VALÈNCIA. El futuro del Hotel Sidi Saler continúa sin estar claro. Este domingo 18 de septiembre finalizaba la segunda prórroga anual otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica para que los propietarios acreditaran que ostentan la licencia para poner en marcha la actividad del edificio. Y los dueños han solicitado ‘in extremis’ la solicitud de una nueva prórroga para no perder la concesión del inmueble.
El complejo hotelero está ubicado, fuera de ordenación urbanística, en el Parque Natural de la Albufera y hace nueve años que está cerrado. Hace dos ejercicios recibió la renovación de la concesión por parte del Ministerio de Transición Ecológica para los próximos 30 años, prorrogable durante otros 30 años más. Pero el gobierno central otorgó a los propietarios un plazo de un año para que obtuvieran la licencia.
El edificio que era propiedad de BBVA, lleva clausurado desde 2011, y fue transferido a Divarian, la firma creada por Cerberus y la entidad bancaria. Ahora mismo, es la compañía Haya Real State la que gestiona los activos inmobiliarios de Divarian.
Por el momento, la propiedad no ha acreditado que ostenta la licencia de actividad. Según fuentes del Ayuntamiento de València, la entidad no ha acreditado la transmisión de la licencia que tenían los anteriores dueños, y niegan a todas todas que la parte privada se haya puesto en contacto con el consistorio para negociar la reactivación este proceso.
Precisamente por la falta de licencia, el ejecutivo central prorrogó un año el plazo para la obtención de la misma, que finalizaba este 18 de octubre. Casi consumido el plazo, esto tampoco había tenido lugar, de manera que los propietarios se exponían a perder la concesión. Pero según han confirmado en el Ministerio de Transición Ecológica, la propiedad ha pedido una segunda prórroga.
Ahora, será el departamento estatal, que encabeza la ministra Teresa Ribera, el que deberá estudiar si hay motivos para concederla o no. El primer paso es trasladar la solicitud de prórroga tanto al consistorio del Cap i Casal como a la Conselleria de Transición Ecológica. Estas instancias deberán presentar sus alegaciones, y después de todo, teniendo en cuenta también los argumentos de la firma privada, la Demarcación de Costas que depende del Ministerio tomará la decisión definitiva.
Sin embargo, según señalan fuentes consistoriales, al estar el edificio fuera de ordenación urbanística, la obtención de la licencia no otorgaría el derecho a realizar grandes actuaciones, sino pequeñas intervenciones de mantenimiento y que no afectaran a la estructura del inmueble.
En el consistorio, y concretamente el edil responsable de la Albufera, Sergi Campillo, siempre se han manifestado en favor del derribo del edificio con el objetivo de recuperar esta parcela dentro del paraje natural. Otras propuesta vecinales han apostado por cambiarle el uso para, por ejemplo, una residencia de mayores, especialmente necesaria en la zona.
