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Lanzan varios recados a la Administración ante los problemas para el acceso a la vivienda

Los promotores exhiben músculo: "Estamos preparados para afrontar esta tormenta"

21/09/2022 - 

VALÈNCIA. València acogió este martes el III Congreso Nacional de Vivienda para debatir sobre los retos que afronta el sector. Una jornada en la que los promotores fueron optimistas pese a la coyuntura económica actual y resaltaron la profesionalización, saneamiento y músculo financiero de las empresas para evitar comparaciones con la pasada crisis de 2008. "Estamos preparados para afrontar esta tormenta", remarcaron. Eso sí, siempre con prudencia y lanzando proyectos en zonas donde la oferta tenga capacidad de absorción.

La cita, que se prolongará hasta este miércoles, también sirvió de escenario para poner encima de la mesa las principales reivindicaciones y exigencias de los promotores aprovechando la presencia del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno, David Lucas Parrón, así como de miembros del gobierno valenciano como el conseller de Vivienda, Héctor Illueca. En este sentido, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, reclamó tres nuevas leyes "de calado" para gestionar el suelo finalista, racionalizar el proceso de rehabilitación de viviendas y dar flexibilidad a los planes generales de ordenación urbana porque "ninguna ciudad se atreve a meterles mano", señaló.

"Necesitamos dar herramientas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos porque esa es la mejor garantía para facilitar el acceso a los más vulnerables a una vivienda", reivindicó para insistir en la fuerza de un sector que ha estado transformándose en los últimos años y que supone el 10% del PIB de España y cerca de 1,3 millones de empleos. "Hemos aprovechado estos años para tener músculo y solvencia. Somos un sector que tiene atracción y que va a ser un pilar fundamental de la economía de nuestro país", reivindicó.

Foto: EVA MÁÑEZ

Pero, para afrontar los retos que hay por delante y favorecer la oferta en el mercado, Gómez-Pintado quiso dejar claro que políticas como la Ley de Vivienda, que se tramita en el Congreso y que incluye control de precios a los alquileres, "no son la solución". Es más, señaló que en las ciudades en las que se ha limitado el precio -como Berlín, Barcelona o París- solo se ha conseguido el efecto contrario con "economía sumergida, merma de la oferta, subidas de los valores y abandono del mantenimiento de los inmuebles". "Esa no es la vía, sino el aumento de la oferta para lo que tenemos que poner herramientas", remarcó. 

Más allá del texto normativo, también reclamó a las Administraciones agilizar las trabas burocráticas que ralentizan los proyectos como es la demora en las licencias de obra, lo que encarece entre 35.000 y 40.000 el valor final del inmueble, según apuntó. También criticó la falta de suelo finalista en la mayor parte de ciudades españolas y urgió a una homogeneización de la legislación española en materia de vivienda para garantizar "unos derechos y obligaciones comunes". 

El problema de la okupación

Además, advirtió sobre "el fenómeno de los okupas" porque advirtió que está propiciando que los compradores extranjeros "se lo piensen mucho" a la hora de cerrar una transacción en España. Por ello, reclamó al Gobierno seguir la postura de penalizaciones de países como Francia, Italia o Reino Unido y "no dar cobertura a este movimiento que, aunque marginal, perjudica muchísimo".

Por su parte, Antonio Olmedo, el presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) criticó la maraña legislativa en la Comunitat Valenciana por la "inseguridad jurídica" que genera, al tiempo que reclamó a la Administración no estar tan pendiente del control burocrático y concretar una mayor colaboración pública con el sector privado.

Desde los gobiernos, tanto el conseller Illueca como el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Gobierno defendieron la colaboración público-privada como parte de la solución al problema de la vivienda. Una relación necesaria y de mutuo acuerdo para lograr objetivos de forma más ágil. "Abundar en trabas, ponerse la zancadilla mediática o administrativa no va a ayudar. Tenemos una oportunidad para consolidar ese consenso", defendió Illueca, mientras que Parrón quiso defender que la Ley de Vivienda no pretende "ir contra nadie", sino que todos los españoles tengan acceso a un hogar "a un precio digno y adecuado".

Foto: EVA MÁÑEZ

Durante la mañana también se celebró una mesa de debate sobre 'Suelo, colaboración público-privada, digitalización y financiación' moderada por Vicente Llácer, presidente del Grupo Ática y en la que participaron Borja Garcia-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; Francisco Pérez, CEO de Culmia; Tomás Gasset, CEO de Urbania; Ernesto Tarazona, director ejecutivo de desarrollo inmobiliario de Servihabitat y consejero de Serviland; y Florence Cesmat, directora general de ASEFA Seguros.

En el debate, los promotores destacaron la solidez de las compañías y quisieron lanzar un mensaje positivo ante el maremágnum económico actual en plena escalada inflacionista. "Los indicadores son positivos y si hay nubarrones hay que verlos y calibrarlos. El sector está preparado para afrontar la tormenta y vamos a seguir con nuestra actividad", remarcó Tarazona, quien reconoció que su compañía lleva meses trabajando en la contención de costes y detectando dónde está demanda para priorizar esas carteras. "El bache pasará y seremos más fuertes", subrayó.

También desde Neinor y Culmia están acometiendo planes de contingencia para anticiparse a los efectos en el mercado. "Estamos valorando cada promoción y tiraremos adelante con los proyectos que sean rentables", afirmó Pérez de Culmia, mientras que el CEO de Neinor pidió al Gobierno que tenga la misma sensibilidad con las empresas constructoras que ha tenido con la industria gasintensiva porque el sector lleva meses soportando una elevada subida de costes y "los balances están muy delicados".

La falta de suelo

El sector también reprendió a la Administración por las "cambiantes" y "poco sensatas" reglas del juego y la "falta de escucha" que a veces detectan a la hora de recoger sus necesidades. Y es que uno de los principales escollos que se están encontrando es la falta de suelo en España, lo que también acaba afectando a la oferta de obra nueva. "Hasta ahora hemos estado trabajando con bolsas que se gestaron durante la pasada crisis, pero el suelo de nueva reposición está paralizado en las grandes ciudades españolas", advirtió el CEO de Neinor.

Foto: EVA MÁÑEZ

Por ello, Pérez urgió a las Administraciones a sacar al mercado nuevos desarrollos o, de lo contrario, "no se solucionará el problema de la vivienda, actualmente con un déficit muy grande". "Falta firmeza. Así como en otros temas se ha actuado con rotundidad, en este caso se podría avanzar mucho pero, aunque hay voluntad y buenas palabras, en el terreno de juego el discurso no casa", lamentó el CEO de Urbania.

Y más porque, como apuntaron, la mayoría de compañías tiene detrás fondos que necesitan unos plazos determinados para invertir y la indefinición sumada al retraso en la concesión de licencias puede dejar en el aire proyectos. De hecho, en estos momentos, las promotoras admitieron que existe cierta preocupación por una posible ralentización de la inversión en el sector residencial, aunque confían en la atracción del mercado español y el déficit que tiene en ciertos productos como el alquiler profesional, el senior living o las residencias de estudiantes, segmentos que pueden ser palanca del 'apetito' inversor en estos tiempos.

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