Jesús Salazar.VALÈNCIA (EFE). Los hermanos Salazar han pactado con la Fiscalía y la empresa de alimentación Deoleo para evitar el juicio por el llamado "caso SOS", uno de los mayores escándalos empresariales en la historia de España, con el desvío de más de 200 millones de euros desde las cuentas de la compañía a sociedades controladas por los acusados.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, Jesús Salazar Bello acepta 21 meses de prisión y 5.100 euros de multa por delito societario, apropiación indebida, abuso de mercado, estafa e insolvencia punible, y su hermano Jaime acata 10 meses y medio de cárcel más una sanción de 3.300 euros por delito societario, apropiación indebida y abuso de mercado.
Uno de los cargos que desaparecen respecto a la querella original es el de blanqueo de capitales.
El inicio del juicio en la Audiencia Nacional está programado para este viernes 14 de febrero, aunque no llegará a arrancar si el juez ratifica el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público.
El escrito del fiscal se centra en la responsabilidad penal de los acusados y no da detalles sobre su responsabilidad civil debido al acuerdo extrajudicial alcanzado con la acusación particular, liderada por la propia empresa de alimentación afectada, la antigua SOS y hoy llamada Deoleo.
El caso adquirió una magnitud notable hace una década -el juez impuso una fianza histórica de 360 millones de euros- y dejó a SOS en una delicada situación: tuvo que hacer provisiones por valor de 475 millones, aprobó un ERE y acabó desprendiéndose de la línea de negocio dedicada al arroz, centrándose en el sector del aceite.
La fase de instrucción duró siete años y el juez no dictó auto de apertura de juicio oral hasta 2016, reflejo de la extrema complejidad de la investigación debido al entramado societario montado por los Salazar.
El caso se remonta a 2009, después de que el consejo de administración de SOS decidiera cesar tanto a Jesús -entonces presidente de ese órgano- como a Jaime Salazar -vicepresidente- al conocer los primeros indicios de irregularidades.
El punto de partida fue la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de obligar a SOS a reformular sus cuentas de 2008, lo que sacó a la luz un crédito de 206 millones de euros concedido a la sociedad Cóndor Plus, controlada por los hermanos Salazar.
Ambos reconocen ahora que esas transferencias de fondos realizadas entre 2007 y 2008 no eran conocidas ni habían sido autorizadas formalmente por los órganos de administración de SOS.
Los 206 millones de euros fueron enviados desde Cóndor Plus a otra firma, Unión de Capitales, y de ésta a su vez a otras cuatro sociedades instrumentales en manos de los hermanos, que actuaron "con ánimo de ilícito enriquecimiento".
Buena parte de este dinero se invirtió en la compra de acciones de la propia SOS para "controlar el valor" de los títulos en bolsa, de acuerdo con el escrito del fiscal.
Para "encubrir" lo ocurrido, Jesús y Jaime Salazar optaron por que Cóndor Plus firmara cuatro escrituras en las que reconocía deber 212,7 millones a SOS; sin embargo, la garantía de pago por esta deuda eran acciones de la propia empresa -muchas ya pignoradas a su vez por otras deudas- y ni siquiera cubrían el importe total.
En una reunión con miembros del consejo de administración en febrero de 2009, los Salazar hablan de esta deuda de Cóndor Plus, pero no desvelan que son ellos mismos quienes están detrás de la firma.
Además, vinculan la operación con la idea de reservar un paquete accionarial para facilitar la entrada en el capital de SOS de dos fondos -uno libio y otro de Bahrein- con los que negociaban en ese momento, conversaciones que nunca fructificaron.
El consejo aprobó entonces que Cóndor Plus devolviera los 212 millones de euros en un plazo de cuatro años mediante la formalización de un préstamo, operación que a posteriori fue anulada al basarse en información engañosa.
El fiscal relata otras operaciones de los Salazar perjudiciales para SOS: la compra de la portuguesa Elosua -con un perjuicio de 2,9 millones-, una recompra de terrenos en México -con un impacto de 2,2 millones-, operaciones inmobiliarias "simuladas" y un intercambio de acciones en el marco de la compra de la aceitera italiana Minerva en 2005, dueña de la marca Sasso.
Además, Jesús Salazar obtuvo "financiación ilícitamente en perjuicio de SOS" a través de un intercambio de letras de cambio giradas en Suiza y "llevó a cabo una serie de operaciones societarias con el fin de situar sus bienes a salvo de posibles responsabilidades" entre 2008 y 2009 a través de su esposa.
