Salvador Navarro, Juan Antonio Sagredo, Rafael Climent, Santiago Salvador, José María Martínez e Inmaculada MartínezVALENCIA. El conseller de Economía, Rafael Climent, se comprometió este lunes con la Asociación de empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna (Asivalco) a aprobar antes de junio una nueva regulación sobre polígonos industriales encaminada a resolver los problemas de mantenimiento y abandono que sufren muchas áreas industriales. Lo que no dejó claro es la fórmula jurídica que tendrá definitivamente, si será una ley tal y como reclaman los industriales o un decreto, tal y como lo incluyó el Consell en su documento de compromisos legislativos para el semestre.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometió hace meses con esta misma asociación a impulsar una Ley Autonómica de Áreas Industriales para abordar sus problemas. El anterior Consell del PP trabajó con Asivalco y Federación de Polígonos Industriales (Fepeval) la redacción de un decreto para regular la prestación de servicios en los polígonos, pero este no llegó a ver la luz.
Fepeval trasladó el pasado mes de octubre un memorándum a los técnicos de la Conselleria con los puntos que en su opinión debería contener la ley y se mantiene a la espera de que la Conselleria de Economía redacte el anteproyecto.
Sin embargo, el departamento que dirige Climent sorprendió tras el reciente encuentro del Consell celebrado en Morella con el anuncio de un decreto sobre áreas industriales, no una ley como se había comprometido previamente. La Federación de Polígonos reaccionó con sorpresa a ese cambió y pidió una reunión con la directora general de Industria, Júlia Company, que se celebrará la semana próxima.
No obstante, este lunes, representantes de esta asociación preguntaron en persona al conseller Rafael Climent, quien participó en un encuentro con Asivalco organizado por la patronal CEV y Bankia, por el estado de la ley de polígonos industriales, a lo que éste respondió con el compromiso de aprobarla este semestre.
Los representantes de la federación se agarran a esa respuesta para mantener sus expectativas sobre una norma con rango de ley. No obstante, fuentes de la Conselleria de Economía explicaron posteriormente que la forma jurídica aún está por decidir y dependerá del criterio de los técnicos.
