VALÈNCIA. La creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), la llamada 'UME valenciana', continúa por su procedimiento reglamentario. Esta semana ha finalizado el plazo para que los interesados presentaran las alegaciones correspondientes al proyecto de decreto sacado a exposición pública por la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo. Plazo que han aprovechado tanto sindicatos como cuerpos de bomberos provinciales para presentar sus reparos a la norma que dará luz al cuerpo autonómico de emergencias.
Como ya venían apuntando desde las organizaciones sindicales tras conocerse el proyecto de la Conselleria, los alegatos van dirigidos, entre otras cosas, a la presunta interferencia de funciones que la UVE ejercerá sobre el resto de cuerpos de Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), como los consorcios provinciales de bomberos de Valencia, Alicante y Castellón, por ejemplo.
La Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato mayoritario en los SPEIS, alega en su escrito que la creación de esta nueva unidad de emergencias es "innecesaria" porque "generará duplicidades y solapamientos" con el resto de cuerpos ante cualquier emergencia. Asimismo, recuerda que se creará a partir del actual cuerpo de bomberos forestales autonómico, que "no tiene por número de efectivos [...] y despliegue territorial la operatividad necesaria para poder intervenir en cualquier parte del territorio y ante cualquier situación de catástrofe".
Se trata de una postura bastante generalizada y precisamente por ello, critica que el proyecto de decreto para la creación de la UVE tenga entre sus fines "interoperar con el resto de servicios de emergencias", pues -alega UGT- no debería poderse usar "de forma conjunta e intercambiable servicios creados para diferentes funciones y competencias". Una circunstancia que lleva también a querer tumbar las funciones que tendrá el futuro cuerpo autonómico y que a juicio de las organizaciones sindicales no pueden solaparse. Sólo deberían aplicársele, por tanto, las de los bomberos forestales.
Otra de las cuestiones conflictivas, como se señaló en su momento, sería la consideración de agente de autoridad al personal público de la UVE. Una "barbaridad" para el representante de UGT, Francisco Javier Caballero: "El personal laboral no puede ejercer como agente de autoridad, porque para eso se debe tener un carácter funcionarial". Por eso el escrito alega que el actual personal del cuerpo de bomberos, que integrará la UVE, "no tiene la consideración de empleado público".
Además, el decreto incluye entre las atribuciones de la UVE, por ejemplo, la intervención en casos de emergencia con riesgos tecnológicos, químicos, nucleares, radiológicos y biológicos. Funciones para las que, aseguraban los representantes sindicales, los consorcios provinciales ya cuentan con especialistas en estos ámbitos. Por ello se pide que la intervención en estos casos sea "en colaboración y bajo petición" del resto de cuerpos, que son los que tienen "la competencia, medios, formación y personal cualificados" para intervenir en esta clase de siniestros.
Hay que recordar que los sindicatos también criticaron con dureza al conocer el proyecto de decreto lo que consideraron una falta de diálogo por parte de la Conselleria al no haber pasado el futuro texto normativo por "los órganos que tienen competencias en colaboración entre el Gobierno valenciano y los actuales cuerpos de emergencias para hacer aportaciones y plantear los interrogantes". Así, los representantes sindicales se sorprendieron con la exposición pública de la norma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y desde entonces han instado a Bravo, y al secretario autonómico de Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), José María Ángel, a mantener un trato informativo más fluido.
