Los riesgos asociados a la incertidumbre política catalana siguen contenidos

MADRID. Mariano Rajoy, con objeto de resolver el estancamiento político en Cataluña y poner fin a medidas excepcionales de control directo de la región, anunció elecciones el 21 de diciembre, ganadas por mayoría de partidos independentistas. Sin embargo, está por ver si estos pueden forjar un acuerdo que les permita gobernar en la sesión constitutiva del Parlamento regional el 17 de enero. Tendrán diez días para proponer candidato a la presidencia. Una primera votación puede celebrarse el 1 de febrero, donde se precisa mayoría absoluta. Si ningún candidato lo logra una segunda votación debe tener lugar en 48 horas, siendo suficiente una mayoría simple.

Aunque los partidos independentistas tienen mayoría combinada, ello es más un teórico que real, dadas las diferencias de estrategia y posibles obstáculos legales a varios diputados electos (ocho, incluyendo Puigdemont, en la cárcel, en espera de juicio o en el extranjero). Así que sigue siendo confuso cómo puede funcionar un acuerdo de partidos independentistas en la práctica para intentar reelegir a Carles Puigdemont. Si no se elige ningún candidato en dos meses desde la primera votación el Parlamento catalán se disolverá nuevamente y se convocará a nuevas elecciones regionales. Estas pueden tener lugar entre principios de marzo y finales de abril.

En este estado de cosas la escasa reacción de los mercados de momento sugiere que los inversores consideran que los riesgos asociados a la incertidumbre política catalana siguen contenidos. De hecho no pensamos que estos riesgos puedan provocar una crisis sistémica de Europa. 

Hasta el momento la mayoría de las empresas que ha trasladado sede fuera de la región lo ha hecho a otras regiones dentro de España y los indicadores económicos continúan indicando un fuerte impulso. En esta etapa no vemos ninguna razón importante para cambiar nuestra previsión de crecimiento del PIB al 2,5% en España en 2018, tras haber sido de 3,1% en 2017.

De todas formas el impacto económico de la actual agitación política para la economía española es difícil de medir. Una incertidumbre prolongada puede afectar la economía y las agencias mostrarse más reacias a mejorar la calificación crediticia de la deuda de España hasta que haya una imagen clara de cómo se resolverá la crisis catalana.

Nadia Gharbi es economista de Pictet WM