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VALÈNCIA. Este 31 de octubre finaliza un contrato que levantó mucha polvareda hace diez años, el de gestión de las resonancias magnéticas en la sanidad pública valenciana, que ganó la Erescanner Salud UTE (unión temporal de empresas), formada quienes ya llevaban ocho años ganando dinero a espuertas en ese negocio y algún socio más. A tenor de los resultados registrados, la empresa y especialmente alguno de sus socios han gozado en esta década de crisis de uno de los negocios más rentables de la Comunitat Valenciana, un contrato muy provechoso a costa de una Generalitat valenciana ahogada en déficit y deuda. Un verdadero chollo.
El contrato fue adjudicado por el Gobierno de Francisco Camps, con Manuel Cervera como conseller de Sanidad, y se mantendrá al menos tres meses más después de su vencimiento a pesar de la promesa del Ejecutivo de Ximo Puig de volver a la gestión pública el 1 de noviembre.
Los socios de la UTE son las empresas Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%). Eresa (Grupo Ascires) e Iberdiagnósis son propiedad de la familia Saus, que controla así la UTE con el 57% del capital. Inscanner y Beanaca pertenecen a la familia de Carlos Paz, el médico fallecido en 2012 que fue gran amigo de Eduardo Zaplana y dueño de la Clínica Benidom. Ribera Salud, participada por el grupo norteamericano Centene y Banco Sabadell, es concesionaria de varios hospitales públicos en la Comunitat Valenciana.
Dado que la UTE no presenta cuentas en el Registro Mercantil, Valencia Plaza ha extraído de las memorias anuales de los socios de Erescanner Salud el total de lo que ha facturado la contratista, así como sus beneficios, con la evolución que se puede apreciar en el siguiente gráfico:
En en gráfico faltan los resultados de 2018, pero ya se puede hacer un balance aproximado. Si los datos fueran los mismos que en 2017 y contando los tres meses adicionales que la Generalitat ha concedido, la UTE habrá facturado en 10 años y tres meses más de 425 millones de euros y habrá obtenido un beneficio de más de 125 millones.
Facturar 45 millones de euros y obtener un beneficio neto de 17 millones (datos de 2017) supone una rentabilidad al alcance de muy pocas empresas, quitando algunas tecnológicas. Con ebitdas (beneficios antes de amortizaciones, impuestos e intereses) cercanos al 40%, Erescanner Salud triplica de largo la rentabilidad de las empresas del sector que prestan servicios a la sanidad pública mediante concierto o en el conocido como 'plan de choque' para reducir las listas de espera.
Por si esto fuera poco, la rentabilidad y los beneficios para algunos socios de la UTE ha sido aún mayor, pues son ellos los que en realidad prestan el servicio de resonancias en los hospitales públicos y se los facturan a la UTE, obteniendo un beneficio adicional. Las que han logrado mejores resultados en este sentido son Eresa e Inscanner.
En el caso de Eresa es imposible calcular el beneficio adicional a partir de las cuentas anuales, pues las cifras de las UTE se integran proporcionalmente en las cuentas de la empresa, que tiene otros negocios como el del Hospital General de València.
Sí que es posible hacerlo en el caso de la alicantina Inscanner, cuya actividad es, casi en su totalidad, la prestación de servicios a la UTE Erescanner Salud, de la que posee un 20%. En sus cuentas, Inscanner especifica desde 2011 la parte de sus ingresos que provienen de este negocio con la Generalitat valenciana. Concretamente, de 96,5 millones de euros de cifra de negocio en estos siete años, el 97,7% provienen del negocio de las resonancias públicas.
Inscanner tiene dos fuentes principales de ingresos: la parte proporcional de los ingresos de Erescanner Salud, es decir, el 20% de la cifra de negocios de la UTE, y, por otro lado, los ingresos que recibe por la facturación a la UTE como proveedor de servicios, ya que le realiza parte de las resonancias públicas.
El beneficio antes de impuestos de Inscanner en estos siete años sumó 29 millones de euros, casi un 50% más de los que le corresponden por el 20% de la UTE. Teniendo en cuenta que faltan por contabilizar tres años completos y algunos meses, el beneficio total de la compañía alicantina puede rondar los 40 millones de euros. Trasladada esta rentabilidad adicional al resto de socios que prestan sus servicios a la UTE, los beneficios totales superarían con creces los 150 millones de euros.
En este segundo negocio no ha estado Ribera Salud, cuya participación del 14,5% es exclusivamente financiera. Con todo, su beneficios de más de 18 millones en diez años por esa participación son mayores que los obtenidos por la empresa en 15 años con la concesión del Hospital de Alzira, que según las condiciones del concurso tenía la rentabilidad limitada.
La explicación de la desmedida ganancia de las contratistas de las resonancias públicas hay que buscarla en las condiciones del contrato firmado con el Ejecutivo de Camps, con unos precios por cada prueba fuera de mercado, como demuestra el hecho de que en el nuevo concurso convocado por la Conselleria los precios son hasta un 50% inferiores a los que se están pagando desde hace diez años. Así lo constató en dos informes (2013 y 2016) la Sindicatura de Comptes, que afirmaba que la Conselleria podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros al año si prestara el servicio con sus propios medios.
A esto se suma la falta de control por parte de Sanidad respecto a la UTE Erescanner Salud, como reflejó en su primer informe la Sindicatura y posteriormente la Intervención General. Esta falta de control, que permitió a la UTE, y singularmente a Eresa, inflar el número de pruebas realizadas para facturar más.
Visita de Francisco Camps al centro de Eresa en Campanar.