VALÈNCIA. La polémica cantera de Corbera suma un nuevo capítulo judicial en un proceso que ya dura años. En este caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València se ha pronunciado en lo que se refiere a la autorización de unos trabajos de explotación fuera del perímetro permitido. Concretamente, este tribunal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el ayuntamiento contra una resolución dictada en marzo de 2019 por la Dirección General de Industria y Energía, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Para comprender este conflicto entre administraciones hay que trasladarse a octubre de 2018 cuando el Servicio Territorial de Industria y Energía autorizó un proyecto de voladuras, unas actuaciones propias de explotaciones mineras, en una zona la cantera Girtal de Corbera. Un mes más tarde, en noviembre de 2018, el anterior alcalde y actual regidor de Urbanismo, Jordi Vicedo, presentó un recurso de alzada, esto es, un trámite entre administraciones, contra esta autorización, ya que aseguraba que estaban actuando fuera del perímetro autorizado.
Sin embargo, en marzo de 2019, el ente autonómico decidió desestimar la petición del consistorio "atendiendo que la ejecución se realiza dentro del perímetro autorizado de explotación", según consta en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València. La administración local, por su parte, no desistió en este conflicto y continuó con el proceso presentando una demanda en la que solicitaba, tanto la anulación de la autorización, como la anulación de la desestimación por parte de la conselleria de Economia.
Ahora, este juzgado ha querido dar respuesta a este conflicto entre el ayuntamiento y la administración autonómica fallando a favor de las peticiones del consistorio y dejando sin efecto la autorización de esos trabajos realizados fuera del terreno autorizado. Entre las motivaciones que ha presentado el ente local se encuentra "que la resolución que autorizaba las voladuras era contraria a los hechos probados", ya que según explican, acreditaban que la empresa estaba trabajando fuera del recinto autorizado.
De hecho, el ayuntamiento aseguraba que estos hechos habían sido constatados por la propia conselleria que señalaba que "los planes de labores – un documento en el que se detallan los trabajos efectuados durante el año anterior y los previstos para el año siguiente-, de 2016, 2017 y 2018 habían sido erróneamente autorizados", ya que se comprobó que estaban ocupando superficie de 20.000 metros cuadrados fuera del recinto autorizado.
Por su parte, la administración autonómica respondía argumentando que se debería desestimar el recurso del ayuntamiento porque no se trataba de una autorización discrecional, sino de una autorización reglada: "la Administración debía otorgar la autorización en el caso de que se aportara acreditación de los requisitos exigidos por la normativa específica, como así había informado el Servicio Territorial de Industria", explican.
Un argumento que la sentencia señala que no comparte porque "la aprobación de los correspondientes planes de labores no conllevaban necesariamente que debiera aprobarse el proyecto de voladuras en los términos en los que el mismo fuera presentado". Es decir, que el tribunal considera que la conselleria podría haber denegado la autorización en caso de que la explotación hubiese actuado fuera del perímetro otorgado, tal como acredita que sucedió. Por el momento, la sentencia posibilita a la administración autonómica recurrir, sin embargo, según han señalado, todavía lo están estudiando para ver si ha habido un error técnico o no.
Cabe recordar que la relación entre la empresa que actúa en la cantera y el consistorio viene de lejos. Según han explicado desde el ayuntamiento, la cantera obtuvo en 1988 licencia para actividad minera, "pero los vecinos y particulares recurrieron y el tribunal resolvió que ahí no podría haber una cantera y se cerró", cuentan. "En 2004, pidieron una solicitud para reabrir la cantera, pero no cumplía ciertos requisitos como la existencia de un Plan General, un plan especial para la actividad minera o estar a más de 2.000 metros del casco urbano. Por tanto, pidieron una licencia de restauración", añaden.
Fue entonces cuando la administración local, en manos del PP, accedió y le dio a la empresa una licencia con una duración de ocho años a cambio de un canon por el valor de lo que extraían de la cantera. Cuando finalizó este plazo, en 2012, el nuevo equipo de gobierno liderado en aquel momento por Vicedo, de Compromís, hacía un año que estaba al frente del consistorio y comenzaron las tensiones.
"Al comprobar los trabajos, vimos que no había restaurado lo acordado y que no había cumplido con los plazos", señala el edil. Finalmente, en 2014 llegaron a un acuerdo: le concederían la licencia de obra, pero por una duración de 18 meses y únicamente de una zona acotada para que el ayuntamiento pudiera controlar que estaba cumpliendo con lo acordado.
Pasados esos meses, el consistorio comprobó que se habían hecho los trabajos correspondientes por parte de la empresa, y decidió revalidar la licencia dos años más. Tras esta segunda prórroga, la administración municipal detectó algunas irregularidades y se denegó la licencia. Desde entonces, ambas partes han estado enfrentadas judicialmente por esta cuestión.
