Lorena Saus, presidenta de Eresa (Grupo Ascires). Foto: DVVALÈNCIA. El final del contrato de gestión de las resonancias magnéticas en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana ha provocado un cisma en la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa (Grupo Ascires). La empresa de la familia Saus ha reclamado a dos de sus socios en esta UTE, Inscanner y Beanaca, 4,2 millones de euros "en base a un acuerdo privado de fecha 18 de noviembre de 2011", documento que estas dos empresas pertenecientes a la familia Paz no consideran válido, por lo que no solo no piensan pagar esa cantidad sino que ni siquiera han recogido su importe como provisión en sus cuentas anuales.
Según consta en las memorias anuales de Inscanner y Beanaca de 2017, Eresa les comunicó que, de acuerdo con el acuerdo de 2011, les solicitaba "la diferencia económica resultante" de los resultados desde 2012 y los que resultarían "tomando como cálculo unas cuentas de explotación analíticas por zonas geográficas". La solicitud asciende, entre las dos sociedades, a 4,2 millones entre 2012 y 2016 por lo que es previsible que esta cantidad aumente cuando Eresa añada los años 2017 y 2018.
Fuentes de Eresa consultadas por Valencia Plaza explican que lo que se firmó en 2011 era un acuerdo operativo que marca geográficamente la actividad de cada uno de los socios y que el contencioso está sometido a un arbitraje. Desde Inscanner niegan la mayor y afirman que el documento no es válido, a lo que añaden que el el arbitraje se inició porque Eresa no quería repartir la caja de la UTE. "La sociedad no recoge este importe como provisión dado que considera que la comunicación realizada no es procedente, no admitiendo la validez del documento ni la liquidación que se realiza", señalan Inscanner y Beanaca en sus memorias anuales.
Según consta en las memorias de sus socios, la UTE Erescanner Salud había repartido hasta 2017 al menos 37 millones de euros en dividendos, la mitad de ellos en 2015, si bien al año siguiente no consta que se repartieran. En 2017 fueron 5 millones.
La UTE Erescanner Salud se adjudicó en 2008 y por diez años el servicio de resonancias magnéticas que desde el año 2000 ya venían prestando Eresa e Inscanner gracias a un contrato de ocho años de duración adjudicado por el Gobierno de Eduardo Zaplana. Los socios de la UTE son la familia Saus –a través de Eresa (49%) e Iberdiagnosis (8%)–, la familia Paz –a través de Inscanner (20%) y Beanaca (8,5%)– y Ribera Salud (14,5%).
Como publicó Valencia Plaza, el negocio de las resonancias en la última década ha reportado a esta UTE unos beneficios de más de 125 millones de euros, al que hay que sumar el de las empresas subcontratadas por la UTE que prestan el servicio, que son Eresa e Inscanner. El contrato con la Conselleria de Sanidad finalizó el pasado 31 de octubre, pero la UTE continúa prestando el servicio al mismo precio que cobraba hasta ahora, que la Sindicatura de Comptes criticó en dos informes al estimar que si la Conselleria gestionara las resonancias con sus propios medios podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros al año.
La imprevisión de Sanidad para tener lista la reversión el 31 de octubre ha llevado a que la UTE continúe prestando el servicio sin contrato, en principio hasta el próximo 31 de enero, aunque en el departamento que dirige Ana Barceló ya asumen que serán al menos seis meses. Esto puede suponer para las arcas públicas un coste en solo seis meses de 22 millones de euros y para Erescanner Salud unos beneficios de 8 millones.
A ello hay que sumar, en el caso de Eresa, que continúa prestando el servicio de resonancias magnéticas y TAC en el Hospital General de València, también después de haber vencido los contratos a lo largo de este año. Un negocio que supone para la compañía que preside Lorena Saus unos ingresos de unos 13 millones de euros al año y en los que cobra las pruebas al mismo precio que a la Conselleria de Sanidad por el contrato de los hospitales públicos.
Respecto al contrato con Eresa, la Sindicatura de Comptes ya advirtió en 2015 de sus irregularidades, hasta el punto de que remitió al Tribunal de Cuentas indicios de una presunta responsabilidad contable. Un año después, la Intervención General consideró que la actividad de Eresa en el Hospital General de Valencia no tenía soporte legal al menos desde 2012, por lo que "todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos de pleno derecho". A pesar de ello, la empresa ha continuado prestando el servicio hasta ahora.
