VALÈNCIA. Los casi 800.000 habitantes de València la revelan como una de las grandes capitales de España. No iba a ser diferente la capital valenciana al resto en evidenciar que el acceso a la vivienda y a un alquiler asequible se está convirtiendo en inherente acompañante al lento florecimiento económico y la eclosión de las viviendas turísticas como vía de negocio auspiciado por las nuevas tecnologías y la tardanza en alcanzar una regulación concreta.
Las estadísticas son contundentes. Las viviendas dedicadas al alquiler en València ciudad se han reducido de manera sustancial y muy notoria. Si en 2014 estas sumaban 6.298, en 2017 eran únicamente 2.737, tal y como reflejan los datos con los que cuenta la Concejalía de Vivienda, dirigida por Maria Oliver. La tendencia bajista no es como para pasarla por alto; la caída es del 57% en tres años.
El alquiler, su precio, tampoco es un registro tranquilizador. El incremento del alquiler medio en el mismo período ha sido del 45% y la posibilidad de encontrar una vivienda en régimen de alquiler y asequible se ha ido reduciendo progresivamente. Ya casi nada queda de 2014, cuando cerca de la mitad de los alquileres disponibles en la capital eran menores a los 500 euros mensuales. Tres años más tarde, la probabilidad de encontrar un piso con esas condiciones se había reducido al 17%. Todo un reto.
Explican en Vivienda que el mercado del alquiler en la capital es excesivamente volàtil. Este factor, junto a la reducción en tropel de la oferta y el incremento súbito de los precios ha dejado en riesgo habitacional a buena parte de las familias valencianas. En torno a 82.000 hogares son reclamantes del derecho a la vivienda, subrayan. Los datos de los órganos judiciales, en ese sentido, demuestran que los desahucios por alquiler, lejos de disminuir en los últimos años, se han mantenido o incluso se ha sumado alguno más.
Una explicación que encuentran en la regidoría es el trasvase de familias hacia el alquiler tras el “shock” de la crisis y los desahucios hipotecarios derivados de ella. Se podría decir que esta es la segunda ola de consecuencias de la recesión: aquellos que perdieron su casa por no poder pagar su hipoteca tuvieron que recurrir al régimen de alquiler, cuya presión ahora les vuelve a ahogar.
Estos datos contrastan, no obstante, con los de viviendas vacías existentes en València. Son casi 65.000 -64.740 para ser exactos- y representan el 13,6% del parque total de viviendas de la ciudad. Es Ciutat Vella, el casco histórico, donde la problemática es más acuciante: en casi el 30% de las viviendas no vive nadie, no hay ni contrato de agua. Es precisamente este distrito el que mayor porcentaje de viviendas en régimen de alquiler presenta, también sobre el 30%.
El porqué de esta reducción de las viviendas de alquiler disponibles habría que buscarlo, en primer lugar, en ese aumento de la demanda post-recesión y en el cambio de hábitos habitacionales de la población en un contexto de marcada precariedad, señalan. La constricción en la liquidez bancaria y en la oferta de las hipotecas es otra de las realidades no desdeñables. Pero si tuviéramos que adivinar el papel protagonista en este escenario, no habría casi ninguna duda: la presión de los pisos turísticos y la creciente turistificación de barrios como Russafa o el casco histórico.
Además de la aprobación de más mecanismos para el control de estas viviendas turísticas a nivel autonómico, el Ayuntamiento está en vías de aprobar nuevas restricciones en barrios concretos en el marco de planes de protección. Por ejemplo, el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella prevé la prohibición de implantar nuevas viviendas turísticas en gran parte del centro histórico. En ese mismo sentido, el Plan Especial del Cabanyal también recoge limitaciones de entre el 10% y el 30% viviendas de este tipo por manzana -el 40% en una zona muy reducida-.
Otra de las herramientas con las que cuentan las administraciones para presionar los precios del alquiler a la baja es el fortalecimiento del parque de viviendas públicas en dicho régimen. La empresa municipal Aumsa ya ha anunciado la construcción de 300 en los próximos años, y se han planteado más de 700 en el Cabanyal. Con todo, la problemática está ahí, y recrudeciéndose.
