaló en Maracaibo (“a Caracas sólo van los pueblerinos” bromea burlándose de sus compañeros) y prosperó primero gracias a sus habilidades como futbolista y jugador de ajedrez. 

Tras conoce a su mujer, de origen gallego, puso en marcha una distribuidora que estuvo en funcionamiento durante más de treinta años. Fueron sus hijos los primeros en regresar a España, a principios de milenio. Su hijo Luis Miguel fue el primero en verlo. Él se resistió. “Aguanté hasta el 2008”, recuerda; “si llego a esperar un poco más no vendo el negocio ni regalado”. Una decisión, la de volver antes, que es la que le permita ahora vivir, porque, “gracias a los gobiernos de España y de Venezuela”, ironiza, tiene que echar manos de los ahorros para su día a día.

La situación es similar para Francisco Vicente Espert Soro. “Nacido en la calle Cádiz” de València, como le gusta recalcar, emigró a Venezuela siendo un crío y ha trabajado toda su vida en ese país como docente. Sociólogo, su currículum es impresionante y llegó a ser rector de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas. Asesor de Unicef en Sudámerica sobre menores en riesgo de exclusión, presidente del Instituto Nacional del Menor, Espert fue a Venezuela por amor. Cuando tenía 11 años le pidió a su suegro la mano de su mujer, Carmen Santandreu Raga, que entonces tenía nueve. Enamorado perdidamente de su esposa, a los 14 la familia de ella le rompió el corazón al emigrar a Venezuela. 

Todo habría quedado ahí de no ser que al cabo de un tiempo, más de un año, ella le escribió una carta. Retomaron la tierna relación amorosa vía epistolar hasta que por fin pudo viajar al país caribeño, gracias a la concesión de su padre. A cambio de ello, Espert renunció a su sueño de ser militar. En Venezuela vivió de todo, desde el amor al dolor. Enterró a su amada Carmen, que murió de cáncer en 1982 con tan solo 44 años, rehizo su vida como ella le pidió, trabajó, mucho, y tardó en volver a España. “En Venezuela nunca fui extranjero”, dice. 

El bioanalista Oscar Silva, licenciado también en Derecho, llegó a València siguiendo a su esposa Lilian Lafont, psiquiatra, nacida en Venezuela e hija de una vecina de Burriana y un francés. Lafont pasa parte de su tiempo colaborando con el Comité Ciudadano Anti-Sida de València y atendiendo a diferentes enfermos. “Nos casamos en el 72 y en el 73 ya vinimos por primera vez a España; la familia de mi suegra estaba en El Saler”, recuerda Silva. Tuvieron dos hijas y una de ellas vino a España gracias a una beca, donde nacieron sus dos nietos, “dos gallegos valencianos”, sonríe. Con doble nacionalidad, hasta hace cuatro años repartían su tiempo entre los dos países, pero “con la situación política y económica” decidieron seguir los pasos de su hija. “En Venezuela ahorita no hay ningún comunismo, ni socialismo; lo que hay es una cuerda de delincuentes que lo que hacen es rotarse los cargos en el poder”, sintetiza. Silva, de ascendencia canaria, aún tiene a su hija mayor en Venezuela.

También tiene doble nacionalidad alguien que siempre tuvo claro que el régimen chavista estaba condenado al fracaso: Wilfredo Castro, vicepresidente de la asociación de pensionistas. “No son socialistas; son una banda de delincuentes que está saqueando al país”, asegura. Castro, de orientación socialista, era funcionario de la administración pública en el Congreso de la República, ahora Asamblea Nacional. El régimen de Chávez le prejubiló cuando no tenía ni 50 años. Pensionado a la fuerza, decidió hacer las maletas con su familia para cuidar a los padres de su mujer, Violeta Tundidor. Su suegro, exiliado de la República, era el histórico dirigente socialista Juan Martín Tundidor López, de origen madrileño, nacido en Argentina y criado en València, que falleció en esta ciudad el 9 de febrero de 2006. Tundidor vivió más de cincuenta años en Venezuela con su esposa, la madre de Violeta. “Mi suegro lo vio claro cuando el golpe fallido de 1992. Me dijo: ‘Esto no va para nada bueno’. Al poco tiempo decidieron volver a España, en 1995. Llevaban ya cinco años viviendo en València cuando tomamos la decisión de venir a cuidarlos”, explica. Jubilado a la fuerza, había intentado algún negocio pero se dio cuenta de que no había posibilidad de éxito. “Vi que no había por donde entrarle a nada. Lo hablé con mi mujer, quemamos las naves y nos vinimos”.

Tras el bloqueo del pago de pensiones en diciembre de 2015, la situación en la Comunitat Valenciana es especialmente acuciante para los pensionistas por la falta de respuesta por parte de las administraciones públicas. “Nos han convertido en excluidos sociales”, dice Óscar Silva. Wilfredo Castro y él se encontraron en un restaurante en Ruzafa y comenzaron a pensar en buscar una solución. En julio de 2016 reunieron a un grupo de pensionistas bajo el puente de la Peineta. Allí, al aire libre, se encontraron más de 60 personas y comenzaron a establecer una red de ayuda entre ellos. Muy pronto tuvieron que echar mano de ella. En Alicante falleció uno de los presentes en las primeras reuniones, Ernesto Andrés Alegría López. Estuvo más de una semana en la morgue sin que lo pudieran enterrar porque nadie podía costear su funeral. Tuvieron que hacer una colecta entre ellos y con ese dinero y una ayuda del Ayuntamiento de Alicante pudieron darle sepultura. Cuando recuerdan la historia el gesto les cambia a los cuatro. Las bromas y el buen humor del que suelen hacer gala, desaparece de modo abrupto.

“Es incomprensible que miles de españoles, emigrantes a Venezuela que han retornado a València, se encuentren en una situación de total abandono”, critica Alberto Aznar. “Llevan dos años y medio sin cobrar su pensión por culpa del gobierno venezolano pero, además, ni el Gobierno de Rajoy ni el Consell están adoptando ninguna solución. Otros gobiernos autonómicos, como el de Canarias, han implementado ayudas de emergencia para atender la situación de estos emigrantes hispano-venezolanos retornados. Después de más de un año y medio de reuniones con todos los grupos políticos, donde se les ha explicado esta situación con datos y documentos, seguimos igual”.

Aznar se refiere a un acuerdo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias. La ayuda, “de carácter transitorio”, se tramita a través de los ayuntamientos y por ella los pensionistas que viven en las islas podrán recibir hasta 5.164 euros al año, poco más de 430 euros al mes. También hasta la fecha otras comunidades han aprobado propuestas no de ley al respecto, como las Cortes de Aragón, el Principado de Asturias, el Govern de Catalunya o la Xunta de Galicia. La Comunitat Valenciana, por su parte, no ha hecho nada. Nadie. Ningún organismo público. Todos les han abandonado.

“El Consell se defiende diciendo que depende de Rajoy, y Rajoy que es culpa de Maduro”, resume Aznar. “Unos por otros, lo que hay son centenares de valencianos de nacimiento o adopción a los que se obliga a agotar un largo procedimiento administrativo primero y judicial después, para poder cobrar no ya la pensión que tenían en Venezuela en base a lo que allí cotizaron, sino una no contributiva mínima de 430 € al mes. No tiene ningún sentido ético ni jurídico que estas personas, que apenas tienen para lo más básico, hayan de meterse en pleitos durante años cuando es manifiesta y conocida la situación de emergencia que sufren. Estas personas necesitan una solución legislativa: y la necesitan ya”, concluye.