Los técnicos alertan desde hace años sobre el grave deterioro del alcantarillado en València

VALÈNCIA. El tono de las advertencias de los técnicos del Ayuntamiento de València son un buen termómetro del deterioro de la red de alcantarillado del Cap i Casal. Si ya en 2017 advertían de "previsibles daños medioambientales e higiénico-sanitarios a la población" de los que no se hacían responsables, en 2018 añadían a dicha advertencia el riesgo de "incurrir en una posible causa de impugnación" del presupuesto por no recoger los créditos necesarios para atender las "competencias obligatorias" de saneamiento. Y en 2019, como publicó este jueves Valencia Plaza, enfatizaban que la no ejecución de los proyectos que vienen reclamando como necesarios y urgentes "podría generar consecuencias penales para el consistorio".

Rita Barberà presumía hace años ante los periodistas de sus inversiones en el subsuelo de la ciudad al tiempo que destacaba que eran actuaciones que no le rentaban electoralmente hablando porque no se ven. Quizás por ello cuando llegó la crisis y los recortes empezó por ahí. En 2012 datan los técnicos la caída de las inversiones anuales. El problema es que desde 2015 gobierna Joan Ribó y las arcas municipales están más saneadas pero el destino de las inversiones municipales continúa siendo lo visible antes que lo subterráneo.

El informe de los funcionarios responsables de Ciclo Integral del Agua del consistorio correspondiente a 2017 explicaba que "durante los años noventa del siglo pasado y principios de la primera década de este siglo se han realizado numerosas obras de saneamiento integral de barrios, financiados en parte con fondos europeos", pero seguían existiendo "numerosos barrios y distritos" de la ciudad con alcantarillado no renovado en los que se habían hecho actuaciones concretas pero no un tratamiento integral. Y enumeraba los siguientes:

- Ciutat Vella.
- Extramurs.
- En L’Eixample: Pla del Remei y Gran Vía.
- En Campanar, los barrios de Campanar (excepto centro histórico), El Calvari y Tendetes.
- En Zaidia, el barrio de Trinitat.
- En L’Olivereta, los barrios de Nou Moles, Soterres y Tres Forques.
- En Patraix, todo menos lo afectado por el nuevo PAI y otras actuaciones
menores, barrios de Patraix, Favara, Zafranar, Vara de Quart y San Isidre.
- En Quatre Carreres, los barrios de Malilla y Rovella.
- En Poblats Maritims, los barrios de Malvarrosa, Cabanyal (en parte), Beteró, Nazaret (en parte).
- En Camins al Grau, todo excepto la zona de la Avda. Francia.
- En Algiros, todo menos la zona de las universidades.
- Benimaclet, barrio del Cami de Vera.
- En Rascanya, barrios de San Lorenzo y els Orriols (en parte) y Torrefiel
completo.

Como ejemplo paradigmático destacaba que "el distrito de Ciutat Vella tiene la mayor parte de su alcantarillado construido entre los años 1926 a 1930 (puede comprobarse en las tapas de alcantarillado que rodean la casa consistorial, la Lonja, Mercado Central…), es decir, con los planes de fomento de la dictadura de Primo de Rivera". Añadía que "estos colectores tienen sección rectangular, que no es la óptima para la circulación de aguas residuales, lo que produce bajas velocidades, sedimentación, retenciones de agua sucia y emboces, con la generación de malos olores que caracteriza el barrio y la constitución de focos de crecimiento de insectos y roedores".

Proponen invertir 5 millones al año

En toda la ciudad este tipo de colectores suponían en 2017 unos 150 kilómetros y los técnicos estimaban que el coste de su renovación en unos 75 millones de euros. La recomendación de los técnicos era que, "dada la dimensión del problema" y el diferente estado de deterioro de la red, "habría que programar su renovación en los próximos 15 años con una dotación anual de 5 millones de euros". 

Los mismos técnicos valoraban en su informe de 2019 que las actuaciones más urgentes requerían una inversión de 30 millones. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este miércoles un crédito extraordinario de 2,3 millones de euros para "cubrir parcialmente las necesidades urgentes de renovación de colectores". Claramente insuficiente, como subrayaba el técnico que la justificaba, quien insistía en la "imposibilidad de demorar" estas inversiones "a causa del perjuicio que se derivaría para la seguridad y salud de las personas", remarcando que "la no ejecución de los proyectos podría generar consecuencias penales para el consistorio".