Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Mazazo al presupuesto de la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau. El recorte que ha aplicado Hacienda a las partidas del vicepresidente segundo y miembro destacado de Podem, rondará los 50 millones de euros y afectará a los planes relacionados con la vivienda social.
Una retención de crédito que fuentes oficiales del departamento de Dalmau no quisieron -o supieron- concretar, limitándose a asegurar que el ajuste aplicado sobre esta cartera "no tendrá impacto ni en los servicios públicos ni en los derechos sociales". "Los ajustes se han efectuado sobre el gasto que, a día de hoy, se sabe que no se va a poder ejecutar, porque en muchos casos no depende directamente de la conselleria como es el caso de certificaciones de obra y otros por los procedimientos administrativos. Aunque sean inversiones comprometidas cómo ya se sabe que no se van a ejecutar, el efecto de las retenciones es nulo", explicaron las mencionadas fuentes.
Unos argumentos que suenan a la justificación realizada por la Conselleria de Hacienda ante Dalmau y los suyos que, de no existir variación, tendrán que conformarse sin ejecutar un solo euro en materia de vivienda social en los tres meses que quedan de ejercicio. Es más, tras insistentes preguntas de Valencia Plaza al departamento de Vivienda, todavía no queda claro el grado de información que han manejado los responsables de Podem de esta conselleria.
Desde este departamento aseguran que en un primer momento trasladaron a la Conselleria de Hacienda unos ajustes de aproximadamente 7 millones de euros, dado que los fondos con los que cuentan no son vastos porque en la legislatura pasada Vivienda era una dirección general y no una conselleria como es ahora. Ante "algún que otro reparo" del área que dirige el socialista Vicent Soler, terminaron aumentando un poco más estos ajustes hasta alcanzar los 11 millones. Pero en cualquier caso, aseguraron desconocer por completo que las retenciones de crédito que fueran a aplicarse a su ámbito fueran a ser finalmente de casi 50 millones.
Estos recortes aplicados afectarían en concreto a los fondos destinados a la compra de viviendas a particulares para dedicarlos posteriormente a alquiler social. Fuentes conocedoras del detalle de este ajuste, explican que para ejecutar esta partida de aproximadamente 50 millones, Vivienda debía haber hecho pública a lo largo de este ejercicio la convocatoria para la compra de residencias. Algo que todavía no se ha producido a día de hoy y por lo que desde Hacienda se ha terminado asumiendo que era una partida "inejecutable".
Esto es porque para adquirir viviendas, tras la publicación la convocatoria pública, se inicia todo un proceso burocrático que puede tardar meses en resolverse y que va desde la peritación de los domicilios propuestos por particulares, hasta la adjudicación de las compras. El año pasado, con 15 millones de presupuesto se adquirieron 12 casas y todavía quedan pendientes de formalizar la escritura de compra de 85 más, según confirman fuentes consultadas por este diario.
Esta partida de casi medio centenar de millones de euros que ahora se va a recortar fue plasmada en el Presupuesto de 2019 a petición de Podemos. De hecho, fue una línea roja que pusieron sobre la mesa para dar su visto bueno a las cuentas que el Consell presentó en Les Corts Valencianes para su tramitación.
El grupo parlamentario que lideraba Antonio Estañ exigió a PSPV y Compromís cuando todavía no formaba parte del Consell que la partida que destinara el Gobierno valenciano a vivienda social fuera de 40 millones de euros para 2019. Además de esta cantidad, se incluyeron en otra partida otros ocho millones de euros que podían destinarse a la promoción de vivienda de alquiler. En total, aproximadamente 48 millones de euros que reclamaron durante las negociaciones y que venían justificados por la falta de ejecución en esta misma partida que el Ejecutivo de Ximo Puig había realizado en las cuentas del año anterior.
Es decir, dos años antes, en diciembre de 2017, Podemos acordó con el Gobierno valenciano integrado por valencianistas y socialistas que en el presupuesto del ejercicio siguiente se incluyera un total de 15 millones de euros para vivienda. Exactamente se distribuyeron de la siguiente manera: 5,5 para el Plan Renhata; otros 2,6 para aumentar la dotación del EIGE (ahora Evha); y 10 más para comprar viviendas que permitieran ampliar el parque público y destinarlo a alquiler social.
Ahora bien, el pacto no fue sólo de 15 millones. Al ser partidas plurianuales, la conselleria que entonces dirigía la socialista María José Salvador realizó una previsión para invertir 30 millones de euros en 2019 y otro importe equivalente en 2020.
Con este escenario, cuando llegó la negociación del Presupuesto de 2019, Podemos exigió que se contemplaran los 30 millones a los que se había comprometido el Gobierno valenciano un año antes y 10 más equivalentes a lo que todavía no se había ejecutado del ejercicio anterior. Es decir, de los 15 plasmados en las cuentas, solo se habían gastado 5, por lo que pedían sumar los diez no gastados a los 30 reflejados en la previsión de Salvador.
