Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. A la vista de que no parece que vaya a ser tan efímera la voluntad de permanencia del nuevo Gobierno del Sr. Sanchez, y en principio descartada una inminente convocatoria de elecciones, desde la sociedad civil cabe actuar con el actual Gobierno con el mismo grado de exigencia respecto de Gobiernos precedentes.
La sociedad valenciana y la sociedad española en este momento se enfrentan a grandes retos en cuestiones tan importantes como el sistema de financiación autonómica, la inversión en infraestructuras, la economía o la protección del trabajo autónomo.
Es un hecho más que reconocido por cualquiera que se precie a realizar un análisis de la cuestión con un mínimo de rigor y objetividad, que el actual modelo de financiación chirría por todos lados. No es de recibo que la Comunidad Valenciana con un PIB, y con una renta por habitante inferior a la media nacional, y que por tanto debería ser receptora neta de los fondos del Estado, por el contrario esté actuando como aportante como si de región rica se tratase. Y lo mismo podríamos decir de la inversión en infraestructuras, donde nuestra Comunidad ha permanecido en el vagón de cola en la media de los últimos tiempos. En este sentido esperemos que el nombramiento del valenciano José Luis Abalos como Ministro de Fomento pueda traducirse en un incremento de inversiones para la Comunitat.
Respecto a la economía, es más que evidente el fuerte crecimiento experimentado por la misma en nuestro país en los últimos años, propiciando una vertiginosa reducción del desempleo: del 26% de finales de 2012 al actual 16%. Aunque no es menos cierto que una parte la recuperación haya sido sustentada por una reducción de ingresos; tanto por parte de los autónomos, como por parte de los asalariados. Y por tanto, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno es conseguir conjugar el mantenimiento de los actuales niveles de reducción del paro y de recuperación del trabajo por cuenta propia, con el incremento del poder adquisitivo de autónomos y asalariados.
En este sentido, una de las claras apuestas de la economía española debería ser la de aumentar claramente la inversión en investigación, innovación y desarrollo. Y es que este factor será la gran clave que nos permita ganar en competitividad con el exterior también en calidad, además de en precio. España a pesar de ser la cuarta economía de la Unión europea, en esta materia ocupa el puesto 17 de los 28 estados miembros. Y por poner un ejemplo, mientras que tanto el sector público como el sector privado alemán aumentaba entre 2009 y 2016 en más de un 30% su inversión en esta materia, nuestro país registraba un decrecimiento de en torno al 13% en el sector público, y del 6% en el sector privado.
En el caso concreto del trabajo por cuenta propia, en los últimos tiempos se ha venido experimentando un aumento la protección social del colectivo, siendo claro ejemplo de ello, la ley de reformas urgentes aprobada el pasado mes de Octubre. Pero al mismo tiempo son numerosas las cuestiones pendientes. Por ejemplo, el acceso a la formación bonificada, la mejora de la protección por cese de actividad, acceder a subsidios de desempleo o facilitar la cotización de autónomos con ingresos marginales. Y por no hablar de dos de las grandes lacras que padece el colectivo: la economía sumergida y la morosidad. Resulta prioritario reducir drásticamente la economía sumergida que tanto daño hace al trabajador autónomo que cumple con sus obligaciones legales, y también el cumplimiento efectivo de la ley de morosidad; siendo prioritario para ello la aprobación de un mecanismo sancionador para los casos en los que se incumplan los plazos máximos de pago: 30 días para el sector público y 60 días para el sector privado.
Rafael Pardo Gabaldón
Doctor en Derecho y Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana (ATA CV)