MADRID. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) prevén que el Gobierno dejará de ejecutar algunas partidas de gasto público y paralizará inversiones para cumplir con el objetivo de déficit del 4,2% este año, lo que se traducirá en “recortes encubiertos”. Precisamente, Bruselas confirmó ayer que España deberá ajustar sus Presupuestos Generales de 2016 para ceñirse al techo de déficit.
Para Gestha, los principales damnificados de las medidas que tendrá que poner en marcha el Ejecutivo para cumplir “in extremis” con el objetivo del déficit serán las partidas presupuestarias de Agricultura, Economía, Industria y Asuntos Exteriores, que sufrirán recortes que podrían alcanzar los 3.000 millones en la recta final del año.
Según los Técnicos de Hacienda, las principales causas del riesgo de incumplimiento de déficit son las bajadas en los Impuestos sobre Sociedades e IRPF para 2015 y el adelanto de la rebaja del IRPF de 2016 a julio de este año, como ya advirtieron en su momento al Gobierno.
De hecho, en el documento enviado a Bruselas el propio Gobierno rebajó el coste de la reforma fiscal entre 2015 y 2017 hasta los 7.900 millones, de los cuales 3.872 millones corresponden a 2015, una cifra que coincide con las tres décimas que, según Bruselas, separarán a España del cumplimiento del déficit comprometido para este año.
Con el fin de evitar que se lleven a cabo estos ajustes encubiertos del gasto público o que se aplacen las inversiones previstas, Gestha propone al Gobierno que apruebe un paquete de medidas urgentes para “dejar encarrilado” el año 2016, ante las objeciones planteadas por Bruselas.
De este modo, propone la vuelta a la tributación de las ganancias especulativas -que son las obtenidas en un plazo inferior a un año- en la tarifa general del IRPF; el incremento en cinco puntos de la tributación a las empresas que obtienen más de un millón de euros de beneficio, es decir, las que facturan en torno a 45 millones; y la aprobación del Impuesto a las Transacciones Financieras.
Al margen de la adopción de estas medidas de urgencia, Gestha considera que para dotar al sistema de la suficiencia y la estabilidad necesaria, es preciso poner en marcha una reforma fiscal integral que, con el consenso social, vaya acompañada de una apuesta firme por la reducción del fraude fiscal.
En este sentido, Gestha lamenta que el Ejecutivo se contente con aumentar los resultados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones anuales entre 2015 y 2017 (el pasado año se lograron por este concepto 12.318 millones).
Por ello, propone fijar un objetivo “irrenunciable” de reducción de la economía sumergida, que actualmente supone el 24,6% del PIB, para así recaudar 38.500 millones anuales adicionales a medio plazo.
Igualmente, esta reforma tendría que incluir la redefinición del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Patrimonio para lograr una financiación suficiente de las Comunidades Autónomas que evite la competencia fiscal que perjudica a sus cuentas regionales.
