VALÈNCIA. El auto de admisión de pruebas dictado por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia para el juicio del caso Erial deja un largo y llamativo listado de personas que acudirán a declarar durante las 40 sesiones fijadas entre enero y mayo de 2024. Muchos de los que acudirán como testigos han sido nombres que han ido apareciendo en la macrocausa, bien como personajes protagonistas o como personajes secundarios.
Los investigadores de Erial, del que se ha encargado el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a la Fiscalía Anticorrupción, han situado al exministro Eduardo Zaplana en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
Junto al que fuera presidente de la Generalitat, se sentará en el banquillo su círculo más cercano de colaboradores, como los empresarios Vicente y José Cotino; su considerado testaferro Joaquín Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; o el que fuera su exjefe de Gabinete Juan Francisco García. También otro exjefe del Consell, José Luis Olivas.
Los escritos de defensa presentados en su momento por los investigados cuando se les abrió juicio oral incluían varias peticiones de prueba. Desde testificales a periciales, entre otras. La Audiencia ha admitido la gran mayoría. Entre los nombres más llamativos que acudirán a declarar se encuentra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Zaplana ya solicitó que declarara en la fase de instrucción después de sus afirmaciones ante la comisión 'Kitchen' del Congreso de los Diputados. A a preguntas del diputado valenciano Luis Santamaría, Villarejo relató una serie de supuestos encargos del PSOE cuando se encontraba en el Gobierno. "Había un interés, no sé por qué, en destruir al señor Zaplana y se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver las fórmulas", aseguró.
Con ello apuntó directamente a los famosos 'papeles del sirio' que dieron inicio a la investigación del caso Erial. En el sumario consta que el origen de las pesquisas fueron una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado de Marcos Benavent (exgerente de Imelsa) durante un registro en 2015 en el marco de otra supuesta causa de corrupción, Taula. La sorpresa llegó cuando los papeles correspondían a operaciones totalmente diferentes que eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración a Benavent, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, "un miembro destacado de la mezquita de Valencia y muy conocido dentro de la comunidad árabe" que, además, presumía de tener vínculos con el CNI.
El susodicho acabó contando a la Guardia Civil que dio unos papeles al exgerente de Imelsa que había encontrado diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler y que anteriormente fue ocupada por Zaplana. En ellos se dibujaba una perfecta hoja de ruta para lograr las adjudicaciones y las posteriores comisiones.
Ahora todos los protagonistas de esta historia tendrán que acudir a declarar al juicio como testigos: Villarejo, Benavent, su exabogado, Ramiro Blasco, y el ciudadano sirio de los papeles. De hecho, una de las periciales que también han sido aceptadas por la Audiencia consiste en analizar los documentos originales que dieron inicio al caso Erial –y hallados en el despacho el exletrado de Benavent– para detectar restos genéticos o biológicos compatibles con Zaplana.
Junto a ellos también deberá comparecer en el juicio uno de los grandes protagonistas de la macrocausa: Fernando Belhot. El abogado uruguayo es considerado por los investigadores como testaferro de Zaplana. Ha tenido un papel fundamental en el caso por tratarse de uno de los testimonios más importantes para la Fiscalía Anticorrupción. Confesó que le llegó a gestionar al exministro alrededor de ocho millones de euros de las sociedades pantalla del supuesto entramado.
A lo largo de lo que denominó como siete años de colaboración, el abogado aseguró que el montante que le fue entregando al exministro –especialmente durante 2016 y 2017– ascendió a los 2,3 millones. Otros 6,6 millones fueron recuperados por el juzgado mediante transferencias de Belhot, quien pasó de figurar como imputado en la causa a ser testigo.
Zaplana negó desde el primer momento que ese dinero fuera suyo dado que ninguna de las empresas ni de las cuentas en el extranjero están a su nombre. Y pidió también que se incorporara la declaración de Belhot en otra causa, la de Lezo, prestada en 2017 y que en opinión del expresidente de la Generalitat se contradice con su testimonio en Erial. La Audiencia también la ha aceptado para el juicio.
Otra de las testificales fijadas es la de Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa. Se trata de la persona que gestionó Imison Internacional, la empresa matriz de toda la trama en la que se llegaron a manejar más de 11 millones de euros. Los investigadores sostienen que para la constitución de la sociedad, el que fuera director general de la Policía, Juan Cotino, entregó 640.000 euros en efectivo, según declaró la propia García Paesa.
Como testigo también figura el exconseller de Industria y exsecretario de Estado de Seguridad Social Fernando Castelló, a quien los investigadores de Erial le llegaron a atribuir el cobro de una comisión en el marco de la causa aunque no fue procesado.